Soler señala que el Decreto de Nueva Planta "planea sobre los valencianos" después de 312 años

VALÈNCIA (EFE). El conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha señalado este jueves que, 312 años después, todavía se siente "cómo planea sobre los valencianos la sombra del Decreto de Nueva Planta", por el que quedaron abolidas las leyes e instituciones propias del Reino de Valencia.

El conseller se ha pronunciado así en el I Encuentro de Juristas de Derecho Civil Autonómico, organizado por la Conselleria de Transparencia, la Comisión Asesora de Derecho Civil Valenciano y la Cátedra de Derecho Foral Valenciano en colaboración con la Facultad de Derecho de la Universitat de València.

"Es necesario volver a poner en marcha normas en materia de derecho civil, tal y como ya han hecho otras autonomías, que nos permitan recuperar nuestra dignidad como pueblo y nuestro autogobierno", ha defendido Soler.

El conseller ha lamentado que la Comunitat Valenciana, pese a contar con un pasado foral propio, carece de un derecho civil foral, como sí lo tienen Cataluña, Islas Baleares, Aragón, País Vasco, Navarra y Galicia, ya que con la entrada vigor de la Constitución solo se le reconoció este derecho a los territorios que lo tenían compilado.

La abolición 'dels Furs' y la batalla de Almansa son "dos elementos cruciales para entender nuestra historia actual como pueblo y, aunque hayan pasado más de 300 años, todavía resuenen en nuestros oídos las terribles palabras que contenía el Decreto de Nueva Planta", ha indicado.

Según Soler, recuperar el derecho civil valenciano "no quiere decir desempolvar las normas del siglo XIII", sino poder legislar en las mismas materias conforme a las exigencias actuales para mejorar la vida de las personas.

"Tener limitada nuestra capacidad normativa en materia de derecho civil supone un claro perjuicio para los cinco millones de valencianas y valencianos y un situación claramente discriminatoria respecto a otros territorios", ha lamentado.

El conseller ha afirmado que esta "discriminación jurídica" se une a la que sufre la Comunitat Valenciana por "el injusto modelo de financiación vigente, que nos relega a ser ciudadanos de segunda y a no disponer de ingresos suficientes" para garantizar la prestación de los servicios públicos fundamentales en niveles similares a los de otros territorios.