La UTE Erescanner Salud, controlada por Eresa, continúa explotando el servicio público tras acabar el contrato en octubre, con un beneficio de 4 millones de euros al trimestre
VALÈNCIA. "Para nosotros el dictamen del Consell Jurídic Consultiu va a ser muy importante". El subdirector general de Administración de Personal y Salud Laboral de la Conselleria de Sanidad, Guillermo Aranda, pronunciaba estas palabras el pasado 14 de diciembre en relación al parón sufrido en el proceso de reversión del servicio de resonancias magnéticas debido a un informe de la Abogacía de la Generalitat, conocido el 28 de noviembre, que rechazaba la fórmula elegida para la subrogación del personal de la UTE Erescanner Salud y de sus socias Eresa e Inscanner, que prestan el servicio.
El pasado 14 de enero, un mes después de las declaraciones de Aranda, la consellera de Sanidad Universal, Ana Barceló, manifestaba lo siguiente: "Todavía estamos esperando algunos informes jurídicos que debe emitir la Abogacía de la Generalitat y también se ha pedido al Consell Jurídic Consultiu". Y añadía: "Cuando tengamos todos los informes y se hayan resuelto todas las incidencias respecto a los concursos, ya estaremos en disposición de establecer un calendario y explicar cómo vamos a llevar a cabo la inclusión de las resonancias magnéticas dentro del sistema público".
Ese día en que la consellera, en rueda de prensa, expresaba su confianza en, una vez recibidos los informes, poder presentar "en breve" a la mesa técnica "el dibujo" de cómo se acabará realizando el proceso, ni la Abogacía de la Generalitat y el CJC tenían ninguna petición de informe. Fuentes de Presidencia de la Generalitat, de la que depende la Abogacía, confirmaron la semana pasada a Valencia Plaza que no está preparando ningún informe, algo lógico puesto que el informe ya se emitió el 28 de noviembre.
En cuanto al CJC, este periódico contactó este martes con la institución para preguntar cuándo tenía previsto emitir el informe que Sanidad Universal considera imprescindible para desbloquear el proceso de reversión. La respuesta fue tan lacónica como sorprendente: "La petición entró ayer" (por el lunes). El órgano consultivo que preside Margarita Soler tiene un mes para responder, por lo que, de haberse hecho la petición a principios de diciembre, hace semanas que estaría despejado el camino.
Desde la Conselleria de Sanidad Universal, una fuente oficial reconocía este martes que se trata de la primera solicitud al CJC de un informe sobre el personal de las resonancias, a pesar de que debió haberse encargado con tiempo para culminar la reversión el 1 de noviembre de 2018. "Es un nuevo expediente", insistió ante la pregunta sobre la demora, aunque aseguró que no hubo una solicitud previa a esta. Sin embargo, esta fuente no explicó el motivo por el que tanto el equipo del departamento como la propia consellera dijeron públicamente que estaban esperando un informe que no habían pedido.
El hecho de pedir el informe al CJC el 28 de enero tiene como consecuencia inmediata la necesidad de continuar con el servicio concertado más allá de los tres meses -hasta el 31 de enero- que la Conselleria anunció cuando vio que no había hecho los deberes para recuperar la gestión pública a la finalización del contrato de diez años, el pasado 31 de octubre.
Precisamente este martes, el subsecretario de la Conselleria, Juan Ángel Poyatos, comunicaba a la UTE Erescanner Salud la necesidad de que continúe prestando el servicio, fuera de contrato, por tiempo indefinido hasta que se les comunique su finalización con dos meses de antelación. Eso significa que de momento se alarga los meses de febrero y marzo, pero es probable que se alargue si el CJC no entrega pronto el informe que se le acaba de encargar.
El retraso no es baladí, pues cuesta mucho dinero a una conselleria que cuenta con un presupuesto deficitario de partida. Como publicó Valencia Plaza, el contrato de las resonancias magnéticas adjudicado en 2008 por un período de diez años ha supuesto una sangría para la sanidad pública y pingües beneficios para la contratista: más de 125 millones de euros de beneficio en está década, que serían más de 150 millones si sumamos los beneficios de los socios de la UTE que le prestan el servicio, fundamentalmente Eresa e Inscanner.
Los socios de la UTE son las empresas Eresa (49%), Iberdiagnosis (8%), Inscanner (20%), Beanaca (8,5%) y Ribera Salud (14,5%). Eresa (Grupo Ascires) e Iberdiagnósis son propiedad de la familia Saus, que controla así la UTE con el 57% del capital. Inscanner y Beanaca pertenecen a la familia de Carlos Paz, el médico fallecido en 2012 que fue gran amigo de Eduardo Zaplana y dueño de la Clínica Benidom. Ribera Salud, participada por el grupo norteamericano Centene y Banco Sabadell, es concesionaria de varios hospitales públicos en la Comunitat Valenciana.
La Conselleria mantiene los precios de contrato ya finalizado, muy por encima de los del reciente concurso que aún no ha entrado en vigor. Unas tarifas que han supuesto -y van a seguir hasta que se revierta el servicio- una sangría para la Sanidad pública valenciana, como pusieron de manifiesto la Sindicatura de Comptes en dos informes (2013 y 2016) y la Intervención General en otro de 2017.
Además, en esta prólongación del servicio concertado iniciada en noviembre la UTE ha sumado una instalación adicional a las que ya explotaba, la del Hospital de Alzira, que tras la reversión de la concesión que tenía Ribera Salud ha necesitado una unidad móvil proporcionada por Eresa.
Con la evolución del negocio de la UTE Erescanner Salud en los últimos años y sin contar la instalación de Alzira, el coste para la Conselleria de Sanidad Universal de este trimestre adicional habrá sido de unos 11 millones de euros y el beneficio para la UTE supera los 4 millones, que se reparte entre los socios proporcionalmente a su participación, a lo que hay que añadir el beneficio de Eresa e Inscanner como prestadoras finales del servicio. Cuatro millones de euros es más de lo que cuesta una máquina de resonancias magnéticas.