VALÈNCIA. El inicio de la crisis sanitaria relegó a un segundo plano todas las medidas en las que trabajaban las consellerias del Botànic II -o, en su defecto, las que debían poner en marcha- que no tenían que ver con la pandemia. Los diferentes departamentos del Gobierno valenciano se vieron obligados a centrar su actividad en la adopción de medidas dirigidas a minimizar el impacto que podía tener la pandemia en cualquier sector.
La covid-19, también afectó a la actividad parlamentaria. Durante los primeros meses, Les Corts abandonaron su labor de control parlamentario, si bien en mayo comenzaron a salir de su letargo. Las iniciativas que en la Cámara se comenzaron a tramitar también se vieron condicionadas, pues los escasos plenos convocados se dedicaban a convalidar decretos-leyes del Ejecutivo y la mayor parte del tiempo dedicado a comisiones se centró en el Pacto por la Reconstrucción.
Ahora bien, la actividad legislativa no se ha visto únicamente afectada por la pandemia en estos últimos 10 meses. La legislatura actual comenzó hace ya un año y nueve meses y en todo este tiempo, los grupos parlamentarios del Botàniz II tan solo ha sacado adelante una tres leyes propias: la modificación de ley de Senadores, la del Instituto Cartográfico y la ley del Juego. Un trío que, además, proviene del mandato anterior o son consecuencias de sentencias, como es el caso de la primera.
La primera norma del tripartito que se validó en esta legislatura llegó a los seis meses después de que ésta arrancase y modificaba una reforma que los grupos parlamentarios de PSPV, Compromís y Podem realizaron en el mandato anterior: la modificación de la Ley de Senadores Territoriales ideada por los morados en 2016 para poder revocar a la exalcaldesa Rita Barberá. La justificación para poder revocar a los representantes territoriales era que incurrieran en comportamientos que suscitasen pérdida de confianza o provocaran el desprestigio de las instituciones. Artículos que, meses después, tumbó el Tribunal Constitucional y que motivaron que en noviembre de 2019, los tres partidos se vieran obligados a modificarla de nuevo para hacerlos desaparecer.
La segunda en tramitarse fue la Ley del Juego, sin duda la más conflictiva del Botànic: no solo levantó en armas al sector, sino que también fue la primera que generó divisiones manifiestas en el tripartito al inicio de su tramitación -cada formación presentó enmiendas por separado al proyecto de ley elaborado por la Conselleria de Hacienda, si bien luego terminaron pactando textos conjuntos- y se pospuso en innumerables ocasiones. La primera vez quedó enterrada por el adelanto electoral de Ximo Puig; la segunda, por la pandemia; y la tercera, por una maniobra de Vox.
Pero, después de tres años de trámites (comenzó a elaborarse en 2017), tres aplazamientos, aluviones de enmiendas y tiras y aflojas con la patronal del sector, los partidos PSPV, Compromís y Unides Podem dieron luz verde a este proyecto de ley del Consell que actualizó la normativa de 1988 en mayo de 2020.
Finalmente, el Botànic abordó la Ley del Instituto Cartográfico Valenciano, que ya había sido aprobada por el primer Consell formado por PSPV y Compromís en noviembre de 2018 y remitida a Les Corts para iniciar su trámite. El adelanto electoral de Ximo Puig, sin embargo, la dejó en vía muerta y el Gobierno valenciano la retomó tras realizar el reparto de competencias.
La norma, que fue aprobada en mayo de 2020 por el Consell y por la Cámara el pasado mes de diciembre, establece el régimen jurídico del Instituto Cartográfico Valenciano, la ordenación de la actividad geomática del sector público valenciano y la organización de la información geográfica en la Comunitat Valenciana, así como los medios para la coordinación y la colaboración entre las diferentes administraciones públicas valencianas en esta materia.
El resto de normas aprobadas en el Parlamento que provienen del Botànic han sido decretos-leyes, algunas de las cuales Les Corts han decidido tramitar como proyectos de ley en el momento de la votación. Un ritmo legislativo que difiere significativamente del primer al segundo Botànic.
Junto a estas tres normas, la Cámara también ha aprobado otra ley, pero en este caso no fue una propuesta impulsada por el tripartito, sino por el PPCV y en realidad tampoco fue una nueva proposición de ley, sino la derogación de varias disposiciones de una normativa que en la legislatura pasada ya generó división entre los socios del Botànic. En esta ocasión, de hecho, alineó al PSPV con PP, Ciudadanos y Vox. Apenas cinco meses después de arrancar la legislatura, estos cuatro partidos modificaron la Ley de Espectáculos Públicos para eliminar la disposición que establecía la obligatoriedad de contar con dos médicos durante la celebración de los 'bous al carrer'.