No es oro todo lo que reluce: más de 15 altos cargos fallidos del Botànic en lo que va de legislatura

VALÈNCIA. El Pacto del Botánico alumbró en 2015 una mayoría de izquierdas que permitió a PSPV y Compromís acceder al Gobierno valenciano y poner fin a 20 años de domino del Partido Popular. Así, pese a que el acuerdo en el Consell ha sido más resistente de lo que muchos predecían, a lo largo de estos más de tres años se han producido numerosas salidas de altos cargos en el Ejecutivo. Unos ceses que han afectado al segundo escalón del Gobierno valenciano, dado que en toda la legislatura sólo se ha producido un cambio de consellera.

En cuanto a las causas de los adioses han sido variopintas. Ceses por 'decisión propia' que escondían destituciones fulminantes por la presión mediática a colación de informaciones periodísticas, despidos por falta de entendimiento con el conseller o superior de turno, o simplemente el deseo de un cambio de aires por del protagonista de la decisión. Unas salidas que, al margen de las causas concretas, han conllevado a muchos de estos altos cargos una etiqueta de fallidos para el Ejecutivo valenciano. Es decir, ya fuera por voluntad propia o ajena, no pudieron cumplir o culminar las tareas para las que habían sido fichados.

Y sin duda, antes de analizar el papel de esos altos cargos del segundo escalón, merece una mención especial el único relevo de una consellera en toda la legislatura. La ya exminsitra Carmen Montón, pese a que tuvo una etapa de gestión autonómica ciertamente dificultosa -también tormentosa- como titular de Sanidad, no podría en teoría calificarse como fallida dado que se marchó por la puerta grande a Madrid fichada por Pedro Sánchez. Sin embargo, las irregularidades -plagio incluido- descubiertas en un máster de igualdad otorgado por la Universidad Rey Don Juan Carlos terminaron abruptamente -al menos de momento- con la carrera política de la ministra. Es decir, la valenciana no fue fallida en el Consell pero sí en el Gobierno de España.

En cuanto al segundo escalón, Compromís atravesó los momentos más duros en este episodio en julio de 2016, cuando tuvo que dar salida a dos altos cargos de su cuerda con apenas una semana de diferencia. Así, la secretaria autonómica de Salud Pública, Dolores Salas, presentaba su dimisión por las posibles irregularidades en la contratación de su hija en Fisabio.

Por otro lado, la directora de Internacionalización, Mónica Cucarella, fue destituida por el conseller de Economía tras un informe de Transparencia -también lo hubo en el caso de Salas- en la que se expusieron las incompatibilidades en las que incurrió la alto cargo al no incluir en su declaración de actividad su condición de apoderada en una gasolinera propiedad de su familia. 

El que tampoco terminó de cuajar, en este caso por voluntad propia, es el socialista Julián López, quien ha ostentado hasta cuatro cargos públicos en lo que va de legislatura. Sonaba como conseller pero tuvo que conformarse con una secretaría autonómica, la de Modelo Económico y Financiación, que se ajustaba perfectamente a sus características. A finales de 2015, pidió ir como diputado al Congreso y su deseo le fue concedido, encabezando la lista por Alicante. En octubre de 2017 quiso regresar y se le designó director general de Análisis en Presidencia y, menos de un año después, en julio de este ejercicio, prefirió incorporarse a la jefatura de una empresa pública vinculada al Ministerio de Fomento.

Tampoco resistió mucho en su puesto el histórico dirigente socialista Diego Macià, quien fue designado director general de Industria en agosto de 2016, un puesto que el PSPV no había ocupado durante meses tras fuertes tensiones en la conselleria pero que, apenas un año después, el elegido decidió abandonar para regresar a la universidad. 

Volviendo a Compromís, otros altos cargos que salieron con cierta polémica en esta legislatura fueron Julià Álvaro y Sandra Casas. El primero, secretario autonómico de Medio Ambiente, fue destituido tras varias discrepancias con la consellera Elena Cebrián así como con otros sectores de la coalición valencianista y también del PSPV. En cuanto a la segunda, secretaria autonómica de Servicios Sociales, dimitió a petición propia tras destaparse posibles incompatibilidades respecto al trabajo que realizaba antes como abogada. Si bien la propia Mónica Oltra defendió que la salida había sido anunciada internamente meses antes y no tenía que ver con esa situación, Casas también lamentó en su adiós a través de redes sociales "la lentitud de la gestión administrativa minada por los secuaces que el PP dejó en su herencia".

El PSPV, por su parte, ha tenido más de un contratiempo en el área de Comunicación de Presidencia que le ha obligado a variar sus equipos sobre la marcha. El primero fue el breve paso -apenas cuatro meses- de la periodista Lydia del Canto como secretaria autonómica de este departamento para aceptar una oferta como subdirectora en el diario Levante-EMV, en el que ahora ha sido ascendida a máxima responsable. El segundo tuvo lugar con el cese acordado con el periodista Ximo Clemente, que pasó a ser asesor en Presidencia tras no cuajar como director general de Comunicación y Relaciones Institucionales.

No han sido los únicos casos. Uno de los primeros ceses de la legislatura fue el de la directora general de Calidad Ambiental de la Conselleria de Medio Ambiente, María Diago, quien venía a propuesta de Podem y que salió por los desacuerdos con Julià Álvaro. Curiosamente, terminó incorporándose el año pasado a la Ejecutiva del PSPV-PSOE. Tampoco hubo sintonía entre la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, y la directora general Maria Àngels García, que dimitió por diferencias de criterio son la responsable autonómica, que asimismo prescindió del subsecretario Luis Felipe Martínez.

Otras salidas anticipadas de altos cargos por diferentes causas fueron la de Myriam Fernández, directora general de Fondos Europeos y Financiación; la de Regina Laguna como directora general de Relaciones con la Unión Europea y el Estado, la de Ángeles Cuenca,  ex secretaria autonómica de Economía o la de Gustavo Zaragozá, director general de Ánalisis procedente de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y que recaló, tras su paso por Presidencia, en el IVAP, dependiente de Justicia.

Más de 15 salidas -algunas más quedan en el tintero-, en muchos casos precipitadas o ejecutadas antes del deseo de sus protagonistas, que evidencian las dificultades que ha tenido el Consell de PSPV y Compromís para, en unos casos acertar con los elegidos y, en otros, para satisfacer los requerimientos de los propios altos cargos que terminaron tomando la puerta de salida.