La consellera de Sanidad, Ana Barceló. Foto: EVA MAÑEZ VALÈNCIA. El debate sobre la necesidad de imponer un impuesto a las bebidas azucaradas en la Comunitat Valenciana como ya sucede en otras comunidades autónomas como Cataluña ha vuelto a reavivarse. Después de que la propuesta original de Compromís en Les Corts quedara rebajada considerablemente por las reticencias de los empresarios y el consiguiente rechazo del PSPV, la polémica vuelve ahora a estar encima de la mesa.
Un informe elaborado por la Conselleria de Sanidad que dirige Ana Barceló avala la utilidad que tendría la creación de un gravamen de este tipo para reducir las consecuencias que el consumo de bebidas azucaradas tiene para la salud pública. Si bien el texto no insta directamente a su implantación, las conclusiones del estudio son claras: advierten que en "base a criterios y recomendaciones sanitarias de ámbito nacional e internacional" un impuesto así ayudaría a reducir la ingesta de estos líquidos y, por tanto, a sortear los efectos malsanos que generan.
Para llegar a dictar esta resolución, la Dirección General de Salud Pública se apoya en una batería de datos objetivos sobre el consumo que existe en la Comunidad Valenciana de este tipo de productos, el impacto que generan y los efectos que ha tenido en otras comunidades autónomas la puesta en marcha de elementos disuasorios como el impuesto.
Así, el estudio indica que el porcentaje de menores de 15 años que ingieren a diario bebidas azucaradas en la autonomía se ha duplicado desde 2010, pasando de un 4,7% a un 10,1%. Unas cifras que afectan especialmente a las familias con rentas más bajas, pues el mismo informe observa que el consumo diario de estos líquidos está "fuertemente relacionado con el nivel socioeconómico de las familias".
Además, advierte que contribuyen a aumentar la ingesta calórica total en la dieta; tienen poco valor nutricional; están asociadas con el aumento de sobrepeso y obesidad de la población -"factor de riesgo principal de diversas enfermedades crónicas como la diabetes, cardiopatías y ciertos tipos de cáncer"-, y con frecuencia generan caries dental. Una serie de razonamientos que se extraen de los numerosos estudios de la Organización Mundial de la Salud.
En este sentido, el dictamen no solo concluye que su implementación tendría beneficios sobre la salud de las personas, sino que incluso expone que el modelo de impuesto establecido desde marzo de 2017 en Cataluña "podría servir de referencia para la Comunitat Valenciana".
Un gravamen que en su primer año de vida ha logrado reducir el consumo de bebidas azucaradas entre la población catalana en un 22% -como también recoge el análisis- y, en consecuencia, ha derivado en el aumento del consumo de bebidas sin azúcares añadidos por el llamado "efecto sustitución". "El equipo de investigación observa también que cuanto más elevado es el porcentaje de aumento de precio, más se reduce la compra del mismo", concluye.
En cualquier caso, el documento elaborado por Sanidad recomienda que en caso de establecerse un gravamen similar, "sería necesario llevar a cabo el seguimiento y evaluación de la implantación y el impacto de la medida, incluyendo análisis periódicos de los hábitos de consumo, así como de prevalencia del sobrepeso y obesidad en la población, contemplando en los análisis los determinantes sociales de la salud y los ejes de desigualdad en la población".
En junio de 2017 la diputada de Compromís, Isaura Navarro, presentó una Proposición No de Ley (PNL) que instaba al Consell a establecer un impuesto "sobre los productos azucarados y con exceso de grasas que implicara un aumento del precio de hasta el 20%". Es decir, no limitaba el gravamen solo a las bebidas como había hecho apenas dos meses atrás Cataluña.
La propuesta no agradó nada a los productores. No en vano, de manera inmediata en la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) que preside Salvador Navarro se constituyó un grupo de trabajo interno para elaborar un borrador en el que se detallaran los motivos por los que se oponían a este impuesto. Esto, sumado a varias reuniones con dirigentes de PSPV y Compromís, derivó en que la coalición valencianista reformulara su PNL y restringiera el ámbito de aplicación de este impuesto solo a las bebidas.
Tampoco describía los tramos de aplicación en función de los gramos de azúcar por mililitro que tuvieran los líquidos como sí lo hacía el gravamen que se aplica en Cataluña. Todos estos detalles, quedaban a merced del Consell, a quien instaban a crear "un impuesto dentro de los parámetros y estudios económicos" que correspondieran. La nueva redacción incluía que lo recaudado con esta tasa fuese destinado a dotar de más recursos al sistema de salud o a campañas de concienciación para reducir la obesidad infantil y mejorar los hábitos alimenticios de manera que se redujera el consumo de este tipo de productos. Pero a pesar de tender la mano en este sentido para favorecer la negociación, tampoco el nuevo ofrecimiento convencía a las empresas y federaciones integradas en la patronal contrarias a la iniciativa.
Con esto, Ciudadanos, PSPV y PPCV se negaban a apoyarla, por lo que la minoría parlamentaria que sumaban Compromís y Podem obligó a que de nuevo la coalición valencianista tuviera que reformar su propuesta. El nuevo texto no pedía directamente la creación de un nuevo tributo, pero sí solicitaba al Gobierno valenciano la elaboración de un estudio previo sobre la necesidad y oportunidad de que este entrara en vigor atendiendo a los problemas de salud que padece la población -especialmente, los niños-, además de incluir una gran cantidad de acciones divididas en dos fases.
Ahora, la Conselleria de Sanidad ya ha emitido su criterio a través de este informe. Aunque nada parezca indicar que la Conselleria de Hacienda -la que en última instancia debería diseñar los tramos de este impuesto- vaya a abrir este melón en la recta final de la legislatura, la pauta quedará sobre la mesa para los siguientes gestores.
