VALÈNCIA (EP) La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha decidido interponer una querella ante el Tribunal Supremo contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, por la distribución en centros hospitalarios de mascarillas del tipo FPP2 que resultaron ser defectuosas.
Así lo ha acordado el Comité Ejecutivo de la CESM por lo que considera una "actuación negligente" por parte del ministerio, "poniendo en grave riesgo la salud e integridad del personal sanitario, y especialmente de los médicos, que han utilizado dicho producto con el convencimiento de su idoneidad y en la buena fe que se debe presumir de quien tiene tan altas responsabilidades".
Según informa la CESM en un comunicado, la querella se presentará por la "presunta comisión de delito contra los derechos de los trabajadores", concretamente por lo dispuesto en el artículo 316 del Código Penal, que persigue a quienes "con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física", y en el artículo 317, para los que cometan dicho delito por "imprudencia grave".
Según establece el Código Penal, este tipo penal se castiga con penas de prisión que oscila entre seis meses y tres años, así como multa que va de seis a doce meses.
"En los últimos días, una nueva y honda preocupación se ha añadido a la incertidumbre que acompaña, ya de manera lacerante, a los profesionales sanitarios en general, y de forma muy especial a los médicos y demás profesionales con asistencia directa a pacientes afectados de Covid-19", explica la CESM, que afirma que la partida de mascarillas defectuosas "ha sido la gota que ha colmado el vaso".
Además, destaca que esta circunstancia "se ha visto agravada" con posterioridad por la "aparición de otras partidas de elementos de protección que tampoco están homologados, lo que pone bajo sospecha la gestión que se ha hecho de este tema por parte del ministerio".
"Y si esto no fuera suficiente, hemos de añadir la noticia publicada en las últimas horas en el diario 'El Mundo' que denuncia que Sanidad retiró las mascarillas 'fake' a los cinco días de saber que no estaban homologadas", añade.
Por todo ello, la CESM subraya que la "profunda y creciente preocupación" del personal sanitario "se atribuye ya de manera indefectible a la gestión que de esta pandemia se está realizando" desde el departamento que dirige Salvador Illa, y "se está transformando en máxima indignación".
Esta situación, añade, "exige soluciones inmediatas e información clara, transparente e indubitada por parte de las autoridades responsables", así como acciones por parte de CESM como organización sindical que "garanticen su seguridad y la defensa de sus legítimos derechos e intereses".
"No podemos dejar pasar por alto que más de 32.000 sanitarios están afectados a día de hoy de Covid-19 y que el número de fallecidos es inasumible e inaceptable desde cualquier punto de vista, lo que junto con los datos que conocemos de la evolución de la pandemia en España les deberían hacerse replantear la práctica totalidad de la gestión que están realizando al efecto", afirma.
Por otro lado, el Consejo General de Enfermería de España ha presentado una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra el ministro de Sanidad y varios cargos de su departamento, por un delito contra la seguridad de los trabajadores.
El origen de esta actuación judicial radica en un acuerdo adoptado hace semanas por la Comisión Ejecutiva del Consejo General de Enfermería, por unanimidad, ante la falta de suficiente material de seguridad para protegerse en la asistencia de los pacientes con Covid-19 y la oleada de contagios entre profesionales sanitarios y el posterior fallecimiento de varios de ellos.
Así, dicha Comisión encargó a los servicios jurídicos del Consejo la puesta en marcha de las acciones penales para exigir las responsabilidades que procedieran a las autoridades sanitarias que están interviniendo en la gestión de la pandemia. A tal fin, los expertos del Consejo General de Enfermería han llevado a cabo un extenso trabajo de investigación y de recopilación de información sobre los medios y materiales de protección de las enfermeras y enfermeros frente al COVID-19. El resultado final ha llevado al Consejo General de Enfermería a la decisión de actuar judicialmente por la vía penal.
Gracias a toda esta investigación previa, se ha elaborado una querella extensa y contundente, que contiene más de 50 folios, y en la que se realiza un amplio relato de los hechos, acompañado de abundante documentación que explica cómo, conociendo el Gobierno y el Ministerio al menos desde finales de enero la existencia y el alcance de la gravedad del virus, no se pusieron en marcha las actuaciones necesarias para dotar a los profesionales sanitarios de los medios y materiales de protección necesarios, a lo que hay que añadir la entrega de materiales defectuosos (como los 2,1 millones de mascarillas inservibles del fabricante chino Garry Galaxy) o los test sin la fiabilidad suficiente.
Los otros miembros del equipo de Sanidad contra los que va la querella son: la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación, Pilar Aparicio; el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón; la subdirectora general de Promoción de la Salud y Vigilancia en Salud Pública y la subdirectora general de Sanidad Ambiental y Salud Laboral.
Esta querella viene a sumarse a las diferentes actuaciones penales que han ido interponiendo varios Consejos Autonómicos y colegios provinciales de Enfermería de toda España, contra la gestión de las diferentes autoridades sanitarias provinciales y autonómicas, gobernadas por diversos partidos políticos.
"Somos enfermeros y enfermeras y la única motivación que nos mueve es la salud de todos los profesionales sanitarios y la seguridad nuestros pacientes y de los ciudadanos en general, que están por encima de ideologías o partidos políticos", afirma rotundamente Florentino Pérez Raya, presidente de Consejo General de Enfermería.
En la querella presentada por las enfermeras se imputa un delito contra la seguridad de los trabajadores (art. 316 del Código Penal), conforme al cual se castiga a quienes "con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física". La pena por este delito es de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.
Asimismo, cabe destacar que también se imputan en la querella otros delitos que pueden haberse producido en relación con el anterior, como la imprudencia grave con resultado de lesiones o de muerte.