No es normal

Hace cuatro décadas el pueblo valenciano se echó a la calle reclamando su autogobierno. Hace tres años, la sociedad valenciana volvió a echarse a la calle, un 18 de noviembre, esta vez para reclamar un sistema de financiación que garantice la supervivencia de ese autogobierno.  Esta semana, por tanto, toca pasar revista al estado de las cosas. Y es que seguimos dando vueltas en la misma encrucijada, como un barco que lucha por no ser engullido por un enorme remolino, reivindicando lo nuestro, en una situación económica que nos convierte en la población más discriminada de España en materia de financiación autonómica. 

No se dice lo suficiente, ni se entiende lo suficiente: la ciudadanía valenciana no quiere ser más que nadie, pero sobre todo no quiere seguir siendo menos que nadie. Nuestro problema de financiación no depende solo de nosotros. Somos pobres pagando como ricos a las arcas españolas porque el ecosistema político de Madrid viene consintiendo una financiación autonómica caducada ya desde hace siete años y que es de todo menos equitativa si se compara la inversión final que el Estado hace a través de sus presupuestos y mecanismos de compensación territorial. 

Fuerzas políticas que citan constantemente la Constitución para vestir de legitimidad sus argumentos se olvidan constantemente del incumplimiento sistemático del artículo 156 de la Carta Magna, aquel que establece que los territorios han de tener la financiación suficiente para poder mantener derechos e igualar oportunidades entre las distintas ciudadanías. 

Cada año somos más pobres, cada año estamos más endeudados solo por pretender mantener los mismos derechos que el resto de los territorios de España. A la Comunitat Valenciana vuelve menos dinero del que se va a Madrid. Y mientras tanto hay que seguir pagando hospitales, escuelas, profesores, sanitarios, servicios sociales, gestionando residuos y medioambiente, básicamente todo aquello que hace que un Estado merezca considerarse de Bienestar. 

Un niño o una niña de Alicante tiene menos oportunidades naciendo en la Comunitat Valenciana que si lo hiciera, por ejemplo, en Cantabria. Un ciudadano de Castellón tiene menos oportunidades de que su tren de cercanías llegue a buen término que uno de cualquier punto del Estado camino de su trabajo. Una ciudadana de Valencia no entiende porqué el Estado mantiene su ciudad partida en dos por una vía ferroviaria pero asume obras que unifican ciudades como Madrid, Barcelona o Zaragoza. 

No es normal que a finales de año nuestra administración dude si podrá pagar los servicios que presta. No es normal que el Estado reconozca deudas históricas de otros territorios pero no la nuestra. No es normal que nos hayamos pasado décadas pagando por circular en nuestra propia casa por una autopista que llevaba años amortizada y tengamos tal alarmante cantidad de puntos negros en nuestras carreteras sin que le Estado haga nada. No es normal que medio planeta ponga las inversiones ferroviarias como clave en la lucha contra el cambio climático y que tengamos tramos de vías sin electrificar. No es normal que nuestro sistema financiero, el ecosistema de cajas valenciano, se regalara sin más. No es normal que el aeropuerto de Elche-Alicante sea el quinto del Estado y el único en su clase en toda Europa que no tiene conexión ferroviaria. No es normal que el Estado incumpla su propia ley y pague solo el 12% de la renta de Dependencia cuando debería costear la mitad. No es normal que mientras este sistema de financiación nos desangra (como a Murcia, Andalucía o Baleares), el Estado no acepte un fondo de nivelación que nos equipare con el resto de autonomías. 

La lista de cosas que no son normales y a las que nos hemos acostumbrado es extensísima. Pero a lo que yo no me acostumbro, aunque ya parezca normal, es que existiendo un consenso de toda la sociedad valenciana al respecto solo en Madrid se escuche una voz proyectando nuestra reivindicación de justicia financiera. No es normal que en el Congreso la única voz se escuche por estas cuestiones sea la de Joan Baldoví.