Mónica Oltra, en la rueda de prensa del Consell. Foto: EPVALÈNCIA (EP/VP). La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha defendido este viernes que ante el presunto abuso a una menor por un educador en un centro de menores de València "se ha actuado conforme a los protocolos existentes desde el principio hasta el final".
El educador, exmarido de la propia Oltra, fue juzgado este jueves acusado de abusos sexuales a una interna de 14 años mientras prestaba sus servicios en el turno de noche. La Fiscalía pide cinco años de prisión y la defensa la absolución al alegar que no hubo delito.
En la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, Oltra ha sido preguntada por los medios por la actuación de su departamento en este caso y por las acusaciones que la Fiscalía de Menores habría lanzado sobre la "desprotección" de la presunta víctima.
Oltra ha explicado que en un caso de presunto abuso hay varias fases a seguir. La primera, ha dicho, corresponde al centro, que en este caso "activó inmediatamente el protocolo" y "apartó al trabajador del puesto y comunicó a la Dirección Territorial las sospechas".
La segunda fase, ha proseguido, correspondió a la Dirección Territorial, que puso a una psicóloga a "evaluar la situación de esta menor". La tercera es la actuación de la Conselleria a través de la Dirección General, con el traslado de la menor a otro centro por requerimiento de Fiscalía.
"Ha habido colaboración en todo momento con la Fiscalía de Menores y con el juzgado, y yo entiendo que el Ministerio Fiscal ha protegido adecuadamente a esta menor, igual que el sistema de protección de menores", ha aseverado.
Preguntada sobre el hecho de que esta joven llegara esposada al juzgado, ha indicado que "no es competencia de la Generalitat" pero ha afirmado compartir "lo que dijo la magistrada sobre este extremo", quien se disculpó y le recordó que no estaba allí para exigirle ningún tipo de responsabilidad.
Ante la pregunta de si este hombre que ha sido juzgado sigue trabajando en contacto con menores y no se le ha reasignado otro, Oltra ha explicado que se trata de un centro de gestión privada y la Conselleria no tiene competencia en su política de personal. Incluso si esto se hubiera producido en un centro de gestión pública, ha agregado, la Generalitat podría haber trasladado al trabajador a otro destino pero "con el consentimiento de la persona" si tiene la plaza en propiedad. "No hay mecanismos legales para tomar una decisión si no hay una sentencia o una medida cautelar", ha incidido.
Además, ha negado que los menores estén en una situación de desprotección "en ningún caso" ya que entiende que "si hubiera una valoración de desprotección el juzgado o la Fiscalía de Menores habrían acordado unas cautelares". Según ha remarcado, "quien garantiza la protección a esos niveles es la Fiscalía", y la Generalitat sigue sus requerimientos, no tiene otro mecanismo legal.
Ante la pregunta de por qué la administración no se personó en este caso, Oltra ha explicado que hasta que no se aprobó -posteriormente a estos hechos- la Ley de Derechos de la Infancia y Adolescencia la Generalitat solo se personaba en los casos de violencia de género pero a partir de esa norma "se da cobertura legal" para hacerlo en casos de extrema violencia contra menores. Por ello, ha dicho, no se personó ni en este caso ni en el del centro de menores de Segorbe.
Cuestionada sobre la contundencia con la que actuó en el caso del centro castellonense y este, ha resaltado las diferencias entre ambos: "En un caso, este, el centro comunica las sospechas de abuso; en el caso de Segorbe no". Por tanto, "el inicio de todo el procedimiento varía".
Respecto al hecho de que la Conselleria no lo trasladara a Fiscalía y fuera un agente de policía el que lo hiciera, Oltra ha afirmado que en aquel momento "se achacó a un error del propio centro" pero al reiterarse en el caso de Segorbe se decidió enviar una instrucción a la dirección de todos los centros el 27 de septiembre de 2017 para que en caso de sospecha de abusos "se informe inmediatamente tanto a la Fiscalía de Menores como a la dirección Territorial".
"Parece que algunas cuestiones que ya están en la legislación no se estaban aplicando o, al menos, no correctamente, y se vio la necesidad de hacerlo vía instrucción a todas las direcciones de los centros", ha aseverado. Ya había un protocolo de comunicaciones, ha resaltado, pero parece ser se hacía "en un tiempo diferido, no inmediatamente".
Preguntada si está satisfecha de cómo se ha actuado, ha insistido en que Fiscalía no les ha trasladado que "haya habido ningún tipo de desprotección de ningún menor" y ha asegurado que "todos los requerimientos de Fiscalía se cumplen a rajatabla, como no puede ser de otra manera". Sobre si cree que se podía haber hecho más, ha indicado "se han seguido los protocolos y se ha hecho un protocolo mejorado" y ha destacado que "las cosas ya han mejorado".
