VALÈNCIA. Los exconsejeros de Banco de Valencia están un poco más cerca de sentarse en el banco de acusados para ser juzgados por la quiebra de la entidad financiera. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha desestimado los recursos de reforma presentados por los exconsejeros de Banco de Valencia contra el auto de procesamiento por un delito de falsedad contable. En la práctica, la decisión supone dejarles ya a las puertas de un juicio oral que podría celebrarse a finales de este año o, más probablemente, ya en 2021, diez años después de la intervención, rescate y posterior venta del banco a CaixaBank.
En un auto fechado el pasado 12 de junio, Pedraz acuerda pues continuar adelante con el procesamiento de del expresidente de la entidad, José Luis Olivas, y otros trece miembros del consejo tras más de seis años de instrucción para determinar su responsabilidad en el fatídico final de la entidad. Se les acusa del presunto falseamiento de las cuentas de 2009 y 2010, los años previos a su intervención por parte del Banco de España.
En el mismo auto, contra el que aún cabe recurso de apelación para aquellos procesados que aún no lo presentaron en el momento de recurrir en reforma, el magistrado también desestima el "reproche" de los recurrentes a la exclusión de CaixaBank como responsable civil subsidiario ante los accionistas de Banco de Valencia.
Considera el juez que se trata de cuestión "ya resuelta a lo largo de la instrucción previa" y subraya que la entidad catalana ejerce la acusación particular desde que se la llamó al proceso en enero de 2014 en calidad de "ofendida o perjudicada por el delito".
Al respecto, y "sin entrar en valoraciones con otros procedimientos", el juez Pedraz sostiene que transformar su posición como acusación activa a pasiva "le causaría verdadera indefensión, pues se le habría vedado durante todo este tiempo la oportunidad de aportar elementos para su defensa, al contrario de lo que ha hecho, aportarlos para sostener acusación".
El pronunciamiento viene a colación del la solicitud de algunos pequeños accionistas de para que CaixaBank, como sucesor universal del Banco de Valencia, asuma las indemnizaciones que puedan derivar de la responsabilidad penal. Tanto la Fiscalía Anticorrupción como el juez instructor lo han descartado hasta ahora y el hecho de que Pedraz reitere esta exclusión en este último auto salva definitivamente a la entidad catalana de tener que hacerse cargo de cualquier reparación del daño sufrido por los accionistas de Banco de Valencia, que según fuentes jurídicas podría situarse entre 300 y 400 millones de euros.
En el auto de procesamiento al consejo, el juez ya descartó llamar como responsable civil subsidiario a la entidad que se quedó Banco de Valencia por un euro tras ser intervenido y rescatado por el FROB con una inyección de 5.500 millones de dinero público. Sin embargo, asumiendo el criterio manifestado por la Fiscalía Anticorrupción, el magistrado sí consideró responsables civiles a Bankia, la Fundación Bancaja y Banco Financiero y de Ahorro (BFA).
Como publicó este periódico, el argumento esgrimido por la Fiscalía para determinar quién responde y quién no para reparar el daño económico derivado de la posible responsabilidad penal ha desconcertado tanto a esos pequeños accionistas como a los bancos a los que sí se les imputa la posible responsabilidad civil.
De hecho, tanto BFA como Bankia llaman la atención sobre ese hecho en sus respectivos recursos que en un momento plantearon contra el auto de procesamiento. Estos recursos también son desestimados con el auto que Santiago Pedraz dictó el pasado 12 de junio.
Además de José Luis Olivas, entre los acusados figura también al exconsejero delegado, Domingo Parra; los dos ex vicepresidentes del banco; y el socio auditor de Deloitte Miguel Monferrer.
La fiscal anticorrupción Carmen Launa, la misma del caso Bankia, instó el procesamiento del consejo de administración de Banco de Valencia por ocultar los deterioros reales de la entidad en la formulación de las cuentas de 2009 y 2010, objeto de investigación en la pieza principal del conjunto de denuncias que se interpusieron tras la quiebra y posterior rescate de la entidad valenciana.
Launa se basó, a su vez, en las advertencias que el Banco de España realizó al Banco de Valencia sobre las debilidades detectadas ya en 2009. La Intervención General (IGAE) alertó de esas deficiencias en un informe sobre las cuentas anuales y consolidadas de 2009 que el consejo de administración aprobó el 29 de enero de 2010 y que el auditor validó en un informe emitido el 1 de febrero de ese año.
Pedraz amplió en noviembre de 2013 la imputación de los trece antiguos miembros del Consejo de Administración del Banco de Valencia y el socio de la auditora Deloitte por estas supuestas irregularidades en la entidad para atribuirles un el delito de falsedad contable en la formulación de las cuentas de 2010.
El origen de la investigación es la querella presentada por la asociación de pequeños accionistas Apabankval contra los consejeros del banco valenciano por falsedad contable y administración desleal al aprobar en febrero de 2011 las cuentas individuales y consolidadas de la entidad de 2010 a sabiendas de que no reflejaban la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados del banco.