El jefe del Consell, Ximo Puig, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Foto: EFEVALÈNCIA. El jefe del Consell, Ximo Puig, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvieron un encuentro el pasado 3 de octubre en La Moncloa que resultó aparentemente fructífero para el Gobierno valenciano: el Ejecutivo central se comprometía a incluir en los próximos Presupuestos Generales del Estado el 10% de inversiones regionalizadas para la Comunitat Valenciana, una reivindicación que venía realizando el Consell en los últimos años y que, según manifestó Puig a la salida de la reunión, se solucionaría en las cuentas de 2019.
O al menos con esa promesa bajo el brazo salió el presidente valenciano. Un apretón de manos que, posteriormente, no se refrendó en el comunicado enviado por La Moncloa horas después, en el que el Gobierno se limitaba a expresar el compromiso en materia de inversiones de "aproximarse, en la medida que lo permitan las disponibilidades presupuestarias, a la media per cápita del resto de las Comunidades Autónomas". Es decir, ganas sí, pero compromiso por escrito de lo anunciado por Puig, no.
Una situación que sirvió a PPCV y Ciudadanos para mostrar su escepticismo respecto a lo conseguido por el líder socialista, quien además sufría un apoyo más bien tibio de sus socios del Botànic, Compromís y Podem, ya que no parecía suficiente para la coalición al margen de que se plasmara finalmente o no.
No obstante, el misterio llegará a su fin en breve. El propio Pedro Sánchez anunció este martes que el Ejecutivo aprobará el viernes el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de este año para que se inicie su tramitación parlamentaria. Un paso adelante que se producirá, eso sí, sin disponer -al menos de momento- de los apoyos necesarios en el Congreso.
Así pues, una vez se hagan públicas las cuentas será el momento de, más allá de las posibles variaciones que puedan llegar posteriormente, calibrar si la promesa hecha por Sánchez a Puig del 10% de inversiones fue una realidad plasmada negro sobre blanco o unos meros fuegos de artificio con los que satisfacer por un día a un presidente autonómico más. Más aún teniendo en cuenta que también hubo un compromiso anunciado por Puig respecto a 38 millones de euros sobre el Transporte Metropolitano de Valencia así como otras cuestiones como la aportación del 50% en materia de dependencia que ahora se encuentra en un 12%.
En este sentido, el propio Puig manifestó ante el anuncio de Sánchez este martes su convencimiento de que el 10% de las inversiones territorializadas para la Comunitat estarán reflejadas: "Es lo que nos corresponde y lo que nos ha dicho el presidente del Gobierno", sentenció el jefe del Consell, quien animó al resto de diputados valencianos a respaldar las cuentas "si mejoran las expectativas y las oportunidades" de la Comunitat.
El optimismo de Puig contrastaba en cierta medida con la mayor prudencia que se respiraba en Compromís, donde el portavoz de Economía en el Congreso, Ignasi Candela, aseguraba que la coalición encabezará un frente por las inversiones si los PGE no daban "un trato justo a los valencianos". Una línea en la que se manifestó el síndic en Les Corts, Fran Ferri: "Estaremos pendientes de que estos PGE contemplen la agenda valenciana y exigiremos las inversiones en base al peso poblacional y otras cuestiones como inversiones para el San Pío V, segunda pinacoteca más importante de España", explicó, para recordar que las cuentas vigentes aprobadas por PP y Cs en su día "no contemplaban estas cuestiones aunque ellos exigirán ahora el oro y el moro".
Por su parte, el secretario general de Podem, Antonio Estañ, apuntó a que las cuentas se tienen que aprobar en base al preacuerdo presupuestario entre PSOE y Podemos aunque ve "falta de voluntad" por parte del Gobierno en cuestiones como el precio de la vivienda. "Esperamos que haya ese convencimiento en lo que favorece ese pacto y que si no es posible, ver qué hacemos en esta legislatura ya que no se puede seguir gobernando con decreto ley ni con los presupuestos de Mariano Rajoy", zanjó.
En la otra orilla, desde la oposición ningunearon el 10% de inversiones de Puig para centrar sus ataques en la congelación de la reforma del sistema de financiación que reclama el Gobierno valenciano. Así, la líder del PPCV, Isabel Bonig, recordó que ese compromiso "fue desmentido dos horas después por La Moncloa". "No tenemos eso y tampoco el cambio de modelo de financiación y no he escuchado a nadie exigir la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para que se siga con los trabajos del modelo de financiación", zanjó Bonig.
Por su parte, la síndica de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, también centró sus críticas en el ausente nuevo modelo de financiación. "El problema real que tenemos es de financiación y mientras no se avance en las negociaciones, cosa que Sánchez no está haciendo y ha puesto el freno, la Comunitat estará igual que está y tendrá presentes y caramelos, pero no serán más que parches", resumió.
