VALÈNCIA (EP). La consellera de Sanidad Universal, Ana Barceló, ha explicado este jueves que realizarán un informe económico antes de decidir sobre la subrogación del personal de la UTE Erescanner tal como le reclama el Consell Jurídic Consultiu (CJC) en su informe sobre la reversión del servicio público de realización de resonancias magnéticas.
Barceló, tras visitar la reforma integral de la Sala de Pediatría del Hospital Clínico, ha señalado que están estudiando el informe que ha realizado el CJC a petición de la propia Conselleria sobre la situación de estos trabajadores una vez que el pasado 31 de octubre terminó el contrato de diez años con esta UTE para prestar este servicio de resonancias.
EL CJC considera en el informe, que recibió ayer Sanidad, que existe una sucesión de empresa en el supuesto de la reversión de este servicio público con la consiguiente obligación de proceder a la subrogación del personal afectado, sin perjuicio del derecho que tienen los trabajadores a continuar en la empresa o pasar a la administración.
Al respecto, Barceló ha explicado que van a "cumplimentar todas las exigencias que establece" el CJC, entre ellas la de "elaborar un informe económico porque no pueden ser solo cuestiones sociales sino también las económicas las que tienen que determinar esa subrogación de los trabajadores". En ese sentido, ha apuntado, sobre la posibilidad de recurrir a la figura de 'personal a extinguir', que el informe "analiza todas las figuras". Por ello, pide tiempo para analizar el informe.
Así, ha recordado que este organismo estatutario "se pronunció hace unos meses y tampoco iba a la misma línea que va a ahora" y en ese sentido se ha referido a la sentencia del Tribunal Constitucional del Tribunal Constitucional del pasado 31 de octubre, que decretó "la improcedencia" de la figura de 'personal a extinguir' en los procesos de reversión de los servicios privatizados, que "no existía en el primer pronunciamiento" del CJC.
Asimismo, ha comentado que este informe "abre la puerta" a que sea una empresa pública la que se subrogaría los contratos de la plantilla pero "abre muchas posibilidades". Por ello, ha insistido en que lo están estudiando y van a mantener conversaciones con la empresa y comité empresa para "informarles y cambiar impresiones sobre el informe".
Por todo ello, ha descartado fijar plazos porque hay que garantizar "siempre la seguridad jurídica" de modo que "todos los pasos que demos no haya que desandarlos". "Vamos a hacerlo bien, y a partir de las indicaciones del CJC vamos a empezar", ha apostillado.