VALÈNCIA. (EP). El presidente de la Comunitat y líder de los socialistas valencianos, Ximo Puig, deberá comparecer en el Senado el 14 de marzo, en la Comisión de investigación de la financiación de partidos políticos, para explicar la financiación del PSPV en las elecciones de 2007.
En declaraciones a los medios al término de la sesión de esta comisión, el portavoz del PP, Luis Aznar, ha destacado que además de la comparecencia del 'president' también se ha solicitado que regrese para realizar una segunda comparecencia la actual presidenta del PSOE y exministra de Medio Ambiente en el gobierno de Rodríguez Zapatero, Cristina Narbona.
A estos dos nombres el PP suma la petición de comparecencia de otras once personas, la mayoría relacionadas con Acuamed, empresa implicada en el caso de presunta financiación irregular. Este bloque se prevé que sea realizado en cuatro sesiones, a partir del 14 de febrero, y finalizará el 14 de marzo con la comparecencia de Puig.
"La idea es retomar con urgencia los trabajos de cara a poder terminarlos en plazo razonable", ha recalcado Aznar, para añadir que tras estas cuatro sesiones dedicarán alguna sesión a tratar la financiación de algunos de los partidos nacionalistas más importantes.
Así, aun sin fecha determinada, desde el PP adelantan que tanto PNV como Convergencia serán objeto de trabajo en esta comisión. Preguntado por la razón de investigar la financiación de la formación vasca, Aznar ha indicado que les parece "importante" de cara a las conclusiones finales de esta comisión "analizar las cuentas de un partido muy peculiar, que solo trabaja dentro de la comunidad autónoma vasca".
"Es un partido nacionalista, histórico, ver esas cuentas puede aportar a la comisión una visión distinta de lo estudiado en PSOE y Podemos, al igual que Convergencia; puede completar el abanico de posibilidades y si no lo hacemos quedaría cojo el análisis", ha añadido.
En esta comisión sólo participa activamente el Grupo Parlamentario Popular, después de que el resto de grupos decidieran boicotearla señalando que es una herramienta del PP para contrarrestar la comisión que estudia la caja B del PP en el Congreso.
La magistrada apunta a irregularidades administrativas y al desequilibrio en la distribución del dinero, pero no aprecia ilícito penal