VALÈNCIA. La Conselleria de Sanidad ha allanado el terreno normativo por si fuera necesario intervenir la sanidad privada ante un incremento de los casos de covid que tensionara el sistema público. Para ello, el departamento de Ana Barceló ha aprobado una resolución para poner a disposición de la autoridad sanitaria los centros y establecimientos sanitarios privados y las mutuas de accidentes de trabajo, junto con su personal.
Sin embargo, tal y como recoge el escrito y como ya señaló la propia consellera, la medida no será tan radical como la de la primera ola, cuando se suspendieron operaciones quirúrgicas y citas. Ahora, la intención es recurrir a ellos para luchar contra la pandemia cuando no se pueda atender adecuadamente la asistencia sanitaria de la población con los medios materiales y humanos del Sistema Valenciano de Salud, tal y como señala la resolución publicada este viernes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).
En este sentido, Sanidad recoge la posibilidad de contratar todas las prestaciones y servicios que sean necesarios para poder remediar la situación sin necesidad de tener que realizar una licitación, como ya se hizo también en la primera ola donde al menos gastaron seis millones en derivaciones a la privada. Para ello, los precios de los servicios a contratar tomarán como referencia lo establecido en la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, de tasas, según lo recogido en su título XXIX.
La conselleria también ha aprobado una segunda resolución para delegar en los directores y directoras de los centros de Salud Pública, quienes controlan la situación epidemiológica, las competencias para decidir el destino de los productos inmovilizados cautelarmente, y para la intervención de medios materiales y personales, ante un riesgo inminente y extraordinario para la salud.
