VALÈNCIA. La cuenta atrás se vuelve a poner en marcha. Quedan poco más de tres meses para que empiece la temporada de festivales de música, una realidad que -conforme se acerca la fecha- se va viendo más lejana. Durante el inicio de la pandemia, verano de 2021 parecía una fecha optimista para volver a juntar a decenas de miles de personas en un ciclo de conciertos, pero la tercera ola, el retraso del plan de vacunación y las restricciones actuales hacen imposible pensar en desarrollar un festival con normalidad en algún momento de este año.
El tiempo corre y este pasado lunes, el primero de los festivales en tener previsto celebrarse, 4Ever Valencia Fest, ya anunciaba que cancelaba su edición de 2021 y devolvería el importe íntegro de la entradas. "Como otros festivales pensamos que la mejor solución es pasar página este año y seguir trabajando con responsabilidad para poder ofrecer a nuestro público la tercera edición del 4ever Valencia Fest en 2022”, señalaban en un comunicado.
Este será, según apuntan varias fuentes consultadas, el primero de una cascada de cancelaciones que se irán dando en las próximas semanas. Quien no lo ha hecho aún, es porque nadie les ha comunicado oficialmente que no puedan celebrar su evento y las pólizas de seguros y legislaciones de devolución de entradas necesitan ese trámite.
Por ello, sorprende que a la pregunta de este diario, ni Emergencias (que es quién gestiona las licencias de estos eventos) ni Sanidad tengan un plan ni previsión a corto plazo de actuar. Los primeros alegan que, ante la situación, tienen que esperar las instrucciones del departamento liderado por Ana Barceló, y en este se limitan a decir que tres meses es mucha previsión como para prever algo.
La única administración que ha trabaja en ese escenario es, precisamente, aquella que no tiene competencia alguna: Turisme CV, a través de los sellos Mediterranew Musix. La iniciativa ha crecido exponencialmente con esta situación (han pasado de reunir a 40 festivales a más del doble y han doblado sus marcas para poder atender la demanda individualmente), además de poder entrar en el último paquete de ayudas directas que ha aprobado Turisme CV de unos 18 millones de euros para todo el sector. “Estamos trabajando en todos los escenarios posibles para poder atender al tejido empresarial y que no se pierda”, explica Daniel Arnal, responsable de la marca. En los últimos años, además, han adquirido un papel no oficial de mediadores ante otras administraciones.
“Las cancelaciones no van a ser una sorpresa, simplemente no se pueden hacer si no hay un apoyo institucional”, así explica a este diario cuál es el sentir de la industria Joan Gregori Maria, President de la VAM! i director de la Fira Trovam!, que fue una de las pocas iniciativas musicales de ciertas dimensiones que se pudieron llevar a cabo este otoño. “Las promotoras van a tener que cancelar y adaptarse con otro evento de otras dimensiones”, añade.
Ese también es el sentir de Sergi Almiñana, presidente de MUSICAPROCV, que aboga por crear una marco de trabajo junto a las administraciones para manejar distintos escenarios y poder prever en vez de actuar a ciegas y a destajo. “Necesitamos saber, por ejemplo, si hay una desescalada, cuál es el aforo que permitirían primero. Para las consellerias tal vez la decisión de poder hacer un evento para 400 o para 1000 personas no sea relevante, pero para un promotor es imprescindible para saber si va a poder llevarlo a cabo o no”, argumenta.
Los dos portavoces de las asociaciones de la industria señalan en que cualquier previsión de hacer algo en verano puede saltar por los aires. Solo una cosa está clara: no se van a celebrar los festivales que están previstos desde la realidad pre-covid; una constatación que no quiere sentenciar ninguna administración aún (el Estado de Alarma estará vigente hasta el 31 de mayo, y no se ha anunciado nada que vaya más allá de esa fecha) y los promotores de los macrofestivales no han querido contestar a las preguntas de Culturplaza ni en València (PROFEST) ni en Madrid (FMA).
Y si las cancelaciones son una realidad, también lo es la nueva forma de trabajar en eventos alternativos, pensados con protocolos que ya están muy desarrollados, que se han puesto en práctica este verano y que aseguran una cultura segura. “No podemos diseñar eventos que se vayan a anular, sino que estemos seguros que -salvo confinamiento total- se puedan llevar a término”, subraya Joan Gregori Maria. En este sentido, tras las cancelaciones, se prevén otras iniciativas de pequeño formato, con un precio mayor para compensar la pérdida de ingresos en masa y en barra, y con unos protocolos ya del todo conocidos.
Ese marco de trabajo al que aludía Almiñana busca, principalmente, diseñar esa nueva normalidad musical en la que apoyarse y ponerse a trabajar en ella. No solo esperar el aluvión de cancelaciones.y devolución de entradas, sino buscar ingresos con proyectos más realistas en esta situación sanitaria. En este sentido, las promotoras están contratando a los artistas con horquillas en función del aforo y adaptando su propuesta a los nuevos pilares de proximidad y flexibilidad en sus programaciones.
Las dos fuentes también apuntan una misma idea: no solo está en juego el futuro de las empresas promotoras, también lo está el de la contratación de personal técnico, artistas y toda la industria que se mueve en la temporada estival. “Hemos visto las costuras de la precariedad y la fragilidad de la industria y otro verano sin música sería fatídico”, sentencian. Las ayudas directas que reciben les permite “mantener la estructura de la empresa unas semanas”, pero de cada al futuro, han trasladado la idea de un Bono Festival (similar al Bono Viaje que impulso Turisme CV), la urgencia de una mejora del marco normativo o la ampliación de contratos y programaciones en espacios públicos, entre otras medidas.
Tal vez el título de este ladillo sea la gran pregunta: ¿y el consumidor, qué? Pues dentro de la falta de plan por parte de la Administración, se encuentra la falta de previsión ante la nueva ola de cancelaciones. Otra vez, ni Emergencias ni Sanidad ni ningun otro departamento está allanando el camino para cuando esto ocurra. Vicente Inglada, Secretario de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, explica que sí hay cierta “preocupación” por el hecho de que la situación sanitaria deja claro que no se van a celebrar estos eventos mientras algunos de ellos siguen incluso vendiendo entradas.
Si seguramente no se va a permitir reunir este verano a más de unos pocos cientos de personas, ¿cómo van a gestionar las promotoras las decenas de miles de entradas que vendieron antes y después de marzo de 2020? Tras un año y medio y con la incertidumbre incluso de si se recupera la plena normalidad en 2022, muchos festivales devolverán el importe de todas las entradas, mientras otros explorarán alternativas, como la reventa ética (aún por regular), que consiste en que sea la propia promotora del festival la que ponga en reventa la entrada de aquellas personas que soliciten la devolución del importe gastado y los primeros abonos vendidos para la próxima edición sean precisamente los que hayan sido rechazados por los consumidores; o el mantenimiento de la entrada a cambio de otras ventajas para el usuario o usuaria.
En todo caso, Inglada apunta a que todo lo que suponga una modificación sustancial de las condiciones acordadas en la venta de la entrada (incluido el cartel, difícil de mantener dos años más tarde) es motivo suficiente para que una persona pueda exigir la devolución del importe. Desde Unión de Consumidores también señala que, por ahora, todas estas devoluciones se han producido sin incidentes y que se ha recibido reclamación alguna.
Desde el sector pedían el año la declaración del coronavirus como fuerza mayor y la regulación de esta para poder tener margen en esa devolución de entradas, pero en este momento solo País Vasco tiene ese marco vigente.
El Ministerio de Consumo, por su parte, explica que el plan está diseñado desde el principio de la pandemia en el artículo 36 del Real Decreto-ley 11/2020: cualquier consumidor que adquiera una entrada para un evento (o cualquier otro servicio de tracto único o sucesivo) que no pueda ser satisfecho por la empresa con motivo de la actual pandemia, tiene derecho a solicitar la cancelación del contrato. En tal caso, la compañía puede ofrecerle una prestación alternativa en un plazo de 60 días, como ya ocurrió con las cancelaciones de los festivales del año pasado mediante el ofrecimiento de bonos para la celebración de festivales en años siguientes. Si transcurridos esos 60 días, el consumidor no desea la prestación alternativa que se le ofrezca, queda garantizado su derecho al reembolso que deberá ser satisfecho en 14 días.