David Madí, a su llegada a la sede de Aigües de Catalunya. Foto: KIKE RINCÓN/EPVALÈNCIA. El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que dirige la llamada operación Voloh contra políticos y empresarios independentistas catalanes por presunto desvío de fondos públicos para el procés, sostiene que el grupo valenciano Global Omnium, propietario Aigües de Catalunya, pretendía "comprar" la compañía catalana Aguas de Barcelona (Agbar), y que lo haría "con las cartas marcadas", según el presidente de Aigües de Catalunya, David Madí. Este ejecutivo fue uno de los detenidos el pasado miércoles y fue puesto en libertad con cargos este viernes.
La multinacional francesa Suez, propietaria del 100% de Agbar, puso en venta la compañía catalana hace un año. Su valor, de unos 3.000 millones de euros, la hacen inalcanzable para Global Ominum, pero el interés mostrado por CriteriaCaixa, sociedad holding de inversiones de la Fundación Bancaria "la Caixa", por tomar una participación y buscar otro socios para el proceso de venta —la Fundación "la Caixa" posee un 6% de Suez y tiene asiento en su consejo de administración— abriría la puerta a que la compañía valenciana participase en la operación en la que se estima que entrarán varios fondos de inversión. El proceso se paró debido a la pandemia y ahora está en el aire por la reciente adquisición del paquete de control de Suez —29,9%— por parte de Veolia.
El grupo Global Omnium, presidido por Eugenio Calabuig y propietario también de Aguas de Valencia, fichó a Madí en 2018 para pilotar su expansión en Cataluña. Su estrecho contacto con relevantes políticos independentistas, a pesar de haber dejado la política en 2010, le convirtieron en un potencial conseguidor en diversos negocios relacionados con las administraciones. Según el juez, "ese tráfico de influencias" es lo que ha motivado que David Madí haya contratado a Joan Puigcercós —exlíder de ERC, exconseller y exdiputado en el Congreso— y Cinta Pascual —presidenta de la patronal española de residencias de ancianos Ceaps—, "pues es consciente de que le abrirán los consistorios gobernados por ERC y las residencias".
Según el magistrado que dirige la operación Voloh, Madí "habría activado sus contactos políticos para lograr que prospere" la operación. El que fue mano derecha de Artur Mas tenía "acceso a una información que afecta al mercado del agua al alcance de pocos" afirma en el escrito en el que justificaba su detención.
Concretamente, de la venta de Agbar tuvo conocimiento "a través de, entre otros Carles Colomer —empresario y tío suyo—, a quien a su vez se lo ha explicado Isidre Fainé —presidente de la Fundación "la Caixa"— y, en concreto, en referencia a los movimientos que deben realizar para que la operación que pretenden prospere y que, en todo caso, pasa por una negociación con el presidente de Agbar, Ángel Simón". Según el magistrado, David Madí, que tenía el teléfono intervenido, califico la información de "muy valiosa".
Añade el magistrado que el propio David Madí comentó a Eugenio Calabuig —presidente de Global Omninum y de su filial, Aguas de Valencia—, tras hablar con Juan Maria Nin —exvicepresidente de CriteriaCaixa y de la Fundación y ex consejero delegado de Caixabank—, "que jugarían con las cartas marcadas".
Señala que Madí ha logrado contactos con Prisiones, área dependiente del Departamento de Justicia, "con la pretensión de acceder a la directora de servicios del Departamento para saber la forma en que se licitará el contrato definitivo. Todo parece indicar que la intención es obtener información privilegiada que les permita hacerse con la adjudicación".
Esos contactos, según la diligencia del magistrado, "se han hecho extensivos a la Agencia Catalana del Agua para lo que David Madí trata de influir en Lluís Ridao, su director, con el objetivo de que se realice un concurso sobre la detección de covid (sic) en agua". Global Omnium está realizando de de forma gratuita análisis para detectar coronavirus en aguas residuales en buena parte de la Comunitat Valenciana tras firmar el pasado mes de mayo un protocolo con la Generalitat y el CSIC. Según el juez, "hasta tal punto llega su esfera de poder que pretende proponérselo a Salvador Illa, ministro de Sanidad, accediendo a él a través de José Luís Ábalos, ministro de Transporte".
El juez Joaquín Aguirre atribuye a Madí otros hechos relacionados con tráfico de influencia para negocios como los coches de alquiler VTC, las residencias de ancianos y los medios de comunicación, así como actividades políticas presuntamente ilegales relacionadas con el procés y el independentismo.
Por todo ello, el pasado miércoles ordenó la detención de Madí y de otras 20 personas. Respecto al representante de Aigües de Catalunya, ordenó un registro en su despacho profesional y de su secretaria o cualquier persona adjunta que pudiera tener documentación de interés para la investigación en Aigües de Catalunya, "con el fin de buscar elementos de prueba relacionados con los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencia, desórdenes públicos y blanqueo de capitales".
