Todos los partidos tienen algo que callar sobre la infrafinanciación valenciana

VALÈNCIA. El pasado martes, la plataforma Per un finançament Just se reunía con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para abordar la reforma de un sistema que caducó en 2013 y cuyo funcionamiento perjudica notablemente a los valencianos, dejando a la Comunitat a la cola de España en lo que se refiere a financiación por habitante ajustado.

Los miembros de la asociación fundada en 2017, entre los que se encuentran sindicatos como UGT-PV, CCOO-PV, organizaciones empresariales como la CEV o la mayoría de partidos del arco parlamentario valenciano (PSPV, Compromís, Podem, EU y Ciudadanos), asistieron perplejos al ejercicio de sinceridad de la ministra, quien vino a revelar que el Gobierno no presentará este año, pese haberlo acordado, la primera propuesta del Gobierno para la reforma del sistema.   

Una postura basada, según explicó la propia ministra, en la actual "crispación" en el Congreso, la "oposición del PP" a negociar y otras cuestiones no menos relevantes como el poco acuerdo existente entre las autonomías gobernadas por el PSOE de cara a trazar un modelo común. Con esas excusas, es posible que no haya propuesta no ya este año, sino en toda la legislatura.

Un planteamiento que causó estupor en la delegación valenciana e, incluso, sorpresa entre los más cándidos. La negativa de Montero, matizada al día siguiente en sus manifestaciones públicas tras una reunión de Pedro Sánchez con el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, evidenció que el problema valenciano -y de algunas otras autonomías- no es prioritario ni, posiblemente, lo será en los próximos meses, quizá años. Pero, ¿de quién es la culpa? Pese a que los actores políticos se recriminan sus posiciones, echando la vista atrás pocos son los que no han tenido una parte de culpa en esta crónica de la infrafinanciación valenciana.

El PSOE, ahora en el poder, es el responsable de haber diseñado en 2009, con Rodríguez Zapatero al mando -aliado entonces con ERC- el actual sistema vigente. Un modelo que, a priori, no debía ser tan negativo para la Comunitat Valenciana -de hecho fue respaldado por los diputados valencianos en el Congreso al considerar que era mejor que el anterior, aprobado por José María Aznar-, pero que finalmente se convirtió en una trampa para las arcas de la Generalitat. El PP saca pecho porque en aquel momento se abstuvo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y votó en contra en el Congreso, si bien Mariano Rajoy gobernó entre 2011 y 2018 sin que tampoco abordara la reforma del sistema caducado en 2013, precisamente durante su mandato.

Precisamente ahí es donde los socialistas ponen el acento. Fue el presidente popular quien no afrontó la cuestión cuando disponía incluso de una mayoría absoluta en el Cámara Baja. Es cierto que hizo un avance importante: fue en enero de 2017, en una Conferencia de Presidentes en la que el tema estrella fue justamente la reforma del sistema anunciado por Rajoy y que comenzaría con unos trabajos técnicos que se sucedieron durante los siguientes meses con una conclusión clara por parte de los expertos. 

Según el consenso de los técnicos, el Gobierno debía hacer más grande la 'tarta' -al menos 13.000 millones de euros y hasta 16.000 millones, según algunos cálculos- para no causar conflictos entre las Comunidades Autónomas y, de hecho, todas ellas presentaron los correspondientes documentos justificando sus posiciones, a la espera de una propuesta del Gobierno que nunca llegó.

La suficiencia, precisamente, es uno de los problemas de la reforma. Las CCAA prefieren aumentar los fondos del reparto -lo que iría en detrimento del dinero disponible para la Administración General del Estado-, dado que ninguna región quiere percibir menos de lo que dispone ahora para que otras mejoren su situación. Por tanto, la solución más aceptada es la de aportar un plus que recibirían en mayor proporción las CCAA peor financiadas, lo que acercaría a todas a la media. Es decir, que nadie recibiría menos pero las autonomías perjudicadas -Comunitat Valenciana, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha, principalmente- percibirían un poco más para aproximarse al resto.

Sin embargo, este anuncio de Rajoy y los posteriores trabajos técnicos sobre la financiación quedaron inutilizados con el avance del proceso soberanista en Cataluña, especialmente con el referéndum sobre la independencia del 1 de octubre de ese mismo 2017. El PP pasó la reforma del sistema a un segundo plano ante el empuje del debate catalán, que muchos consideraban en su partido positivo estratégicamente para el presidente del Gobierno: su posición firme contra el movimiento le garantizaba simpatías en un buen número de autonomías a las que no convenía alterar con un debate sobre la financiación que podía contribuir a distorsionar el mensaje global de unidad de España frente al desafío soberanista.

No obstante, los planes de Rajoy se rompieron en mayo de 2018 cuando la Audiencia Nacional condenó al PP por beneficiarse de la trama Gürtel. El PSOE de Pedro Sánchez se lanzó a una moción de censura que, por primera vez en democracia, prosperó y condujo al socialista directamente a La Moncloa. Ahora bien, durante este proceso Sánchez ya admitió públicamente que no iba a reformar el modelo en esa legislatura, pese a la insistencia del diputado de Compromís, Joan Baldoví, quien respaldó finalmente la moción de censura pese a no disponer de ninguna garantía de que esta condición fuera a cumplirse.

Un mes después, el parlamentario de la coalición valencianista pronunciaba en una sesión de control una frase célebre: "Señor Sánchez, no nos haga un Montoro", en referencia al anterior ministro de Hacienda, quien había gambeteado sin descanso para evitar abrir este melón. La respuesta del presidente del Gobierno fue clara: "Hay que ser realistas, señor Baldoví. Y por tanto, no mentir a los ciudadanos. Este Gobierno no lo va a hacer. Nosotros mejoraremos la financiación autonómica, pero la revisión a fondo solo se va a poder realizar la próxima legislatura".

Un balón lejano, despejado a córner, que dejó a Compromís sin la posibilidad de articular un discurso reivindicativo de fuerza, dado que habían respaldado a un presidente del Gobierno que ya les había advertido que no podría reforma el modelo con la debilidad parlamentaria vigente, fruto de una moción de censura con diversas fuerzas que, en algunos casos, podían retirarle el apoyo en cualquier momento. 

Con este escenario se llegó a las elecciones generales de 2019. Primero se acudió a las urnas el 28 de abril, cita e la que el PSOE fue la fuerza más votada pero no pudo -o no quiso- alcanzar acuerdos con otras formaciones. En este caso, una reunión exprés a principios de agosto de Sánchez con Mónica Oltra, Joan Baldoví y en la que participaron también Ximo Puig y José Luis Ábalos, garantizó el apoyo de la coalición valencianista a su investidura a cambio de acometer la reforma del sistema de financiación. Un encuentro que, no obstante, quedó en agua de borrajas tras la imposibilidad del líder socialista de conseguir una mayoría -a su gusto- en el Congreso para ser presidente, lo que abocó al país a unas nuevas elecciones.

La cita tuvo lugar el 10 de noviembre y la consecuencia principal fue el auge de Vox y que Ciudadanos quedara en fuera de juego, por lo que Sánchez resolvió raudo su investidura con el no deseado -hasta entonces- acuerdo con Pablo Iglesias.

En este proceso, alcanzaba también un rápido pacto con Compromís que, generosamente, dio un plazo de ocho meses al nuevo gobierno para presentar un primer documento con una propuesta para la reforma de la financiación. Un margen quizá excesivo para una cuestión que todos los actores conocen sobradamente y que requiere de una voluntad política más que técnica.

En cualquier caso, apenas un par de meses después de este acuerdo entró en escena la pandemia, por lo que todas estas cuestiones pasaron a un lógico segundo plano. No obstante, un año después y encaminados aparentemente a la nueva normalidad, el problema volvió a ponerse sobre la mesa. Primero Puig, que en una visita a Montoro en marzo salió con el compromiso de que el ministerio presentaría su propuesta "en los próximos meses".

Por su parte, Baldoví presentó en abril en el Congreso una moción para recuperar el debate: una iniciativa que se saldó con la enmienda transaccional por parte del PSOE y Unidas Podemos que incluía instar al Gobierno a presentar una propuesta de la reforma antes de que acabara este año. Es decir, otros ocho meses de plazo para la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Una maniobra, posiblemente ingenua, que dos meses después ha quedado en evidencia ante el baño de realidad expresado por la ministra ante la plataforma Per un Finançament Just. El PSOE, insiste en que no aborda la reforma porque el PP la bloqueará en el Congreso; los populares, dado que ahora no gobiernan y el problema es de Pedro Sánchez, parecen más dispuestos que nunca a afrontar este debate, tal como evidenciaron Alberto Núñez Feijóo y Moreno Bonilla el jueves en el Cercle d'Economía. De hecho, el nuevo líder de los populares valencianos, Carlos Mazón, incluso estuvo en la foto del martes frente al Congreso y se sumará a la citada plataforma reivindicativa de la que se desmarcó Isabel Bonig en su día. 

Mientras, como actores más secundarios, aparecen Unides Podem, a favor de la reforma pero también con la prudencia que marcan sus 'hermanos mayores' en el Gobierno de España; Ciudadanos, que reivindica la mejora de la financiación valenciana aunque con un convencimiento relativo propio de su arraigado centralismo, y Vox, que directamente se opone a esta reivindicación al considerar que perjudica la unidad nacional y evidencia, tal y como ha recalcado su portavoz en Les Corts, Ana Vega, el "fracaso" del Estado de las Autonomías.