La primera ministra británica se enfrenta al mayor desafío de la salida de la UE con la aprobación parlamentaria en Reino Unido el próximo 11 de diciembre
MADRID. La primera ministra británica, Theresa May votó permanecer en la Unión Europea (UE) en 2016 pero, tras afirmar que "Brexit significa Brexit" y no debe resultar en un Reino Unido 'más pobre', ha tenido que adaptarse a las políticas cambiantes en Reino Unido. Todo ello con un enfoque pragmático y equilibrando imperativos políticos internos con necesidades de la economía y empresas para las que una salida repentina sería muy perjudicial.
Ahora, y después de que los líderes europeos en Bruselas hayan aprobado oficialmente el plan que mantiene al Reino Unido en una 'Unión aduanera' hasta marzo próximo, el mayor desafío es la aprobación parlamentaria en Reino Unido el 11 de diciembre. Aunque el gabinete de May aprobó el acuerdo de divorcio con la Unión Europea, algunos de sus miembros -considerando que sigue dando a la UE demasiada influencia- han dimitido incluyendo; entre otros, Dominic Rabb, secretario de Brexit, y la secretaria de Trabajo y Pensiones, Esther McVey. Los duros ('Hard Brexiteers') del Partido Conservador se oponen y el Partido Laborista quiere nuevas elecciones y han estado pidiendo que se rechace el acuerdo alegando que se debe permitir el voto sobre los términos de Brexit.
El caso es que el acuerdo, aunque incluye un período de transición durante el que los acuerdos comerciales permanecerán en vigor -prorrogable 21 meses tras la salida oficial el 29 de marzo de 2019-, no hace nada para resolver la futura relación comercial del Reino Unido con la UE. Se trata de una vaga 'declaración política' respecto a que el Reino Unido permanecerá en una 'zona de libre comercio', con 'profunda cooperación en materia de bienes'. Es una forma críptica de decir que la relación futura se deja para otro gobierno (después de las elecciones), en una transición al menos hasta diciembre de 2020. Se supone que permite ganar tiempo al Reino Unido para que negocie.
Las opciones incluyen mantener relaciones comerciales estrechas con la UE como Noruega o en menor grado con Canadá. Además, el acuerdo incluye el pago de la factura del Reino Unido, 39.000 millones de libras, estatus de residentes europeos en Reino Unido y una disposición para impedir una frontera dura entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda en caso de que las conversaciones con la UE fracasen, manteniendo a todo el Reino Unido en unión aduanera de mercancías.
El caso es que May, que ya ha superado otros obstáculos importantes los últimos meses, puede tener enfrentarse a una moción de confianza. Si ganara tal moción se vería fortalecida, pues solo se puede hacer una vez al año. De todas formas, en su caso, no está claro si habría suficiente tiempo antes de marzo para iniciar el procedimiento de sustitución de May, pues las bases del partido deben ser consultadas, lo que llevaría varias semanas.
Nuestro escenario central es que el Parlamento del Reino Unido se haga cargo del acuerdo de divorcio o al menos de una versión enmendada, incluso en segunda votación, evitando una salida precipitada, lo que puede suponer apoyo para la libra. Pero la incertidumbre política puede seguir alta hasta el 29 de marzo de 2019. Si el Parlamento británico aprueba el acuerdo tendrá que ser ratificado formalmente por los países de la UE, lo que no es difícil. Si no aprueba el divorcio puede haber tentación de renegociar, aunque los europeos insistan en que ya han dado su mejor oferta. De todas formas hasta final de marzo hay espacio para opciones alternativas.
Es posible presentar un acuerdo de divorcio enmendado, incluso en segunda votación parlamentaria, probablemente a finales de enero, la alternativa más probable vinculada a la promesa de un segundo referéndum sobre permanencia en la Unión Europea en dos años para validar el voto del Parlamento, aunque la UE se resistiría a reabrir negociaciones, argumentando el poco tiempo de ratificación en países de la UE. También puede haber nuevas elecciones, perspectiva que asusta a muchos Tory. Otra alternativa es una prórroga, digamos por un año (en cuyo caso el Reino Unido no participaría en las elecciones del Parlamento Europeo de Mayo). Tendría especial sentido si se convocaran nuevas elecciones, aunque también añadiría más incertidumbre.
Una tercera opción es que el Gobierno del Reino Unido y el Parlamento permanecen paralizados por las divisiones, escenario del 'precipicio' para el 29 de marzo. La alta incertidumbre, fricciones en puertos y fronteras y probable volatilidad del mercado financiero tendrían serias consecuencias económicas. También es posible que la volatilidad del mercado tras un voto fallido inicial en el Parlamento ejerza presión adicional sobre los parlamentarios para que reconsideren su voto y se pongan de lado de May, quien ha subrayado que su acuerdo es la única alternativa a los extremos.
El caso es que la irresolución, incluyendo la futura relación con la UE permanecerán, limitando la capacidad del Banco de Inglaterra para aumentar más sus tipos de interés en 2019. A corto plazo la libra esterlina está en riesgo, aunque puede recuperarse los próximos doce meses. En el peor escenario de falta de acuerdo sobre Brexit puede caer precipitadamente, incluso por debajo de 1,2 unidades por dólar. En cualquier caso la política monetaria del Banco de Inglaterra dependerá de la naturaleza de la transición tras el 29 de marzo.
Luc Luyet es economista de Pictet WM