Vicent Soler. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El Ministerio de Hacienda ha comunicado oficialmente que la Generalitat Valenciana "deja de estar sometida a las medidas de control y supervisión previstas en el artículo 20.5 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera" al cumplir durante seis meses consecutivos el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad, que actualmente está fijado en 30 días.
Según informa la Conselleria de Hacienda en un comunicado, los datos hechos públicos por el ministerio relativos al mes de enero, reflejan que el PMP de la Comunitat Valenciana se situó en 23,3 días, muy por debajo de la medida española, que cerró el mes con un pago medio a proveedores de 28'4 días. La Generalitat Valenciana cerró agosto con un PMP de 27'66 días y, desde entonces, ha logrado mantener la cifra por debajo del máximo legal de 30 días.
"Esta es una muy buena noticia porque significa que el actual gobierno de la Generalitat está atendiendo al pago a proveedores de una manera muy diligente gracias al esfuerzo realizado por Tesorería para atender todos los pagos y cobros, pero también gracias a los recursos que ha facilitado en el último año el Gobierno central", ha apuntado al respecto el conseller de Hacienda, Vicent soler.
De hecho, Soler ha reiterado que "ha quedado demostrado que a diferencia de lo que ocurría con el anterior gobierno, la Generalitat ya no es el problema, sino la solución a los problemas heredados, como el retraso en el pago a proveedores" y ha recordado que cuando el Botànic llegó al Gobierno "los proveedores de la Generalitat tardaban casi 100 días de media en cobrar sus facturas pendientes".
"La carta del ministerio refleja que no estamos hablando de un hecho puntual, sino de una tendencia consolidada" ha apuntado Soler tras incidir en que "la Generalitat ha conseguido tramitar de la manera más ágil los pagos pendientes, teniendo en cuenta la urgencia y la necesidad de que todos los proveedores cobren en el menor plazo posible y priorizando aquellas inversiones y gastos que ayuden a la reactivación económica y a la recuperación de nuestro tejido productivo".
Ante el incumplimiento reiterado por parte del anterior Gobierno de atender el pago a proveedores dentro del límite legal de 30 días, en marzo de 2015, el ex conseller de Hacienda recibió dos cartas por parte del Ministerio en la que se advertía de la necesidad de establecer las medidas necesarias para reducir el PMP de la Comunitat Valenciana.
La primera de ellas, el 5 de marzo de 2015, se comunicaba, como primer paso, que la Generalitat debía autoimponerse medidas de reducción de gasto e incremento de ingresos en base al artículo 13.6 de la Ley Orgánica, pero ante la inefectividad de las mismas, el 26 de marzo le fue comunicado que en base al artículo 18.4 pasaba a un grado superior de control por haber superado durante varios meses consecutivos el límite de los 30 días.
No obstante, ese objetivo no se cumplió al situarse el PMP en febrero de 2015 en 89 días, cifra que aumentó hasta los 99 en marzo de ese mismo año, 92 días en abril, 63 en mayo y consiguió rebajarse temporal y excepcionalmente a 38,01 en junio, aunque siguió por encima de los 30 días.
Ante la compleja situación, y al haberse superado durante más de dos meses consecutivos el límite máximo de 60 días para hacer frente al pago a proveedores, a comienzos de 2016 el Ministerio de Hacienda comunicó que la Generalitat Valenciana en base al artículo 20.5 pasaba a la fase de control "C" con medidas de corrección que han consistido en un control de las modificaciones presupuestarias, operaciones de endeudamiento y la necesidad de comunicar los planes de tesorería con las medidas a adoptar para cumplir con el plazo máximo de pago previsto.
En este sentido, Soler ha recordado que "somos la primera autonomía que logra recuperar la senda de la sostenibilidad comercial por nuestros propios medios, y salir de la fase de control establecida en el artículo 20.5 sin necesidad de que desde el Gobierno se haya tenido que recurrir a una intervención efectiva de las cuentas para hacerse cargo del pago a proveedores, como sí que ha sucedido en otras autonomías".
Desde la Conselleria de Hacienda se ha reiterado el compromiso "urgente e imprescindible" de establecer el pago a proveedores así como las ayudas y subvenciones sociales como una prioridad "y especialmente en un momento tan complejo como el actual, en el que muchas empresas y negocios dependen en gran medida de nuestros pagos para su supervivencia, y ello a pesar de las limitaciones que supone nuestra infrafinanciación".
"Que los proveedores cobren en tiempo y forma repercute positivamente sobre el conjunto de nuestro tejido productivo, además de contribuir a proyectar una imagen de administración eficiente y confiable", ha concluido.
