VALÈNCIA. El president de la Generalitat, Ximo Puig, se enfrentó este jueves a su tercera sesión de control desde que se decretara el estado de alarma por la crisis sanitaria del coronavirus. Una jornada en la que volvió a evidenciarse que Ciudadanos continúa por la senda de tender la mano al jefe del Consell y de emplear un tono diametralmente opuesto al utilizado al inicio de la legislatura tras haber llegado a acuerdo con el PSPV tanto en Torrent para formar gobierno y pactar unos presupuestos, como en Moncada para sacar unas cuentas adelante después de tres años de prórrogas.
La escenografía, por tanto, continuó siendo la misma que hace un mes en cuanto a la bancada de la oposición se refiere: Cs afable -o al menos no agresivo- con el PSPV, pero acusando a sus socios de gobierno de comunistas; Vox exigiendo responsabilidades al Gobierno valenciano que asuma responsabilidades; y el PPCV insistiendo por enésima vez en la necesaria reducción de los altos cargos y asesores en el Consell para destinar lo ahorrado para luchar contra la emergencia sanitaria de la covid-19.
Donde sí se percibió un cambio significativo respecto a las sesiones de control que se han celebrado hasta la fecha en esta legislatura fue en los partidos del Botànic II. Exactamente, en Compromís. Y más en concreto, en el conseller de Educación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, evidenció la distancia que existe actualmente entre su departamento y el PSPV -o más bien con el propio president de la Generalitat- por el procesamiento del director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, por las ayudas al fomento del valenciano concedidas a empresas administradas por Francis Puig, hermano del jefe del Consell.
La diputada y portavoz adjunta del PPCV, Eva Ortiz, aprovechó la sesión de control para pedirle a Puig que cesara a Trenzano por la causa judicial en la que está actualmente inmerso. Pero previamente le recordó que será procesado "por incurrir en falsedad documental en la concesión de subvenciones a los hermanísimos" -del president-, quienes "cobraron ayudas de tres administraciones públicas con cargo a la misma factura". "Una factura y tres subvenciones. Ese es el problema, señor Puig y quiera o no, no lo va a poder tapar", le espetó Ortiz.
Tras preguntarse cuánto aguantaría Trenzano "sin desvelar qué persona le dio la orden para mentir en documento público con tal de encubrir a los hermanos del president de la Generalitat", la diputada popular recriminó al president de la Generalitat, Ximo Puig, que las "imputaciones ya no sean -para el Botànic- líneas rojas" y le preguntó si asumiría "alguna responsabilidad" si procesaban a sus hermanos.
La respuesta no la obtuvo del número uno del Ejecutivo valenciano, sino del conseller de Educación como máximo responsable de la cartera de Política Lingüística. Y el ahínco con el que defendió a Trenzano, no tuvo nada que ver con el que hizo del propio jefe del Consell. De hecho, no hubo mención alguna en su discurso a Puig, sino que centró exclusivamente su intervención en dignificar a Trenzano.
Tras hacer mención al acto de incoación en el que el juez inicialmente no vio ilícito penal -obvió que más tarde la Audiencia Provincial revocó esta decisión y estableció que era de naturaleza penal en el auto de procedimiento abreviado-, Marzà hizo referencia a una conversación que tuvo recientemente con la diputada del PP en la que la propia Ortiz, siempre según el conseller, reconoció que la Conselleria de Educación y la de Economía "no eran responsables" en esta causa.
"Ustedes saben que todo lo que hemos hecho desde la conselleria está bien hecho, que toda la responsabilidad de lo que se ha hecho, y así lo dicen los técnicos, se ha hecho como tocaba... Por tanto, estaría bien que si son conscientes de todo esto dejaran de desgastar a una persona, como el señor Trenzano, que saben, y son conscientes, que no tiene ninguna responsabilidad", zanjó el conseller de Educación sin hacer mención a la segunda parte de la intervención de Ortiz en la que acusaba a los hermanos del president y le interrogaba por una posible dimisión por su parte si finalmente fueran procesados.
Una omisión por parte de Marzà a la que fuentes del PSPV trataron de quitar hierro, pero que en una parte de Compromís no entendieron como un gesto inocuo, sino más bien como un deseo de tomar distancia que contrasta con la buena sintonía que han mantenido durante esta legislatura y la anterior el jefe del Consell y el responsable de Educación. Ahora bien, desde el entorno de Marzà no hacían esta interpretación: más bien al contrario, consideraron que la posición del conseller se centró en desmontar la denuncia del PP tratando de evitar el debate "embarrado" que a su juicio está tratando de orquestar la formación popular.
