Un Decreto Ley subsanará los gastos jurídicos de las afectadas del denominado 'síndrome Ardystil'

VALÈNCIA (EFE). El pleno de Consell aprobará el próximo viernes un Decreto Ley con una dotación económica de 500.000 euros para subsanar los gastos jurídicos que tuvieron que asumir las afectadas del denominado síndrome Ardystil siempre que puedan demostrar la forma en la que realizaron estos pagos.

Así se ha puesto de manifiesto tras la reunión que ha mantenido el president de la Generalitat, Ximo Puig, con afectadas por este síndrome, que se detectó en 1992 en al menos seis empresas de aerografía textil de Alcoy, Muro de Alcoy y Cocentaina, causando la muerte de seis trabajadoras y secuelas a cerca de setenta.

La estampación de tejidos se realizaba mediante pulverización con pistolas automáticas y la exposición de los trabajadores a productos tóxicos, unida a la falta de medidas de protección en las empresas, como ventilación o mascarillas, fue la causa de que contrajeran patologías respiratorias como bronquitis y fibrosis pulmonar.

Tras el encuentro, Puig ha explicado que la reunión "forma parte de la reparación histórica de un accidente laboral que tuvo una dimensión enorme en la década de los 90. No tenía una definitiva solución y ahora se abre un camino para, por lo menos, reparar una parte de una injusticia histórica".

Ha recordado que el caso Ardystil "fue terrible" porque trabajadoras de 16, 17 y 18 años "por una mala actuación de unos empresarios tuvieron consecuencias, algunas de muerte y otras de problemas para toda la vida".

Según Puig, la Generalitat debe dar cobertura a esas situaciones y el Decreto Ley, en el que ya llevan tiempo trabajando, "podrá dar cobertura a los gastos jurídicos que se habían producido".

"Se trata de reparar mucho dolor. Las instituciones también fallaron en su momento, y por lo tanto más vale tarde que nunca y creo que ahora somos un poco más dignos, cuando damos respuesta a estas situaciones en las que efectivamente el sistema ha fallado", ha explicado.

Las afectadas han confesado este miércoles que hasta hoy no habían sido recibidas por ningún presidente de la Generalitat y, entre lágrimas, Consuelo Ragües, quien perdió a dos hijas que trabajaban en Ardystil, ha asegurado que ahora "veo voluntad de recibirme, porque creo que tengo el derecho de reclamar lo que nos toca".

"Murieron dos ángeles y aunque las afectadas están bien dentro de lo que cabe y van luchando, el dinero no repara la pérdida de mis hijas" ha dicho Consuelo, quien ha agregado que "por lo menos ahora ha habido voluntad de escuchar pero el señor (Francisco) Camps, al que hemos estado enviando cartas durante veinte años, nunca nos ha escuchado".

Queda mucho por hacer

Lola, una afectada que trabajaba en una empresa de aerografía textil de Alcoy cuando tenía 16 años, ha explicado que en la empresa "no había ventiladores ni mascarillas, no había condiciones" para trabajar.

Esta trabajadora, que ahora tiene 44 años, señala que han recordado a Puig que "está muy bien que nos paguen los gastos de los abogados, pero solo el 40 por ciento de las afectadas" por el síndrome, las que trabajaban en la empresa Ardystil, "han cobrado las indemnizaciones, las demás, como no se probó que hubiera una inspección en nuestra empresa, no".

Fuentes de la Generalitat han informado de que trabajaban en el tema desde el principio de la legislatura, después de que un grupo de afectadas de Cocentaina reclamara en su día un compromiso sobre este tema, que fue aprobado por unanimidad en una comisión de política social de Les Corts y en el que e pedía a la Generalitat que abonara el pago de la gestión jurídica del procedimiento.

Según las fuentes, ese acuerdo, aprobado por unanimidad de todos los grupos "a día de hoy no se ha cumplido, y por ello hemos buscado una fórmula jurídica para subsanar estos gastos, siempre que puedan demostrar de qué forma hicieron el pago a los servicios jurídicos".