VALÈNCIA. La aventura del Gobierno valenciano con los hasta ahora infrautilizados hospitales de campaña sigue complicándose día a día pese a que, nadie lo descarta, en algún momento deban ser utilizados para lo que fueran construidos dado el avance de la segunda oleada de la pandemia.
Así, el flamante anuncio del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, el pasado mes de marzo de la construcción de tres infraestructuras de este tipo para albergar a 1.100 pacientes se ha convertido en casi una pesadilla de gestión para el Gobierno valenciano. Bien es cierto que, como algunos altos cargos destacan, el gran "alivio" es que no hayan sido necesarios por los buenos datos en la Comunitat, pero esto no significa que el montaje y gestión de estas infraestructuras no estén siendo un problema.
El primero de ellos fue, sin duda, el retraso en su implantación. Puig adelantó que la mitad de camas de estos hospitales estarían listas en apenas 15 días, pero la instalación se retrasó en casi un mes. Una circunstancia que causó cierto malestar en el Gobierno valenciano, si bien quedó diluido en que la saturación sanitaria no fue lo suficientemente grave para requerir estas instalaciones.
En este sentido, tal y como informó Valencia Plaza, uno de los motivos del retraso fue la instalación de baños usados en estos hospitales de campaña. La conselleria instó a la empresa adjudicataria a su retirada, lo que provocó el retraso de la inauguración de las instalaciones.
Pero este solo fue el principio de las desavenencias entre empresa y Administración. La empresa adjudicataria Idat (Hispano Vema y Bellcomm) exige al Gobierno valenciano 2,5 millones de euros más de los cuatro inicialmente previstos por la instalación de los hospitales de campaña.
Unos sobrecostes que, para la conselleria, se centran principalmente en los 'fingers' solicitados para comunicar el centro nodriza con estas construcciones temporales dado que, cabe recordar, los hospitales de campaña han sido levantados junto a hospitales de referencia como La Fe de València o el General de Alicante y Castellón. No obstante, existen otros rifirrafes relacionados con el suelo instalado y las carpas que son motivo de disputa entre la Administración y la adjudicataria.
No es el único conflicto. Recientemente se ha recrudecido otra discrepancia existente entre ambas entidades que ha sido recurrida por la empresa adjudicataria. Según informan fuentes conocedoras del contencioso, el problema radica en el equipamiento que el contrato indicaba que debían contener las instalaciones, que también rondaba los 4 millones de euros.
Sobre esto, desde el Gobierno valenciano subrayan que el equipamiento comprometido debería haberse incorporado poco después de haberse concluido la implantación de los hospitales, a finales del mes de abril. Sin embargo, argumentan, este no habría estado listo hasta el mes de julio, cuando la Conselleria de Sanidad ya disponía de todo tipo de material -respiradores, etc- para completar la equipación de los habitáculos.
Una problemática que ha conllevado una batería de alegaciones por parte de la empresa adjudicataria, que considera el trabajo realizado y el consiguiente pago obligado por parte del Gobierno valenciano, desde donde se evidencia el descontento por determinadas fases del montaje e implantación de materiales por parte de la empresa.
En este sentido, cabe recordar que las 1.100 camas de los hospitales de campaña instalados en la Comunitat Valenciana todavía no se han utilizado para albergar a pacientes afectados por la covid-19 ni por otros enfermos, sino que hasta el momento han cumplido funciones de instalaciones anexas a los hospitales para la realización de test o la acogida de migrantes. Unos usos que han provocado ciertas críticas de la oposición, que ha considerado una inversión inútil la de estos hospitales provisionales pero que, no obstante, podrían tener un papel destacado ante un recrudecimiento de la segunda ola del coronavirus.