Máximo Caturla, durante una comparecencia en Les Corts Valencianes. Foto: INMA CABALLER/CORTSVALÈNCIA. El responsable de Ciegsa entre 2004 y 2007, Máximo Caturla, acudió este lunes a declarar como investigado ante el juez encargado del caso Taula por unos hechos muy precisos al margen del entramado de supuesto cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas en la empresa pública de construcción de colegios. Concretamente, por alzamiento de bienes y blanqueo de capitales después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluyera en un informe conocido el pasado verano que el que también fuera secretario autonómico de Educación usó una mercantil para deshacerse de su patrimonio al saber que estaba siendo investigado.
Su objetivo habría sido el de afrontar de manera más favorable un posible procedimiento judicial. Según los agentes, Caturla decidió realizar estas acciones con anterioridad al inicio de la práctica de diligencias para «alejar la posibilidad de adoptar medidas cautelares» contra sus bienes.
La UCO describe en una exhaustiva cronología cómo entre 2014 y 2015 -un periodo muy corto de tiempo- concentró patrimonio en la mercantil "Estilo Kikí" -dedicada a la elaboración de tomate frito artesano- en perjuicio del suyo personal. Todo al mismo tiempo que donó todas las participaciones que ostentaba en esa sociedad a favor de sus hijos. Sin embargo, sostiene la Guardia Civil, «mantuvo su participación en el funcionamiento y cobró beneficios de la empresa, si bien se deshizo de la propiedad formal de la misma».
De acuerdo con fuentes conocedoras del interrogatorio, el exresponsable de Ciegsa rompió a llorar durante su intervención y detalló que actualmente trabaja como repartidor de "Estilo Kikí" por 1.200 euros al mes. Igualmente, justificó que la despatrimonialización respondía a su intención de "salvar" la empresa porque era la única alternativa a la quiebra.
Así, indicó, según estas mismas fuentes, que no le concedían créditos a la mercantil, motivo por el cual tomó la decisión de transferir dinero a la empresa procedente de la venta de bienes. Unas cantidades que, aseguró, destinó a pagar deudas.
Sobre por qué donó todas las participaciones a sus hijos, dijo que debido a que confiaba en ellos.
En cuanto al hecho de que contratara a un abogado antes del inicio de la práctica de diligencias en la macrocausa de Taula, señaló que lo hizo porque ya estaba saliendo información en los periódicos al respecto.
No fue el único en declarar este lunes. Lo hizo de nuevo como testigo el interventor de la Diputación de Valencia entre 2010 y 2015, Ricardo Camarena. Aunque ya fue citado en septiembre, el magistrado decidió volver a hacerlo al hallar "contradicciones" en su comparecencia.
En esa primera, ratificó la escasa fiscalización que se aplicaba a multitud de facturas en la empresa pública Imelsa, dependiente de la corporación provincial, y que de 23 millones de presupuesto, 20 correspondían a gastos de personal.
En su segundo interrogatorio, apuntó, según fuentes cercanas, a la responsabilidad del exdirector financiero de Imelsa José Enrique Montblanc, el supuesto encargado de validar las facturas en las cuales los investigadores creen que no existió control alguno.
