VALÈNCIA. La Conselleria de Justicia y Administración Pública y la de Economía siguen sin llegar a un acuerdo sobre la aplicación de planes de teletrabajo para los funcionarios. El departamento que dirige Rafa Climent trasladó este lunes al área que gestiona Gabriela Bravo un escrito en el que le solicita que permita planes de trabajo no presencial transitorios ante "situaciones de crisis" -como la generada por la Covid-19- hasta que el Consell valide un nuevo decreto de teletrabajo, tal y como la propia consellera anunció la semana pasada después de reunirse con los sindicatos.
La petición se produce después de que Función Pública no haya dado luz verde al programa piloto de teletrabajo desarrollado por la Subsecretaría de Economía que ocupa Natxo Costa. Este plan, de carácter voluntario y que recibió el respaldo de los sindicatos (excepto de CCOO), establecía medidas tales como que los empleados públicos pudieran teletrabajar hasta tres días a la semana -si bien podrían ampliarse si la situación de la pandemia empeorase-, la fijación de turnos de trabajo, la obligación de fichar por gvCronos, o la preferencia de determinados colectivos para acogerse a esta modalidad de trabajo.
La intención al trasladarlo a Función Pública era poder ponerlo en marcha cuanto antes para que éste tuviera vigencia hasta que se determinase el fin de la crisis sanitaria producida por la Covid-19. Esto es porque la Conselleria de Climent pretendía hacer este plan utilizando como referencia el Decreto 82/2016 del Consell por el que se regula la prestación de servicios en régimen de teletrabajo del personal empleado público de la Administración de la Generalitat.
Sin embargo, la experiencia durante la pandemia ha puesto de manifiesto que esta normativa requiere una profunda revisión porque se encuentra desactualizada. Con estos mimbres, el programa elaborado por la cartera de Climent sería transitorio, ya que da respuesta a la situación actual. Por lo que la pretensión era que, más adelante, cuando la Conselleria de Bravo elaborara el nuevo decreto de teletrabajo, pudieran desarrollar un nuevo programa mejor adaptado.
Con todo, Función Pública realizó 11 requerimientos a este programa de teletrabajo al advertir que varios apartados de este documento elaborado por Economía no se ajustabna al Decreto 82/2016 del Consell. Entre ellos, por ejemplo, que no establecía un periodo máximo de tiempo para aplicar el teletrabajo; que el porcentaje de personal que debía trabajar de manera presencial no podría ser inferior al 20%; o que los requisitos para que los funcionarios pudieran participar en esta modalidad de trabajo a distancia deberían ser modificados para concretar, entre otros aspectos, que los empleados públicos debían acreditar un correcto manejo de las herramientas informáticas.
Un aviso al que Economía respondió este lunes para reiterar que el programa piloto no pretende establecer unas pautas para situaciones ordinarias -tal y como deberá hacer el nuevo decreto de teletrabajo del Consell-, sino que busca dar respuesta a una situación de crisis sanitaria. Esto es, una solución temporal hasta que el Gobierno valenciano apruebe un nuevo decreto de teletrabajo.
En este punto, conviene recordar que la consellera de Justicia y Administración Pública, Gabriela Bravo, anunció la semana pasada tras reunirse con los sindicatos más representativos para trasladarles las líneas maestras del nuevo decreto de teletrabajo en el que la Generalitat trabaja que en la nueva normativa se incluiría el empleo de esta modalidad por una situación de crisis motivada por la declaración de los estados de alarma, pero también por situaciones originadas por factores sanitarios, medioambientales o sociales.
Así, la Conselleria que dirige Climent solicita que sea la cartera de Función Pública la que incorpore en el último acuerdo del Consell una cláusula en la que se indique que hasta que se apruebe la nueva normativa y finalice la crisis sanitaria, las subsecretarías de cada departamento del Gobierno valenciano podrán presentar, tras acordarlo con los sindicatos, planes de teletrabajo a la Conselleria responsable de los funcionarios de la Generalitat Valenciana. Lo que pretenden, explican, es implantar planes temporales hasta que exista una normativa firme y dar respuesta también a esas situaciones originadas por crisis sanitarias como pretende incorporar Bravo en el futuro decreto.
