El expresidente de la Generalitat y Bancaja asegura que la sentencia de la Audiencia que le condenó está recurrida ante el TEDH
VALÈNCIA. (EP). El expresidente de la Generalitat Valenciana y de Bancaja, José Luis Olivas, investigado en el caso Erial en el que también está imputado Eduardo Zaplana, ha negado haber tenido intervención alguna en el proceso de la adjudicación de los parques eólicos de la Comunitat Valenciana y asegura que "nunca" trató a esos efectos con las empresas que habían presentado sus ofertas ni con las preseleccionadas que fueron adjudicatarias "ni mucho menos con quienes fueran sus accionistas".
Así lo asegura en un comunicado, remitido a Europa Press, tras conocerse el levantamiento del secreto de parte del sumario del caso Erial, que investiga el Juzgado de Instrucción número 8 de València, en el que aparece como investigado.
Según un informe de la Unidad Central Operativa, al que ha tenido acceso Europa Press, cuando Olivas era presidente de la Generalitat fue cuando se emitió la resolución de la Conselleria de Industria en 2003 por la que se resolvió la convocatoria para el desarrollo del Plan, en la que se seleccionó a Proyectos Eólicos Valencianos para desarrollar tres zonas.
Según los investigadores, existen indicios de que determinadas cantidades dinerarias obtenidas por Olivas a través de la consultora Imarol fueron satisfechas por una sociedad perteneciente al grupo Sedesa, empresa de la familia Cotino, que podría corresponder al pago de un presunto soborno por el trato de favor recibido por la adjudicación.
Además, la UCO recuerda la existencia de un procedimiento judicial en el que Olivas y Vicente Cotino fueron condenados por falsedad en documento mercantil en concurso con un delito contra la Hacienda Pública por el pago de la cantidad de 580.000 euros en 2008 a través de un documento que aparentaba ser una factura por el asesoramiento de Imarol en la venta por Sedesa a Endesa del 25 por ciento de su participación en Proyectos Eólicos Valencianos, cuando ese asesoramiento no se realizó al haberlo hecho otra empresa.
Al respecto, Olivas ha emitido un comunicado en el que afirma que no tuvo "ninguna intervención, directa o indirecta, en el proceso de adjudicación de los parques eólicos de la Comunidad Valenciana, cuya gestión se encomendó a la Conselleria de Industria" y para ello se constituyó una Comisión integrada por dos consellers de la Generalitat y otros altos cargos, que aprobaron una preselección de empresas adjudicatarias con fecha 11 de enero de 2002.
Posteriormente, el 25 de febrero de 2003, el entonces conseller de Industria y Comercio aprobó la resolución por la que se adjudicaba la ejecución de cada una de las zonas a las empresas que previamente habían sido preseleccionadas.
Según Olivas, "nunca traté a estos efectos con las empresas que habían presentado sus ofertas, ni con las preseleccionadas que finalmente fueron adjudicatarias, ni mucho menos con quienes fueran sus accionistas". Asimismo, afirma que "nunca" se dirigieron a él "estas empresas o accionistas, ni terceros en su nombre, para solicitarme intervención de algún tipo en el proceso de adjudicación".
Con posterioridad, entre abril y julio de 2008, "más de cinco años después de la adjudicación de los parques eólicos y, por tanto, al margen de cualquier relación lógica con dicho evento", explica que recibió el encargo de Sedesa Inversiones para intervenir profesionalmente en las gestiones para la venta de su participación del 25% en Proyectos Eólicos.
Esa venta se materializó y se firmó la correspondiente escritura pública de venta el 29 de julio de 2008. Olivas señala que por esa labor profesional se percibió el día 1 de agosto de 2008 "los honorarios profesionales acordados con el cliente, los cuales se declararon y abonaron a Hacienda como impuestos".
Sin embargo, añade que, a pesar de haberse pagado estos impuestos, "y pese a la declaración de múltiples testigos, varios peritos y la existencia de varios documentos privados, la Agencia Tributaria inició un procedimiento de inspección y ulterior penal por considerar que tal servicio de intermediación y asesoramiento para la venta no se había realizado, considerando falsa dicha factura".
Olivas subraya que la sentencia ha sido recurrido ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos "y actualmente, como consecuencia de haber aparecido nuevas pruebas actualmente en análisis, se están estudiando otras vías de recurso".
En consecuencia, concluye, "ninguna labor o actividad he realizado, o podido realizar, en los cargos que he desempeñado en la administración pública para que, de forma directa o indirecta, se influyera en la adjudicación de dichos parques eólicos y "ninguna percepción se ha recibido por estos hechos, bastando analizar con sosiego las fechas, cargos, documentos, periciales y declaraciones relacionadas con los hechos para así comprenderlo".
