Seis (de las muchas) razones por las que la Ley Celaá (la reforma educativa del PSOE y Podemos) es una mala ley

1/ La falta de consenso. El dictamen salió en el Congreso solo por dos votos por encima de lo requerido. Menos formaciones apoyaron la propuesta (6) que las que no lo hicimos (12).  Pero además, la ley ha despertado una gran contestación social: ha conseguido cabrear a los colectivos más dispares: desde sindicatos de pública o  concertada (como CSIF, ANPE, USIE o USO) hasta padres, patronales y docentes y discentes de una red y la otra. 

La ausencia de escucha, diálogo y negociación (con fuerzas políticas pero también agentes sociales) por parte del Gobierno hace que la ley nazca muerta. Si se consigue aprobar (se calcula que no será antes de febrero) la propuesta irá al Constitucional no sólo por su contenido, sino también por su tramitación (sin ni siquiera el informe del Consejo de Estado que le garantice un mínimo de supervivencia). El desacuerdo es una mala carta de presentación ante el Consejo y la Comisión europeas que, en las recomendaciones de país para el semestre, han encomiado a España mejorar el sistema educativo de manera pactada y duradera. 

2/ Está anticuada y hace que España pierda el tren de la modernización.  El Gobierno no ha sido valiente: en esencia, ha mantenido un currículum y una estructura obsoletas (las de la LOE) que no abordan con diligencia las competencias que nuestros estudiantes necesitan para estar a la altura de sus coetáneos de países avanzados. Esta cobardía es  lesiva para la educación sin apellidos: la pública, la concertada y la privada, pero afectará especialmente a aquellas familias que no puedan costear que sus hijos se formen con recursos alternativos y complementarios.

3/ Atenta contra la calidad y la equidad educativas.  La Ley no hace verdaderas propuestas de mejora del fracaso y el abandono escolar (los dos talones de Aquiles de nuestro sistema). La norma no los combate,  sino que los esconde.  Con el trampantojo de los suspensos, se obliga al equipo docente a decidir (sin criterios legales claros) si un alumno promociona o titula, mientras el Ministerio se lava las manos.  Esto no sólo abre la vía a generar desigualdades sino también a bajar el nivel académico. ¿De qué servirán los títulos si no se sabe qué conocimientos o competencias acreditan?

No se hacen ofertas novedosas (educativas, docentes o de atención decidida a las necesidades específicas de educación) para aminorar las brechas en el acceso al derecho a la educación por razón de características personales, situación socioeconómica o ubicación territorial. Como mucho se mantienen las existentes. Así no mejoramos.

4/ Ataca a la libertad de elección por parte de las familias, de la pública y de la concertada.  El texto cambia el concepto de “demanda social” por el de “programación” de modo que la administración decide dónde van a estudiar los niños en el sistema financiado con fondos públicos (esencialmente al lado de su casa), con independencia del proyecto educativo que les vaya bien o mal. 

La coacción a la libertad es especialmente lesiva con respecto a los alumnos con necesidades especiales (37.000 de los cuales, un 60%, estudia en centros públicos).

La inclusión que se identifica sólo con la escolarización ordinaria.  Error: "inclusión" se puede conseguir así en algunos casos y también, en otros, con la especializada. El Gobierno debería garantizar que los padres que quieran escolarizar a sus hijos en la primera opción puedan hacerlo, dotando estructuras y personal cualificado (no lo hacen). Pero también que quienes, en la defensa del interés del menor, quieran llevar a sus hijos a educación especializada, tengan plazas. Y no las hay. El PSOE y sus socios modifican una ley sin plan ni dinero (una temeridad) y plantean convertir los centros especiales en "centros de recursos": no en una modalidad apoyada y elegible, tan digna como la ordinaria.

5/ Se queda en asertos biensonantes, pero no refuerza ni renueva el sistema de educación. No fomenta la autonomía real de los centros ni de sus equipos directivos. Se limita a señalar la enseñanza pública como eje vertebrador del sistema, pero no proponen ni un cambio sustancial a mejor en su funcionamiento. No hablan de incremento de plantillas o de reducción de ratios. Deja en nada en cambio de la formación y la carrera docente, con riesgo a que se abran 17 MIRES diferentes. 

6/ Es el resultado del mercadeo con la educación que deriva en una politización del sistema y en la voladura del reparto competencial.  

Los partidos del Gobierno han vendido al nacionalismo a) competencias de la Alta Inspección (ya no se encargará de velar por que no se discrimine por razón de lengua) b) el  acceso a inspección (se ha eliminado la obligatoriedad de la prueba objetiva para poder meter la subjetividad en la selección de inspectores) y c) la lengua común, el castellano.  

El PSOE ha permitido que ERC y Bildu hayan tachado que el español es lengua oficial del estado y lengua vehicular de la enseñanza. Ha dejado también que el PNV determine  que es la lengua “propia” la cooficial (y por tanto el castellano, la impropia). Estos cambios no son meramente cosméticos o políticos, sino que a largo plazo, tendrán el efecto de la segregación de los castellano hablantes y el fortalecimiento del nacionalismo. 

El PSOE no ha querido, siquiera, comprometerse a respetar lo marcado por las sentencias judiciales como le ha pedido Ciudadanos: que en todo el territorio nacional, como mínimo el 25% de la docencia sea en castellano. Tendrá que explicarle a todos los españoles (y especialmente a sus votantes) que se declara abiertamente un antisistema. 

Queda partido: ahora el dictamen debe ir al Senado y luego volver al Congreso.  Habrá que aplicar la política de contención de daños para tratar de enmendar algunas cosas o conseguir que no salga (o se retire) la ley, entre otras muchas, por las razones expuestas. Si no lo conseguimos, no nos quedará más remedio que pedir ayuda a Europa y recurrir al Tribunal Constitucional.