Una foto, un préstamo y un problema con Compromís: el 'regalo' de Montero a Puig

VALÈNCIA. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se reunió finalmente este lunes con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acompañado demás del conseller del ramo, Vicent Soler. Un encuentro que había generado notable expectación debido a la presión ejercida en las últimas semanas por el socio principal del Botànic II, Compromís, que había reclamado al PSPV una actitud más reivindicativa ante los pagos pendientes a la Generalitat por parte del Gobierno de España.

En líneas generales, no puede decirse que el jefe del Consell volviera con un zurrón repleto de objetivos conseguidos, sino que más bien regresó a València con lo justo para esquivar la palabra 'fracaso' en las crónicas de su visita. Una foto -no todos la consiguen y, de hecho, la reunión con Puig enfadó a otras CCAA como Castilla y León-; un préstamo -el adelanto del extraFLA de 250 millones de euros-, y un problema inminente con Compromís -la negociación sobre los recortes- resumen el bagaje principal del encuentro.

Una recompensa poco abultada para la larga hoja de exigencias que el Gobierno valenciano tiene con el ministerio. La primera, los 450 millones de euros correspondientes a la actualización de las entregas a cuenta de 2019, un dinero que llegará en este último trimestre de este año tal y como ya había anunciado Montero semanas atrás. La ministra se ha escudado en varias ocasiones en la imposibilidad de activar estos ingresos debido a que la Abogacía del Estado emitió un informe en el que aseguraba que un gobierno en funciones no podía ejecutar estas entregas. Un informe, no obstante, criticado por la manera de redactar la pregunta por parte del Ejecutivo, dado que facilitaba la negativa por parte de la Abogacía. Pese a ello, Montero parece tener claro que dispondrá en breve una solución para sortear el informe, aunque se niega a revelar cómo lo hará.

Por tanto, no hubo novedad sobre las entregas a cuenta ni tampoco sobre la mensualidad del IVA de diciembre de 2017 que el Gobierno central adeuda a la Comunitat, cifrada en 280 millones de euros, asunto sobre el que Compromís también ha puesto el acento pero sobre el que Puig no hizo mención en su comparecencia posterior a la reunión.

Sí se abordaron otras cuestiones como el posible desbloqueo del fondo de compensación interterritorial por el que a la Comunitat le corresponden 55 millones de euros que, según el presidente de la Generalitat, está en vías de solución. Además, Puig también anunció que se buscaba una solución para la subvención pendiente al transporte urbano -28 millones de euros de los 38 presupuestados- que quedó congelada al no salir adelante los Presupuestos.

Así pues, la principal recompensa que obtuvo de Puig fue el inminente pago del FLA, concretamente antes del 9 d'Octubre. Eso sí, previa presentación por parte del Gobierno valenciano del Plan Económico-Financiero (PEF) que debe reflejar los entorno a 440 millones de euros que el Botànic II tiene planeado recortar de los actuales Presupuestos. 

Negociación inminente en el seno del Botànic

Una circunstancia que reactiva de inmediato la negociación de estos ajustes con los socios del PSPV en el Consell, Compromís y Unides Podem, dado que el citado documento tendrá que ser presentado probablemente la última semana de septiembre para que sea revisado por el ministerio.

Ahora bien, no apunta a ser una negociación fácil entre el conseller Soler y, especialmente, Compromís. La coalición que lidera Mónica Oltra ya dejó claro en la reunión celebrada días atrás que su primera condición para sentarse a negociar los ajustes era que se reivindicara ante el Gobierno de España la falta de ingresos pendientes. Un paso que Puig sí ha cumplido aunque con un éxito cuestionable para Compromís. 

El resto de condiciones de esta formación pasan por una negociación que se aplique conselleria por conselleria y una serie de concesiones en el apartado de Personal (Capítulo I) que permita cientos de contrataciones de empleados públicos en los próximos meses que, a juicio de la coalición, contribuirán decisivamente a mejorar la ejecución presupuestaria e incluso a la recaudación de fondos europeos en determinadas áreas como Agricultura y Medio Ambiente.