BENIDORM. Si hay una reivindicación importante para los empresarios turísticos en los últimos años en la Comunitat Valenciana, es la regulación de los apartamentos vacacionales que se ofertan en plataformas digitales. Una nueva forma de comercializar estos alojamientos que llevan toda la vida dando cobijo a turistas y que ahora se han expandido por todas las ciudades debido a webs como Airbnb. Un fenómeno que ha dejado un vacío en la normativa que permite trabajar con desventaja a aquellos que tienen sus pisos reglados. Es por esto que ahora la Generalitat, a través de la Agencia Valenciana de Turismo, trata de buscar garantías jurídicas para los empresarios agraviados.
Así lo explicó este martes el director general de Turismo, Herick Campos, a la salida de la Comisión de Turismo de la Cámara de Comercio de Alicante en lo que sería la última reunión con el sector privado antes de finalizar las rondas de consultas para la actualización del decreto de alojamientos turísticos en función de la nueva ley de valenciana de Turismo, Ocio y Hospitalidad.
De este modo, indicó que dará prioridad a las garantías jurídicas de los gestores, inversores y usuarios de viviendas turísticas con el fin de “apuntalar” los parámetros de calidad, accesibilidad y respeto al medio ambiente en este tipo de servicios.
Entre las reivindicaciones que han tomado en cuenta en estos últimos meses está la de conocer en todo momento quién es el gestor de los pisos turísticos, ya que en muchos de los casos cambia cada cierto tiempo. Una información que reclamarán desde la Generalitat y que servirá para tener un mayor control del mercado por parte de los agentes públicos.
Al mismo tiempo, buscan agilizar la tramitación en los municipios y la prohibición de alquilar habitaciones individuales. Sobre esto último dijo que también se trataba de una petición por parte de los empresarios, y que era un modelo de alquiler turístico que no compartía la Generalitat.
En este sentido, Campos aseguró que “la Comunitat Valenciana se convierte de nuevo en referente en cuanto a la reglamentación de los servicios turísticos”. Además, puntualizó que el decreto es un documento consensuado con el sector, un decreto que ha salido del diálogo y de la negociación. Para Campos este decreto es un ejemplo de la colaboración público privada, que ha contado con aportaciones, además de las de la propia Cámara de Comercio, de las asociaciones Aptur, Hosbec y la asociación provincial de campings. .
Entre los problemas generados con la puesta en marcha de la ley de Turismo, estaba la petición de compatibilidad urbanística en los ayuntamientos para aquellos pisos turísticos que se querían registrar. Esto provocó un caos en algunos consistorios como el de Benidorm, que dejó durante meses a los empresarios sin la obtención de los requisitos para legalizar sus apartamentos. Un problema que se zanjó con una modificación de la normativa y que Campos dijo estar olvidada.
Si bien es cierto que la batalla que mantienen los alquileres vacacionales con aquellos que se saltan todas las normas autonómicas sigue su curso. La presión de los empresarios a la Generalitat es tal, que incluso han demandado a algunas plataformas web y han terminado ganando, como es el caso de Airbnb por no incluir el número de registro.
Desde Hosbec y Aptur han mostrado su malestar en numerosas ocasiones por tener que competir en condiciones desiguales con aquellos que se saltan todas las normas impuestas. Así, se ahorran unos gastos obligados para seguir la ley autonómica que permiten tener unos precios por debajo de la que sí que están registrados.
