VALÈNCIA. María Zaplana, la hija del expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, y Rosa Barceló, la mujer del político imputado por el presunto amaño de contratos públicos, el cobro de ‘mordidas’ y el blanqueo de las mismas, han explicado a Castellón Plaza a la salida de su declaración judicial que han contestado a todas las partes y que “la declaración ha ido muy bien porque hemos podido explicar los ‘errores’” por los que ambas se encuentran investigadas en el caso Erial.
María Zaplana ha asegurado: “Me he ratificado en lo dicho ante la UCO”. Lo que declaró ante la Guardia Civil fue que los 2,2 millones ingresados procedentes de una cuenta en Suiza eran de “negocios de las empresas su marido” que fueron ingresados once días antes de comenzar a pagar el alquiler de la casa en la que vivía el expresidente en València. Respecto de dicho alquiler, María Zaplana ha asegurado que los 3.500 euros que costaba mensualmente el piso de Zaplana en Pascual y Genís “era un precio ajustado a mercado”.
Además, también ha explicado que el piso de Poeta Querol lo pudo adquirir gracias a una donación de sus padres de 600.000 euros. María Zaplana asegura que “no hay nada, que son todo errores que se subsanarán con el tiempo y con la documentación aportada por la defensa”.
Tras la declaración de María Zaplana y Rosa Barceló ha sido el turno de Mitsouko Henríquez, la secretaria del expresidente. Esta es la primera vez que las tres mujeres más cercanas a Eduardo Zaplana han declarado en el juzgado.
En el caso Erial se investiga el presunto amaño de la adjudicación de los contratos de las ITV y del Plan Eólico en la Comunitat, y el posterior pago de comisiones, entre otros, al expresidente Zaplana.
Entre los imputados se encuentran, además de Zaplana, los empresarios José y Vicente Cotino; los supuestos testaferros del expresidente Joaquín Barceló y Francisco Grau; el presidente de la mesa de contratación que adjudicó las ITV y jefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García, o la mujer y una de las hijas de Zaplana.
Asimismo están imputados el también expresident de la Generalitat José Luis Olivas, la exdiputada del PP Elvira Suanzes y empresarios como Francisco Pérez López, representante de una gasolinera y posible testaferro, y Saturnino Suanzes, abogado y posible gestor de fondos "b" y hermano de la citada ex diputada autonómica.
Los investigados están acusados de los delitos de prevaricación, malversación, fraude en la contratación, cohecho, delito contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal.
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