VALÈNCIA. Mónica Oltra repesca inmuebles en la Sociedad de Garantías Recíprocas de la Comunitat (Afín-SGR). La Conselleria de Igualdad ha solicitado a la entidad avalista, cuyo socio mayoritario es la Generalitat, que le ceda una serie de activos adjudicados que iban a ser incluidos en un paquete de créditos fallidos que va a sacar próximamente a subasta.
Según confirmaron fuentes de la Conselleria de Igualdad, en concreto son quince los activos por los que se ha interesado: una guardería, una clínica psiquiátrica y trece viviendas que destinará a su red de pisos de emancipación o tutelados.
Para ello, ahora la SGR tendrá que ejecutar los créditos vinculados a esos inmuebles para que pasen a su balance y, posteriormente, podrá ponerlos a disposición de la Conselleria de Igualdad. El departamento de Mónica Oltra podrá utilizarlos como activos directamente adscritos a su conselleria o bien disponer de ellos si estos se adscribieran a la Dirección General de Patrimonio, dependiente de la Conselleria de Hacienda.
Los inmuebles forman parte de una cartera de activos inmobiliarios cuyo valor inicial se estimó en 96 millones de euros. Sin embargo, dado que algunos de estos bienes no están todavía adjudicados, el valor real estaría en torno a los 60 millones, según explicó el director del IVF y presidente de la SGR, Manuel Illueca, en una comparecencia en Les Corts para explicar el nuevo plan estratégico de la sociedad avalista.
Dado el carácter de los activos, créditos fallidos e inmuebles adjudicados como consecuencia de la ejecución de los avales, es muy probable que la venta suponga pérdidas para la SGR, dado que los fondos que adquieren este tipo de paquetes lo hacen tras negociar descuentos muy agresivos.
En un primer momento, la SGR le iba a traspasar toda esa cartera a la Generalitat como compensación por un aval de 26,2 millones de euros que la administración tuvo que formalizar en el pasado a favor de la entidad avalista para salvarla de la quiebra. De no ejercitar ese derecho de recuperación de los recursos públicos, la UE podría considerar que se trata de una ayuda de Estado ilegal.
Sin embargo, la estrategia ha variado. Ahora los sociedad ya no cederá esos activos a la Generalitat, sino que intentará colocarlos en el mercado porque considera que ahora que se reactiva la actividad inmobiliaria pueden tener mejor salida. De hecho, la cartera incluye un elevado porcentaje de suelo, un factor que puede resultar atractivo para esos potenciales inversores.
El paquete incluye terrenos o solares urbanos, naves industriales (23%), edificios (11,5%), terrenos rústicos (11%) o solares urbanizables (8,5%), más una parte de los activos que aún permanecen en el balance de la SGR.
No obstante, antes de decidir el perímetro de activos que pondrá a la venta, la SGR ha trasladado una consulta a todas las conselleries para apartar de la cartera los activos en los que pudieran estar interesadas. Además de la Igualdad, la Conselleria de Justicia también mostró interés por poder quedarse algunos inmuebles, pero las condiciones no interesaron finalmente.
La anterior operación de venta de activos de la SGR, en la que colocó una cartera de activos adjudicados al fondo Anacap por algo más de 28 millones de euros, estuvo precedida de polémica. La Conselleria de Igualdad de Mónica Oltra maniobró a última hora, con la venta cerca de formalizarse, para tratar de evitar que una entidad en cuyo rescate se consumieron cerca de 400 millones de recursos públicos tuvieran que asumir nuevas pérdidas a costa de deshacerse de esos inmuebles a precio de derribo.
La cartera, equivalente al 75% de los inmuebles en su balance, incluía casi 800 inmuebles, desde naves industriales, viviendas, plazas de garaje y suelo, con un valor neto contable de 44 millones, pero tasada en 83 millones.
Ese encontronazo se resolvió con el compromiso por parte de la Conselleria de Hacienda ante futuras enajenaciones de activos de ofrecer antes los mismos a las distintos departamentos del Gobierno antes de subastarlos.