Podem busca sin éxito atajos para aprobar su ley de Diputaciones ante la desidia del PSPV por tramitarla

VALÈNCIA. La ley de Diputaciones pretendida por Podem fue incluida por los tres partidos que sustentan el Botànic como una de las normas prioritarias que debían salir adelante en esta legislatura. Un documento marco en el que se incluyeron otros 14 proyectos legislativos y compromisos presupuestarios y que sirvió para que el partido que lidera Antonio Estañ diera luz verde a los últimos presupuestos del Consell de Ximo Puig. Casi tres meses después de sellar aquel acuerdo, el PSPV expuso este martes sus dudas sobre si se podrá cumplir con él o no.

La formación morada propuso en la Junta de Síndics tramitar en el pleno de la semana que viene la ley de Diputaciones por procedimiento de lectura única. Una fórmula que no admite enmiendas por parte de ningún partido sobre el texto propuesto -se utiliza en temas en los que existe un amplio consenso al respecto- y que todos los partidos rechazaron al considerar que la cuestión era lo suficientemente importante como para realizar un debate sosegado al respecto y que todos hagan aportaciones a la proposición de ley.

Las prisas de Podem, no obstante, venían motivadas por la "falta de voluntad manifiesta" que perciben en sus socios para aprobarla –especialmente en el PSPV– antes de cerrar este mandato a pesar de que era uno de los compromisos adquiridos en octubre. Desde entonces, dijeron, tan solo han percibido "reticencias" y "patadas hacia delante" en este tema, por lo que el atajo planteado pretendía evitar que se corriera "el riesgo" de que la promesa quedara, precisamente, solo en eso, en una promesa. 

La respuesta que recibió por parte del PSPV no hizo más que confirmar esta desidia de la que habló Estañ. Si al inicio de la jornada el secretario general de Podem señalaba que el portavoz del PSPV, Manolo Mata, le había asegurado que si se tramitaba por procedimiento normal daría tiempo a aprobarla, el propio socialista manifestó minutos después que no podía garantizar tal cosa. "Yo no soy Rappel", dijo. 

Más allá de no proyectar ninguna certeza sobre la validación de la ley, el síndic socialista dejó claro lo que pensaba de ella: "No tiene ninguna transcendencia práctica su aprobación en los términos en los que está escrita, porque lo único que hace es explicar cuáles son las competencias exclusivas de las diputaciones y decir que hay otras que puede delegar sin aclarar cuáles son. No sé si se va a aprobar o no, pero tampoco es muy relevante". Lo hizo tras justificar que el voto en contra del PSPV para tramitar esta norma por procedimiento de lectura única se debía a que en su grupo consideran que debe producirse un debate sosegado al respecto, de manera que se respete la participación de todos y se cuente con la opinión de las diputaciones de Castellón y Alicante. 

Con todo, la norma deberá tramitarse por procedimiento ordinario y la semana que viene se debatirá su toma en consideración para iniciar toda su tramitación en Les Corts. Unos plazos que no garantizan que vaya a salir adelante en esta legislatura, pues todo dependerá de la celeridad y prioridad que le den sus señorías frente al resto de leyes que quedan pendientes.   

Operación Alquería

Desde que estalló la Operación Alquería para Podem se convirtió en una prioridad suprimir las corporaciones provinciales. Hartos de esperar la ley de Gobiernos Locales anunciada por el Consell después de que los tribunales tumbaran el decreto de coordinación en materia de Turismo y Deportes, los morados pusieron encima de la mesa un texto legislativo para que los órganos provinciales sólo ejercieran las facultades propias, aquellas que no son de interés general de la Comunitat Valenciana y, el resto, pasaran a ser asumidas por la Generalitat.

Su contenido generó muchas incógnitas en el PSPV. Principalmente, qué pasaría con el personal empleado en las diputaciones si estas viesen reducidas considerablemente sus competencias. Por otra, tampoco sabían qué sucedería con el presupuesto que anualmente reciben para desarrollar sus potestades. O dicho de otra manera, con qué se financiarían las competencias que la Generalitat asumiese, que según la propuesta de los morados serían: Infraestructuras, Educación, Turismo, Cultura y Deportes, Salud y Bienestar Social, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible, Empleo, Seguridad y Orden Público.

Conviene apuntar que el Estado financia a las entidades locales -como son las diputaciones- con un porcentaje de los impuestos que es diferente de la partida para la financiación de las Comunidades Autónomas. Y son las diputaciones las que, con el presupuesto asignado, distribuyen los gastos de la manera que creen conveniente. Si, como pretendía Podemos, fuese la Generalitat la que asumiera las competencias que quiere retirar a las diputaciones, parecería complejo, por una parte, que el Estado traspasara parte de la financiación local a la financiación autonómica para compensar ese trasvase de competencias. Y por otra, aunque esto fuera posible, tampoco sería sencillo establecer qué porcentaje de la financiación estatal que llega a cada una de las tres diputaciones valencianas debería pasar a la Generalitat, pues las corporaciones son soberanas para distribuir sus recursos. 

Ante estas dudas, Podem ofreció a sus socios que hicieran propuestas para mejorar su redacción. Momento en el que el PSPV rehizo la propuesta legislativa de los morados de arriba abajo -cambiaba todos los artículos- y éstos la aceptaron al considerar que mantenía el espíritu original de la propuesta: "vaciar" de competencias las diputaciones. No obstante, a pesar de que la esencia era similar, la redacción de los socialistas no especificaba en ningún momento que se le fuesen a quitar a las diputaciones las competencias que son de interés general de la Comunitat Valenciana para que las asumiera la Generalitat.  

Mientras todo esto sucedía en Les Corts Valencianes, Ximo Puig y el president de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, anunciaron que de manera "inmediata" se crearían dos comisiones entre ambas instituciones para mejorar la eficiencia en la gestión y evitar duplicidades entre ambas administraciones. Para ello se crearían dos comisiones que, si bien ya se ha designado a sus seis integrantes, aún no han mantenido ninguna reunión.