MADRID (EFECOM). Pagar más o menos tributos va por territorios. No es igual vivir en una comunidad o en otra a la hora de aportar a las arcas públicas. Un contribuyente soltero, sin hijos y con un sueldo bruto de 20.000 euros anuales paga de IRPF 2.269 euros año si reside en Madrid, y 241 más si está empadronado en Cataluña.
Pero no solo se trata del IRPF. Si se atiende al impuesto de sucesiones las diferencias se acrecientan. Heredar bienes por valor de 800.000 euros (de los que 200.000 corresponden a la vivienda del fallecido) supone un coste de 103.105 euros en Asturias y cero cuota si la herencia se da en Andalucía, Cantabria o Galicia, según el Consejo General de Economistas y la red de asesores fiscales REAF.
El debate sobre la armonización fiscal y la reforma no resuelta del modelo de financiación autonómica ha devuelto a la actualidad las diferencias tributarias entre comunidades, no solo en el IRPF sino también en impuestos cedidos (patrimonio, sucesiones y donaciones, y transmisiones patrimoniales o actos jurídicos documentados).
El impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) se reparte entre el Gobierno y las comunidades, que disponen de un tramo autonómico.
Los contribuyentes madrileños, riojanos y canarios que ganan al año 16.000 euros brutos son los que menos compromiso fiscal tienen (864 euros), frente al País Vasco, que grava en este tramo 1.120 euros.
Cuando la horquilla se abre a los 20.000 euros al año, Cataluña es la que lidera el "ranking" con la mayor presión fiscal: 2.510 euros al año, situación que se repite en el tramo de 30.000 euros, donde el contribuyente catalán aporta 5.102 euros anuales.
Si trabajar en la Comunidad de Madrid es ventajoso para el tramo de los 16.000 euros también lo es para los salarios muy elevados, los que van de 110.000 a 600.000 euros al año, que son los que más se benefician de todo el país de un IRPF a la baja.
A la hora de pagar el impuesto de patrimonio Aragón se pone a la cabeza con 1.124 euros por una fortuna de 800.000, mientras que la Comunidad de Madrid bonifica este tributo al cien por cien.
Las provincias de Vizcaya y Álava también se suman a esta bonificación pero solo en el tramo de 800.000 euros.
Además de Aragón, Extremadura es la otra comunidad que más grava a los contribuyentes por este impuesto con una cuota de 1.099 euros, seguida a distancia de Cataluña (769).
Extremadura también es la comunidad que más paga en el caso de que la fortuna ascienda a cuatro millones de euros, entonces el gravamen es de 59.919 y de 418.155 para un patrimonio de 15 millones.
En sucesiones el tipo más alto se da en Asturias. Un contribuyente soltero de 30 años que hereda los bienes de su padre por un valor de 800.000 euros, de los que 200.000 son de la vivienda del fallecido, llega a pagar 103.135 euros frente al coste cero de Andalucía, Cantabria y Galicia.
Detrás de Asturias se sitúa Castilla y León con 63.193 euros por la misma herencia, seguida de la Comunitat Valenciana con 55.466 euros.
Entre las comunidades con más presión fiscal en este tributo también están Aragón (32.342), La Rioja (31.759) y Castilla-La Mancha (31.748 euros).
Por contra, las más laxas, además de las tres excepciones citadas, son Madrid (1.586 euros), Extremadura (1.587) y Murcia (1.640).
En donaciones, un contribuyente de 30 años que recibe de su padre 800.000 euros en efectivo abona 200.122 euros si el asunto se refiere en Castilla y León o Extremadura. En Cantabria, cuota cero.
La Rioja aplica en transmisiones el 7 %, seguida por Madrid y Canarias, con un 6,5 %. El más bajo está en Navarra, con un 6 %.
Más elevado lo tiene Murcia, el 8 %; Castilla-La Mancha, 9 %, y Cantabria, Galicia y la Comunitat Valenciana, que coinciden en el 10 %. Mientras, en Cataluña hay una tarifa de dos tipos que oscila entre el 10 y el 11 %.
Para actos jurídicos documentados, el tipo más bajo es el 0,5 % del País Vasco y Navarra, seguido de Canarias y Madrid (0,75 %) y del 1 % en La Rioja.
En cuanto a los impuestos propios, Cataluña es la que más tiene: un canon del agua, otro sobre la deposición controlada de residuos industriales y la incineración de residuos municipales.
Además, hay un gravamen de protección civil e impuestos a los grandes establecimientos comerciales, estancias en establecimientos turísticos o por emisión de óxidos de nitrógeno de aviación comercial.
También se debe pagar, entre otros muchos impuestos propios, por las viviendas vacías, bebidas azucaradas envasadas o instalaciones que inciden en el medio ambiente.
En el resto de comunidades los impuestos propios abundan, a modo de ejemplo, en el gravamen a residuos peligrosos, instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión y las afectaciones ambientales del uso del agua.
Por citar algunos, en Baleares se gravan los premios del bingo, y en Canarias hay impuestos sobre combustibles derivados del petróleo y sobre las labores del tabaco.
Castilla-La Mancha tiene un canon eólico y Extremadura un impuesto sobre aprovechamientos cinegéticos.
La Rioja paga un tributo por el impacto visual producido por los elementos de suministro de energía eléctrica y elementos fijos de redes de comunicaciones telefónicas o telemáticas.
