VALÈNCIA. La Comunitat Valenciana es la única autonomía que se ha quedado fuera del acuerdo marco del Ministerio de Sanidad para adquirir material sanitario y equipos de protección individual para el Sistema Nacional de Salud por un valor de más de 2.500 millones de euros.
Según ha informado el Ministerio de Sanidad, las comunidades de Murcia, Galicia, Cataluña y País Vasco han comunicado en los últimos días su intención de sumarse a este acuerdo marco, que sustituye al que fue anulado hace dos semanas para, según Sanidad, "poder atender las peticiones de adhesión de distintas CCAA que, aunque inicialmente no habían manifestado su interés en participar en el acuerdo, comunicaron finalmente su voluntad al INGESA".
La nueva licitación prevé la compra de 4.200 millones de unidades de batas quirúrgicas, guantes de nitrilo, gafas de protección, mascarillas quirúrgicas tipo II y IIR, mascarillas de protección FPP2 y FPP3, test PCR y kits de extracción, en un plazo de dos años Los pliegos se han publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en el Portal de Contratación Centralizada del INGESA para que las empresas interesadas presenten sus ofertas.
El objetivo es dotarse de una reserva estratégica para hacer frente a cualquier eventualidad que pudiera producirse por la Covid-19.
Tras frenar la anterior licitación, el Ministerio de Sanidad solicitó a las CCAA que pidieron adherirse que especificasen sus necesidades, tras lo cual se han modificado los pliegos para incluirlas.
Al ser un procedimiento agregado, se calcula un ahorro de más de 300 millones
No obstante, también se han modificado los pliegos "para facilitar la presentación de ofertas e incrementar la concurrencia y así poder tener satisfacer las necesidades de todas las CCAA". En este sentido, cabe recordar que los anteriores pliegos fueron cuestionados desde algunos ámbitos al entender que las exigencias previas limitaban el acceso a muchas empresas españolas.
El importe económico total del contrato es de 2.578.739.505 euros (IVA incluido) y tiene una duración de un año con posibilidad de prórroga por un segundo año.
Los precios unitarios establecidos son precios máximos y se han calculado teniendo en cuenta los que hay en el mercado, previa consulta a los servicios de salud de las CCAA. Por lo tanto, las empresas podrán ofertar distintos productos (con precios diferenciados) siempre que cumplan con los requisitos técnicos y administrativos exigidos y no superen el precio máximo de licitación.
Al ser un procedimiento agregado para todo el Estado se calcula un ahorro de más de 300 millones de euros.
se acortan los plazos para que una parte importante del material adjudicado esté disponible en septiembre
Los pliegos administrativos y técnicos se han publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en el Portal de Contratación Centralizada del INGESA. Igualmente, se comunicará a través de las principales asociaciones empresariales de los sectores implicados, subraya el Ministerio de Sanidad.
Se trata de una tramitación de emergencia. Esto implica que se acortan los plazos para que una parte importante del material adjudicado esté a disposición de los servicios de salud antes de finalizar el mes de septiembre.
El objetivo es que la adjudicación se realice en agosto, para que las comunidades autónomas puedan realizar contratos basados en este acuerdo-marco al final de este mes y que las empresas adjudicatarias puedan comenzar a suministrar a los servicios de salud de las comunidades autónomas en el mes de septiembre.