María Jesús Montero, este viernes en Jaen. Foto: JM Pedrosa (EFE)VALÈNCIA. El PIB o la población ajustada serán los únicos criterios que el Ministerio de Hacienda aplicará para decidir qué cantidad de los 13.500 millones no reembolsables para compensar el impacto de la covid recibirá cada comunidad autónoma. La ministra María Jesús Montero insistió este viernes en que las CCAA deben manifestar cuál prefieren y se aplicará el que escoja la mayoría, pero la Comunitat Valenciana rechaza esta modalidad.
Según explican fuentes del departamento que dirige Vicent Soler, la respuesta que se está elaborando para remitirla antes del día 25 irá en la línea de reclamar al Ministerio que el fondo se reparta como el del pasado año, por tramos y según unos criterios que las CCAA y el Gobierno negociaron en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
Sin embargo, Montero no parece estar dispuesta a afrontar otra negociación como la del año pasado, marcada por el choque de intereses entre las autonomías para defender un mayor peso de los criterios que les beneficiaban. Este año, la asignación se realizará de forma que "no sea nuevamente una disputa entre territorios de partidos políticos", manifestó la ministra.
Hacienda, dijo, adoptará la decisión en base a "las voluntades expresadas por cada una de las comunidades, intentando atender a la mayoría, por tanto al interés general". El reparto final de los 13.500 millones se hará atendiendo a "aquella opción que sea mayoritaria".
Sin embargo, la Conselleria de Hacienda rechaza la imposición de dos únicas alternativas y defenderá que el reparto contemple las distintas necesidades de recursos entre territorios, como el mayor gasto provocado por la pandemia en 2021 o las "importantes diferencias" de recursos financieros de los territorios.
De hecho, la negativa de Montero a aplicar cualquier otro criterio de reparto implica rechazar de facto la propuesta que ha realizado Fedea para repartir los fondos covid con criterios de nivelación para compensar a las CCAA peor tratadas por el actual sistema de financiación, como la Comunitat Valenciana. También desoye la reclamación de la Comunitat para habilitar un fondo de nivelación transitorio mientras se reforme el modelo de financiación.
Como mínimo, la Conselleria de Hacienda aspira a que los fondos de 2021 se asignen como los de 2020, cuando la Comunitat recibió 1.450 millones de los casi 15.000 que se repartieron el conjunto de las comunidades. El fondo se estructuró en cuatro tramos –dos sanitarios, uno educativo y un cuarto para compensar la caída estimada de la recaudación– y se ponderaron criterios como los ingresados en UCI, las hospitalizaciones o la población protegida, ente otros.
Los sucesivos cambios acordados entre el Gobierno y las CCAA hasta llegar a ese diseño final beneficiaron a la Comunitat Valenciana, ya que el criterio de población ganó peso en el cálculo final acordado.
Este año, la Conselleria de Hacienda defenderá la aplicación de parámetros que reflejen las necesidades reales de gasto de los territorios. Por ello, volverá a reclamar la aplicación del criterio de población, pero con una definición del criterio de población ajustada distinta a la del modelo de financiación, donde la Comunitat Valenciana resulta perjudicada frente a otras regiones como Galicia o Cantabria.
Para estimar las necesidades de gasto, el modelo de financiación vigente desde 2009 calcula las necesidades de gasto sobre parámetros demográficos como la población protegida equivalente a efectos de gasto sanitario, la población menor de 16 años o mayor de 65 años, y otros físicos como la superficie, la dispersión o la insularidad.
La ministra de Hacienda se ha mostrado recientemente dispuesta a que la redefinición de la población ajustada sea una de las primeras a analizar con vistas a la reforma pendiente del sistema de financiación porque el actual genera "diferencias injustificables" entre las comunidades y castiga a la Comunitat como la peor financiada.
Por ese motivo, la Conselleria de Hacienda considera que el reparto del fondo covid de este año es un buen punto de partida para ensayar esa nueva definición de población ajustada para el cálculo de las necesidades reales para financiar los servicios básicos en cada territorio.
