VALÈNCIA. La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ya tiene el informe de la Abogacía del Estado que impide al Gobierno en funciones actualizar las entregas a cuenta a las CCAA y le permite seguir presionando a PP y Ciudadanos para que se abstengan antes del 23 de septiembre y permitan la investidura de Pedro Sánchez.
Un informe solicitado el pasado jueves y emitido este martes -al que ha tenido acceso Castellón Plaza- que, paradójicamente, evidencia que la ministra andaluza no soluciona el problema y libera los 4.700 millones a las CCAA -de ellos, 450 a la Comunitat Valenciana- porque no quiere.
La pregunta de la ministra -a través del secretario de Estado de Hacienda- a la Abogacía del Estado fue si "puede el Gobierno, en su actual situación de Gobierno en funciones, ejercer la iniciativa legislativa necesaria para poder efectuar la actualización de las entregas a cuenta de las Comunidades Autónomas de Régimen Común para 2019". La rotunda respuesta de la Abogacía del Estado es que no. Sin embargo, de su argumentación jurídica se desprende que no hace falta actualizar nada porque esa actualización ya se realizó el pasado mes de enero, cuando el Gobierno no estaba en funciones.
El informe de la Abogacía se remite a la Ley 22/2009 que regula el actual sistema de financiación autonómica. Señala el letrado del Estado que, según el artículo 11.2 de esa ley, "para la determinación del importe de las entregas a cuenta señaladas en el párrafo anterior se utilizarán las previsiones existentes a la fecha de elaboración por el Gobierno del anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado del ejercicio que corresponda".
Por si no ha quedado claro, el abogado del Estado explica que para el cálculo del importe de estas entregas a cuenta "se parte de las estimaciones de ingresos incluidas en el anteproyecto de Presupuestos para calcular el importe que, al final del ejercicio, corresponderá a las Comunidades Autónomas y, conforme con dichas previsiones, se anticipan a las Comunidades Autónomas las sumas correspondientes".
Es decir, que la actualización de las entregas a cuenta se produce -y el importe que le corresponde a cada comunidad se determina- en el momento en que el Gobierno aprueba el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año siguiente. El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó su proyecto de Presupuestos de 2019 en enero de este año. Lo que la ley de 2009 no previó es qué ocurriría si ese proyecto de Presupuestos no salía adelante, como ocurrió con el de Sánchez. A falta de disposición que rectifique lo dispuesto en el artículo 11.2, la actualización contenida en ese anteproyecto estaría vigente, aunque la Abogacía del Estado no abunda en esta cuestión en su informe, que "se circunscribe" a la pregunta concreta del Ministerio.
También es válida la previsión de ingresos contenida en los presupuestos de las CCAA que se basaron en ese anteproyecto. El único problema es que el pago de esos 4.700 millones a las CCAA no está contemplado en los PGE de 2018, que son los que están vigentes al haberse rechazado los de 2019, por lo que lo que el Gobierno en funciones de Sánchez no tiene que actualizar el importe de las entregas a cuenta, sino habilitar crédito para pagarlo.
De hecho, el pasado 12 de agosto la ministra en funciones afirmó en la Cadena Ser que había "convencido" a la Abogacía del Estado de que la actualización de las entregas a cuenta no tenía que depender de que hubiera PGE, pero añadió que no había conseguido "el doble salto con tirabuzón" que suponía, en su opinión, que el Gobierno en funciones pudiera aprobar esa actualización. Efectivamente, no puede porque para eso tiene que aprobar un anteproyecto de PGE que le está expresamente vetado.
Pero dado que ese anteproyecto ya lo aprobó el pasado mes de enero, cuando el Gobierno no estaba en funciones, la pregunta a la Abogacía del Estado no debería haber sido si el Ejecutivo en funciones puede actualizar esas entregas a cuenta, sino cómo puede pagar esos 4.700 millones que la Administración Central debe a las CCAA y que no tiene presupuestados.
Aun sin aceptar que el aumento de las entregas a cuenta ya está aprobado, el Gobierno en funciones tiene al menos tres formas de aliviar las estrecheces de las CCAA que la ministra Montero está provocado. Al menos una ya ha sido sugerida por algunos gobiernos autonómicos entre los que no está el valenciano, cuyo conseller de Hacienda, Vicent Soler, salía este miércoles en defensa de las tesis de Montero ante la petición del Gobierno andaluz de que convoque al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). La premisa de todas ellas es la voluntad política.
La primera solución, propuesta por gobiernos como el andaluz, es la aprobación de un Real Decreto-ley, norma que los gobiernos en funciones pueden aprobar en "casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique". Es obvio que el mantenimiento de la financiación autonómica, cuyo destino es la sanidad, la educación y los servicios sociales, es de indudable interés general. La norma sería convalidada por el Congreso, que no está en funciones, por amplia mayoría y difícilmente sería recurrida por nadie. Sería un pacto mucho más fácil de alcanzar que el de investidura.
Una segunda manera de aliviar las arcas de las CCAA sería adelantar parte de las mensualidades de los dos o tres últimos meses del año para cubrir el incremento de las entregas, que es lo que no se está pagando. De esta forma, las comunidades recibirían durante estos meses el dinero que les corresponde y a final de año, si ya hay Gobierno, llegaría la inyección real de fondos que el Gobierno de Sánchez se resiste a pagar.
Una tercera solución, centrada facilitar la liquidez para las CCAA, sería que el Estado diera a las CCAA un préstamo a interés cero para cubrir esos 4.700 millones, a devolver en el momento en el que el Gobierno pagara ese aumento de las entregas a cuenta.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral