Francisco Toledo, presidente de Puertos del Estado. Foto: DANIEL DUARTVALÈNCIA. El abogado del Estado José Antonio Morillo-Velarde cesará próximamente como vocal del consejo de la Autoridad Portuaria de València (APV). Lo hará por expreso deseo del presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo, quien ha propuesto separarlo para designar como su representante en ese órgano a Pilar Parra, directora corporativa de Puertos del Estado.
Con este relevo, que debe ser aprobado por el pleno del Consell este viernes, Morillo-Velarde cerrará una etapa de trece años como vocal del consejo de la APV. La propuesta para separarle del Puerto de València se produce apenas un mes después de que este abogado del Estado firmase el informe jurídico que avala la vigencia de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de 2007 para la ampliación norte del Puerto.
Ese informe jurídico es uno de los documentos sobre los que el presidente de la APV, Aurelio Martínez, justifica su decisión de no tramitar una DIA simplificada y continuar adelante con el otorgamiento definitivo de la concesión a TIL, operador de terminales portuarias del grupo MSC, para construir y explotar esa terminal.
La intención de Martínez es que el consejo de administración de la APV lo apruebe tan pronto como sea posible, previsiblemente antes del verano. Para entonces, Morillo-Velarde ya no formará parte del consejo que, si se mantienen los mismos equilibrios que hasta ahora, aprobará el otorgamiento de esa concesión.
Morillo-Velarde, cuyo destino será probablemente la Autoridad Portuaria de Baleares, es también subdirector de Servicios Jurídicos de Puertos del Estado y el firmante del informe jurídico emitido el pasado 9 de abril a petición de la APV sobre la validez de la DIA para la ampliación norte, cuya vigencia ha sido puesta en entredicho por la Comissió Ciutat-Port al interpretar que estaría caducada.
En sus conclusiones, Morillo-Velarde establecía que, puesto que el proyecto de Ampliación del Puerto de Valencia cuenta con DIA favorable y las obras comenzaron a ejecutarse antes de cumplirse un año desde la publicación de ésta, se considera que la DIA está vigente, dado que no incurre en ninguno de los supuestos de caducidad de las legislaciones en materia de evaluación ambiental, incluyendo la actual Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Junto a este informe jurídico, Puertos del Estado también emitió una nota técnica en la que concluyó que las modificaciones planteadas en el anteproyecto, como la renuncia al dragado para ampliar el canal de acceso o la no prolongación del dique principal, no parecen incurrir en ninguno de los supuestos legales que determinan cuando las modificaciones de proyectos que cuentan con DIA en vigor deben someterse a nueva evaluación ambiental.
Sin embargo, esa nota destaca que la renuncia del Puerto de Valencia a los aspectos más polémicos de la obra –el dragado del canal de acceso y la prolongación del dique principal– han sido claves para evitar incurrir en alguno de los supuestos que, en virtud de la legislación ambiental, sí hubieran obligado a Aurelio Martínez a tramitar una nueva DIA y, en consecuencia, a retrasar la adjudicación de la nueva terminal de contenedores al grupo MSC.
Aún así, el estudio técnico recomienda al Puerto de Valencia que en caso de que las actuaciones previstas están exentas de evaluación ambiental simplificada, acredite previamente una serie de cuestiones ambientales como acreditar que el dragado de la dársena interior, mayor del previsto, no suponga un "incremento significativo de vertidos al litoral" con respecto al proyecto original sometido a la DIA o que garantice que el material sobrante de las demoliciones se reutilizará en el relleno de explanadas para no generar residuos adicionales.
Con todo, el organismo que preside Francisco Toledo ha dejado en manos del presidente del Puerto de Valencia la decisión de ejecutar la obra sin una nueva DIA simplificada, ya que el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) le transfirió apenas unas semanas antes la condición de órgano sustantivo –lo que implica la competencia para decidir– de un proyecto que tiene opciones de acabar en los tribunales.
De hecho, la Comissió Ciutat-Port ha presentado un primer recurso de alzada contra esa resolución aclaratoria de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Miteco que apunta a que la competencia para solicitar una nueva DIA del proyecto de ampliación del Puerto de València es de la APV.
Desde que Puertos del Estado envió a la APV su "respuesta de carácter informativo" con el mencionado informe jurídico y la nota técnica, Compromís ha redoblado su ofensiva en contra de la ampliación, tanto desde el Congreso de los Diputados, el Ayuntamiento o la Conselleria de Transición Ecológica, que directamente ha pedido a la ministra Teresa Ribera que pare la obra.
Por otro lado, la APV desconvocó la semana pasada la reunión de su consejo de administración prevista para el próximo día 28 a las 10:30 horas. Según la nota remitida a los vocales, se procedió a la "cancelación" para "liberar agenda".
Preguntado al respecto, un portavoz de la APV aseguró que el encuentro no llegó a ser convocado ya que la mayoría de cuestiones a tratar era asuntos de trámite administrativo que no justificaban la convocatoria del consejo de administración.
