VALÈNCIA. La Oferta Pública de Empleo (OPE) de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) podría sufrir serios ajustes en los próximos meses. Un nuevo informe de la Dirección General de Presupuestos que ocupa Eva Martínez insta al ente a ajustar el procedimiento a los límites que plantea la ley de creación de À Punt. En concreto, al artículo que limita el gasto de personal a un tercio del presupuesto anual que tiene la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), actualmente 56 millones de euros.
El Consejo Rector que preside Enrique Soriano mantuvo una reunión la semana pasada con el comité de empresa de la radiotelevisión valenciana para trasladar a los sindicatos formalmente que la Corporació deberá ajustar el gasto de personal a lo que establece la ley aprobada en 2016, por lo que la intención actual es sacar una OPE parcial. Una norma, la de creación de la CVMC, que si se cumple a rajatabla impide que el gasto en nóminas supere de cara al próximo ejercicio cerca de 19 millones de euros.
Actualmente, la cifra dedicada a personal sobrepasa los 22 millones de euros, por lo que la diferencia sería de 3 millones respecto al este año. Una variación que los sindicatos calculan que podría hacer menguar la plantilla en aproximadamente 100 personas de cara a la convocatoria de oposiciones de la sociedad, que se han ido dilatando en el tiempo por distintas vicisitudes -la última, por la crisis sanitaria del coronavirus-, pero que deben convocarse antes de que termine 2020.
Con estos mimbres, este martes diferentes miembros del comité de empresa se trasladaron a Les Corts Valencianes para reunirse con los integrantes de la comisión de RTVV y del Espacio Audiovisual del Parlamento para exponer sus preocupaciones de cara a la convocatoria de las OPE. Unos encuentros en los que instaron a todos los partidos a realizar cambios en la ley de À Punt para dejar sin efecto la cláusula que establece la limitación presupuestaria en el capítulo de personal, ya que la Relación de Puestos de Trabajo se dibujó previamente a que esta disposición fuera incluida en la normativa vigente. Una petición que, además, presentaron por registro de entrada.
Así, conviene recordar que el Consejo Rector de la CVMC ya aprobó la Oferta Pública de Empleo de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC), entidad a través de la que se gestiona À Punt y donde se inscribe el grueso de la plantilla. Una convocatoria que constaría de 404 plazas que aumentarían hasta las 469 si se tuviera en cuenta los jefes de cada categoría profesional, que se irían incorporando con el paso de los meses, según el diseño inicial tal y como avanzó Plaza. Esto es, À Punt sacaría a concurso 404 puestos de trabajo entre los que se encontrarían periodistas, operadores de equipos, cámaras, publicistas o lingüistas, entre otros. La idea era que cuando se hubieran concedido estas plazas, se eligiera a 65 personas de entre ellos para que ocuparan un puesto de jefatura de su correspondiente categoría laboral. Y las plazas que dejaran vacantes estos trabajadores cuando promocionaran, se irían cubriendo con personas de la bolsa.
Sin embargo, con esta Relación de Puestos de Trabajo en la mano la Dirección General de Presupuestos de Eva Martínez emitió un informe dirigido a la televisión pública en el que instaba a À Punt a "adecuar" la OPE para que no superara el límite establecido en la ley. Una limitación que hasta ahora no se estaba aplicando porque el primer Botànic pactó una moratoria para dejar sin efecto esta parte de la ley cuando observó que se estaba incumpliendo: PSPV, Compromís y Podem acordaron en la Ley de Acompañamiento de 2019 dejar en suspenso este apartado que establece que el gasto de personal no podrá ser nunca superior al tercio del presupuesto total del ente. La moratoria aprobada tenía la misma duración que el Contrato Programa. No obstante, este caduca a final de año, por lo que la moratoria ya no sería efectiva entonces, que es cuando debería (como tarde) convocarse el concurso-oposición.
Por ello, Presupuestos instó hace unos meses a la CVMC a adecuar las plazas de las oposiciones a lo que dictaba la ley, ya que si realizaba una convocatoria con esta RPT, rebasaría presupuestariamente el margen legal establecido. Ante esta respuesta, el Consejo Rector volvió a interpelar recientemente al Consell para saber a qué debían aplicar ese límite del tercio: si al presupuesto de 56 millones de euros que recibe À Punt como subvención de la Generalitat o si este cálculo se realizaba teniendo en cuenta, además, otro tipo de ingresos que pudiera obtener la cadena -como por ejemplo por publicidad-, lo que haría incrementar un poco más esa cuantía.
La respuesta de Presupuestos en su último informe establece ahora que el tercio debe ceñirse exclusivamente a la subvención que el ente recibe de la Generalitat, ya que de lo contrario la cifra sería muy volátil año tras año. Es decir, en el caso de que se hubiera aplicado este año, el cálculo se tendría que realizar respecto a los 56 millones de euros.
Por el momento, es una incógnita cuál será el presupuesto de À Punt de 2021. Sin embargo, todo parece indicar que la partida que reciba la CVMC será similar a la del presente ejercicio, dado que con la crisis de la covid-19 en el Consell dan por hecho que la radiotelevisión pública no tendrá más dinero que en los años anteriores. Un escenario que obligaría a la Corporació a replantear la RPT actual de 469 trabajadores -que supone 22 millones de euros anuales- y en la que se basarían las oposiciones que se deben convocar con el objetivo de no rebasar los 19 millones de euros en nóminas.
El problema ahora no es baladí porque el Consejo Rector deberá convocar las oposiciones con las plazas exactas antes de que finalice el año, ya que existe por ley un plazo límite para ello. Esto es porque en septiembre de 2017 comenzaron las primeras contrataciones de la bolsa temporal de trabajo para poder poner en marcha el servicio público. Desde entonces, la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) tenía un plazo de tres años para sacar a concurso las plazas de la RPT diseñada por la ex directora general de À Punt, Empar Marco.
Ahora, por tanto, con el aviso de Presupuestos, el Consejo Rector tendrá que sacar un número de plazas que no superen aproximadamente los 19 millones de euros. Los 3 millones de diferencia respecto al gasto actual, según los sindicatos, supondría una rebaja de aproximadamente un centenar de personas teniendo en cuenta que cada uno cobrara 30.000 euros brutos al año. Esto supondría que À Punt tuviera que convocar en torno a 360 plazas aproximadamente.
Para evita llegar a esta situación, el comité de empresa quiere que Les Corts modifiquen la ley para dejar sin efecto de nuevo esta limitación de personal -que en su día se introdujo a través de una enmienda de Ciudadanos para que la CVMC tuviera un techo de gasto- con el objetivo de que se pueda sacar el concurso-oposición con la RPT actual.
El momento más visto fue la bajada de la Senyera con un 20,4% de cuota de pantalla, donde À Punt lideró la audiencia por delante del resto de cadenas.