VALÈNCIA. Este miércoles terminó el plazo para que los grupos parlamentarios presentaran sus enmiendas a la ley de Prevención de Residuos y Economía Circular. Una norma que Podem registró en agosto del año pasado como última ofensiva para tratar salvar el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno de envases (SDDR), pero que también recogía toda una serie de cambios en la gestión de los residuos que causó un rechazo frontal por parte de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV).
Los reparos de la patronal que preside Salvador Navarro, centrados en la dificultad para poder aplicar más de la mitad de los artículos de la ley por contravenir normativas europeas, vulnerar otras leyes o por razones higiénico sanitarias, generaron dudas en PSPV y Compromís por el peso de los razonamientos expuestos. Así, estas fuerzas plantearon este miércoles varias enmiendas de supresión por considerar algunos artículos irrealizables y propusieron modificar otros que rebajarían las expectativas de la formación que dirige Antonio Estañ en lo que a economía circular se refiere.
Uno de los puntos de la ley que más oposición ha generado es el que condiciona la forma de distribuir el agua. El partido morado propone que se instalen fuentes de agua en espacios públicos y se obligue a los establecimientos hosteleros a ofrecer a sus clientes la posibilidad de consumir agua no envasada -jarras o vasos- de forma gratuita para conseguir que se reduzca la producción de desechos.
Sin embargo, socialistas y valencianistas han cambiado sutilmente el texto de la ley. Establecen que se instalen fuentes en "edificios" públicos, que no en espacios, acotando así la extensión de tal propuesta y convierten en voluntario el ofrecimiento de agua no envasada en los bares. Esto es, fijan que los comercios de restauración "promoverán" entre los clientes la posibilidad de consumir agua no envasada, pero eliminan el carácter obligatorio. Esto es porque se da la circunstancia de que en algunos municipios de la Comunidad Valenciana como Moraira son las propias autoridades las que recomiendan no consumir el agua del grifo, según señalaba la CEV en sus alegaciones. Por lo que, de aprobarse este artículo tal y como estaba planteado, algunas localidades no podrían cumplir con esta exigencia.
Del mismo modo, PSPV y Compromís suprimen el artículo de los morados que prohíbe a las empresas comercializar packs de latas o botellas mediante anillas de plástico u otros envases colectivos secundarios. Un apartado rechazado también por la CEV, pues la patronal defendía en sus alegaciones que este tipo de elementos garantizaban "la seguridad en la manipulación de productos en muchas ocasiones" y su prohibición complicaría "exponencialmente la comercialización de productos" porque facilitan su transporte.
Tampoco ha habido sorpresas en el SDDR que el Consell enterró en su V Seminari de Govern celebrado en Vinarós-Benicarló hace ya un año tras la salida de Julià Àlvaro del Ejecutivo valenciano. Compromís y PSPV piden suprimir el artículo de la ley que hace referencia a este sistema.
Otro de los aspectos que pretende regular la Proposición de Ley registrada por la diputada de Podem, Beatriz Gascó, es el porcentaje de recogida selectiva a la que tienen que llegar determinados residuos antes de 2025: orgánico (70% ), plásticos (50%), madera (25%), cristal (70%), y papel y cartón (75%).
Unos porcentajes que socialistas y valencianistas borran. Plantean en su lugar que los porcentajes de recogida deben ser fijados en "los correspondientes planes autonómicos de gestión de residuos". No en vano, determina que las "recogidas selectivas obligatorias" quedarán establecidas reglamentariamente en el Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana (PIRCV) que actualmente prepara la Conselleria de Medio Ambiente que dirige Elena Cebrián.
En este sentido, los partidos que sustentan el Consell eliminan los artículos que fijan como plazo límite 2021 para la recogida de residuos de productos de higiene personal como compresas, pañales o tampones. Conviene señalar que en toda Europa apenas existen dos plantas de recogida selectiva de pañales y compresas. De hecho, hasta noviembre de 2017 no se inauguró la primera de ellas en todo el mundo, situada en la localidad italiana de Lovadina di Spresiano. Una realidad que dificultaría que en la Comunidad Valenciana se alcanzara el objetivo demandado por Podemos en un plazo de apenas dos años.
La operación con las compresas y los pañales, se repite de nuevo en los apartados de la ley que marcan 2020 como periodo máximo para recoger los envases de agua mineral de 5 y 8 litros, los residuos de paneles cerámicos procedentes de la exposición y muestrario de material cerámico que son destruidos cuando las exposiciones finalizan, y los desechos de poda agraria y paja de arroz.
Por otra parte, la ley de Prevención de Residuos y Economía Circular también trata de restringir el uso y venta de bolsas de plástico, así como evitar que todo producto alimentario que pueda venderse a granel, se comercialice envasado en plástico. El texto legal sugiere que los supermercados pongan en lugares visibles bolsas reutilizables de papel para que sean los consumidores los que distribuyan en ellos los productos de venta a granel que quieren comprar.
Dos artículos que los partidos del Consell también borran por dos motivos: el primero, porque ya quedó regulado por el Real Decreto 293/2018 sobre reducción del consumo de bolsas de plástico, y el segundo porque para que se pusiera en vigor una medida de este tipo sería necesario un informe favorable de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria por cuestiones higiénico sanitarias. No en vano, en caso de producirse un problema sanitario, la responsabilidad es del fabricante y si los supermercados dispusieran de sacos con los distintos productos, no estaría garantizada la prevención de contaminación cruzada de alimentos y el control de alérgenos.
La ley planteada por Podem también pretende vetar la fabricación de productos con objetivos de obsolescencia programada. Un propósito que los empresarios entendían que generaba "inseguridad jurídica" -se preguntaban cómo controlar la compra online- y una desventaja competitiva para las empresas valencianas respecto a empresas de otras comunidades autónomas que sí pudieran fabricar y vender en otros mercados.
Ahora bien, el Botànic sugiere eliminar la prohibición de fabricar productos con este fin y que la Generalitat, en el marco de sus competencias, desarrolle normativamente "medidas para prevenir la obsolescencia programada, potenciar la unificación de criterios en las universalizaciones de conectores eléctricos, cargadores de móviles, baterías y pilas recargables, así como la fabricación de aparatos electrónicos desmontables y con baterías independientes, que faciliten la reparación y la reposición de componentes".
Por otra parte, las enmiendas de PSPV y Compromís añaden un Consejo de Participación en la estructura de la Agencia de Residuos -que cambiaría de nombre- que se crearía con la entrada en vigor de la ley y en el que quedarían representadas organizaciones sindicales y empresariales.
