UGT demandará a las empresas de la Generalitat por incumplir el acuerdo de convocatoria de plazas

VALÈNCIA. La paciencia de UGT-PV con el Consell se agota de nuevo. Tal y como hizo cuando forzó vía demanda el 'destape' integral de las plantillas de las empresas públicas, el sindicato volverá a llevar a estas empresas ante los tribunales por incumplir el acuerdo según el cual iban a convocar un millar de plazas de empleo público hasta 2019 de las cuales solo se han publicado 29. 

Según explica a Valencia Plaza el representante del sindicato en la comisión de Diálogo Social del Sector Público, Gonzalo Fernández, la formación está decidida presentar demandas contra las firmas del sector público instrumental de la Generalitat que aún no han publicado la Oferta de Empleo Público de este año.

"Confiábamos en no tener que llegar a esto, pero no vemos alternativa", lamenta Fernández, quien recuerda que hace casi dos años ya tuvieron que recurrir a los tribunales para que cinco empresas de la Generalitat –CulturArts, IVAM, IVACE, EIGE y Vaersa– publicasen la información sobre sus plantillas, con todos los detalles sobre retribuciones y forma de acceso, las conocidas como Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT).

Los sindicatos llevan varias semanas esperando que la Dirección General de Presupuestos, dependiente de la Conselleria de Hacienda, les detalle qué empresas públicas han solicitado publicar su OPE. Para ello es necesario recabar primero de las empresas la información sobre las plazas que podrían convocarse en función de la tasa de reposición de efectivos establecida en los Presupuestos Generales del Estado y el compromiso de reducción de la temporalidad por debajo del 8% en 2019.

La última vez que los sindicatos pidieron la información fue este mismo viernes, pero se encontraron con la misma respuesta. A su juicio, algunas empresas están demorando el envío de la información a la Conselleria para retrasar la convocatoria de las plazas. Otras están solicitando convocar el mínimo de plazas por tasa de reposición, pero no las encaminadas a la consolidación de empleo.

Por ese motivo, los sindicatos sospechan que la gerencia de las empresas no sacan a concurso las plazas de "estabilización" –las ya ocupadas por personal temporal– para evitar problemas con sus respectivas plantillas. De hecho, hasta el momento solo se ha autorizado la convocatoria de 29 plazas de la OPE de 2017, un nivel que hace prácticamente imposible alcanzar los objetivos fijados por el Gobierno valenciano de convocar un millar de plazas en tres años.

El compromiso emana del pacto alcanzado entre el Consell y los sindicatos representados en la Comisión de Diálogo Social del Sector Público –CCOO, UGT e Intersindical– para que desde ahora el acceso a las plantillas de las empresas públicas se realizaría mediante concurso-oposición para igualarse a los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que rigen en el caso de los empleados de la Administración.

Con ello se pretendía acabar con la opacidad y arbitrariedad que caracterizaron la selección del personal de estas firmas durante la etapa del PP en el Consell, argumentaron los impulsores del acuerdo.

El pacto, calificado de "histórico" por el Consell, incluía el compromiso del Gobierno valenciano de generar todas las plazas susceptibles de ser convocadas dentro de los límites marcados por la tasa de reposición y de estabilización de empleo temporal incluidas cada año en los PGE, pero por el momento el acuerdo no se ha hecho efectivo.

Proponen que el Consell convoque las OPE

Para evitar que esta situación se repita en el futuro, UGT-PV ha propuesto al Consell que sea la propia Secretaria Autonómica del Sector Público la que publique vía decreto las ofertas de empleo público, lo que deja a cada empresa como mera ejecutora de lo dispuesto por el Gobierno.

Según el sindicato, se trata de una solución compatible con la autonomía de cada firma y con el compromiso del Gobierno valenciano, ya que ninguna empresa se atrevería a incumplir un decreto de oferta del Consell".

En cualquier caso, se trata de una solución inviable a corto plazo, ya que requeriría de la aprobación previa de la Ley del Sector Público, algo que el Consell del Botànic ya no podrá hacer esta legislatura.