Comparación de Asicval entre alquileres firmados recientemente en València y los precios que propone el ConsellVALÈNCIA. El sistema articulado por el Consell para fomentar el alquiler asequible de viviendas plantea "un escenario irreal" que convertirá la medida en "ineficaz". Es la dura crítica de las inmobiliarias valencianas agrupadas en Asicval ante los precios de referencia aprobados por la Generalitat con el objetivo de que los dueños de las viviendas de zonas tensionadas suavicen la rentas a cambio de una desgravación en el IRPF.
El problema, a juicio de su presidenta, Nora García, tiene dos vertientes. Por un lado las enormes diferencias entre los precios de mercado que se están pagando y los precios de referencia que resultan de los parámetros fijados por la Generalitat para calcular lo que, a juicio de la administración, sería un alquiler asequible susceptible de acogerse a las desgravaciones.
A modo de ejemplo, Asicval aporta a Castellón Plaza la relación de 30 viviendas que encabeza este artículo. Se trata de pisos en València alquilados recientemente por inmobiliarias integradas en la asociación, de los que solo nueve se han comercializado a un precio similar al precio de referencia que propone el Consell para los mismos.
Los 21 restantes, marcados en rojo en la tabla, presentan una diferencia muy importante, de modo que "los propietarios deberían perdonar mucho dinero" para acogerse a la propuesta de la Conselleria de Vivienda de la socialista María José Salvador. En muchos casos esta cantidad que dejarían de percibir supera los 1.000 euros anuales, según la entidad.
Por otra parte, Asicval considera de muy poca cuantía la desgravación de la que pueden disfrutar los propietarios por alquilar al precio de referencia. La administración habló de 3.000 euros, pero al analizar el texto sobre la deducción la asociación interpreta que esta cifra es "la base máxima anual de esta deducción", no el importe de la ayuda, y que el descuento es realmente de un 5% de deducción en la cuota autonómica del IRPF.
En consecuencia, "los 3.000 euros a los que se hace referencia, al indicarse que son base máxima anual, deben entenderse como la base sobre la que se aplica la deducción, es decir, el rendimiento íntegro, de modo que el importe máximo de la deducción será de 150 euros anuales por inmueble", subraya la organización.
En definitiva, ante tales supuestos, los propietarios deberían renunciar a más de 1.000 euros en ingresos anuales con sus alquileres a precio de mercado para optar a una deducción de 150 euros, algo que Asicval considera un planteamiento "irreal" y para el que augura "muy poca repercusión" -al tratarse de unos precios de carácter voluntario-.
Como informó este diario, la consellera Salvador presidió hace 10 días la constitución del llamado Observatorio del Hábitat y la Segregación Urbana, que abordó en su primera sesión de trabajo la creación del Índice de Precios de Referencia del Alquiler, "un mecanismo que ha articulado la conselleria como prevención ante la burbuja".
Se delimitaron las 51 zonas de "mercado tensionado" así como los precios máximos de referencia que estarán sujetos a las bonificaciones fiscales impulsadas por la Generalitat. Y para fijar tales precios máximos la administración presentó unas tablas que cruzan tres aspectos: la zona en la que se encuentra la vivienda, sus metros cuadrados y su fecha de construcción.
Haciendo uso del mapa y de la tabla que se muestran a continuación (se trata de la del área metropolitana de València, el resto de áreas tensionadas tienen los suyos propios) los propietarios pueden calcular cuál sería el precio máximo de su vivienda para acogerse a la deducción.
Mapa de zonas de alquiler en València y tabla de precios en función del área, el año y los metros cuadrados El objetivo de la Generalitat con este índice es "evitar subidas abusivas de los alquileres y mejorar las condiciones de acceso a la vivienda de alquiler en zonas que tienen un mercado tensionado". Además, el propósito final de la Generalitat es que estos precios "puedan tener un carácter obligatorio para poder limitar los incrementos abusivos de los precios de alquiler", si bien las competencias para imponer tal obligatoriedad las ostenta el Gobierno Central.
