VALÈNCIA. El presidente del Gobierno Pedro Sánchez, de la mano de su ministro, el valenciano José Luis Ábalos, y de la persona de confianza de éste en la Comunitat, Mercedes Caballero, han nombrado subdelegado del Gobierno en Valencia al exdiputado Rafael Rubio, imputado por corrupción.
Así, una persona a punto de ser procesada ahora tiene mando en plaza sobre la Policía Nacional y la Guardia Civil. Una Guardia Civil encargada, entre otros asuntos, de investigar al propio Rubio en el caso Taula o a Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat Ximo Puig, investigado por fraude de subvenciones.
De hecho, como publicó Valencia Plaza en septiembre de 2019, la memoria anual de la Fiscalía General del Estado, presentada por la entonces fiscal general del Estado, María José Segarra, apuntaba, en la parte dedicada a la Fiscalía Anticorrupción, que el fiscal del caso Taula, Pablo Ponce, ya había dado por terminada la instrucción de la pieza B del caso, la conocida como pieza de los 'zombis', y en la que está imputado Rubio.
Es más, fuentes cercanas a esa investigación apuntan a que el magistrado instructor tiene el auto de procesamiento a "punto de caramelo", lo que podría llevar a que, en breve, el nuevo nombramiento de Sánchez pase de imputado a procesado y, de ahí, al banquillo. Las fuentes judiciales y policiales consultadas por Valencia Plaza reaccionaron este lunes con "sorpresa" ante el nombramiento.
En cuanto a la imputación de Rubio, el socialista está investigado por, presuntamente, "enchufar" a una asesora. En un auto de 2017, el magistrado instructor del caso explicaba que, "en esta pieza se investiga si determinadas personas fueron contratadas por Imelsa por mero favoritismo, para cobrar sin hacer nada, o nada que justificara, en términos de contraprestación la retribución percibida a cargo del erario público, en el contexto, de lo que aparecen como prácticas de ejercicio del poder político caciquiles y clientelistas que constituyen aun hoy en día, en la cultura de las sociedades modernas, secuelas del nepotismo y del viejo tribalismo, mediante el desdoro, menosprecio y sacrificio de los intereses público que los cargos electos deben preservar, y en grado tal que no solo resulten criticables, sino que además infrinjan el derecho penal (malversación)".
Sobre Carolina de Miguel, la asesora de Rubio, supuestamente enchufada, el juez dijo: "Fue una de las personas contratadas por Imelsa con supuestas funciones de asesoramiento (...) con el beneplácito de la presidencia de la Diputación, por decisión directa de su jefe de Gabinete, articulación formal del contrato por el director gerente, y la petición inicial y proposición de un consejero, todos ellos investigados, a lo que hay que ligar que en el breve espacio de tiempo que estuvo contratada, y cobró por ello, la investigada sencillamente no ha podido demostrar que hiciera nada que justificara el sueldo percibido".
El día de su declaración ante el magistrado instructor, Carolina de Miguel explicó que entró a trabajar en Imelsa "porque tenía experiencia en política social", una especialidad que no tenía relación alguna con el trabajo que se realizaba en la empresa pública a petición expresa de Rubio. Con respecto a los trabajos que hacía para Rubio, Carolina de Miguel, dijo que "él (Rubio) sabría si sus trabajos estaban vinculados a Imelsa o no". De Miguel declaró que realizaba los trabajos "que le encomendaba Rafael Rubio" y luego ya no sabía "a qué se destinaba la información". Además, puntualizó que para entregar el trabajo de recopilación y consulta "quedaba con Rubio en la Diputación y que podía buscar las fuentes desde cualquier sitio".
La exasesora dejó en evidencia a su diputado, según las fuentes presenciales en la declaración, al asegurar cosas como que su tarea "era muy similar a la que realizaba en el Congreso de los Diputados: documentos, trabajos y recopilación de datos, sobre todo concentrados en pequeños municipios que eran los que le interesaban a él". Para los presentes, esas palabras evidenciaron que el trabajo que hacía la asesora no era sobre la empresa de la que cobraba, sino sobre temas relacionados con la Diputación.
Por otro lado, y al margen de la imputación, el nombramiento también tiene una carga política orgánica y estratégica. Los últimos cinco años, Rubio había ejercido desde su plaza de funcionario como coordinador general del Área de Desarrollo Urbano y Vivienda en el Ayuntamiento de València: o lo que es lo mismo, uno de los activos más importantes para la vicealcaldesa y responsable de Urbanismo, Sandra Gómez, quien pierde a uno de sus más experimentados y hábiles colaboradores.
La propia portavoz socialista en el consistorio admitía este lunes que tenía "sentimientos contradictorios" ante la marcha de Rubio. Por un lado "pena" por perderlo en su departamento y, por otro, "alegría" porque consideraba que su compañero "merecía buenas oportunidades" como la que se le había presentado. Respecto a su imputación, Gómez manifestó que la causa "lleva más de cinco años muerta judicialmente", por lo que se mostró "convencida" de que se resolverá "favorablemente" para Rubio. "Pienso que tiene muy poco o ningún recorrido ya", afirmó.
Ahora bien, la designación también tiene una lectura orgánica. Rafa Rubio tiene una trayectoria más que reconocida en el PSPV de València ciudad: fue candidato a la Alcaldía en 2003 y secretario general del PSPV en el Cap i Casal entre el 2000 y el 2007. En aquellos tiempos, era conocida su rivalidad con el propio José Luis Ábalos, que era otro de los dirigentes con pedigrí en la capital, si bien esta batalla estratégica se dirimió casi siempre con grandes dosis de respeto por ambas partes. Puede concluirse que el exministro salió vencedor de esta pugna dado que sus apoyos fueron, a largo plazo, más numerosos y sólidos que los de su compañero. Rubio dejó su puesto al frente del PSPV local tras los flojos resultados de Carmen Alborch para después ser diputado provincial entre 2007 y 2011, y después, parlamentario en Les Corts hasta 2015.
Tras esto, desapareció de la primera línea política y regresó al Ayuntamiento como funcionario pero con la tarea de apuntalar el área de Urbanismo primero en manos del concejal Vicent Sarrià y, ahora, de Sandra Gómez. Como muestra de la influencia de Rubio, conviene recordar que estuvo presente en las negociaciones con Compromís del Pacte de la Nau y también del Pacte del Rialto.
Respecto a si la recuperación de Rubio por parte del 'abalismo' puede tener alguna connotación de cara a un futuro congreso local en el que se impulse una operación para derrocar a Sandra Gómez, las distintas fuentes consultadas restaron importancia a esa posibilidad y centraron las causas del nombramiento en las virtudes políticas de Rubio para el puesto.