VALÈNCIA. La ley de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) es la norma aprobada por el Botànic que más veces se ha modificado. Hasta en cuatro ocasiones se ha visto alterada desde que fue aprobada en julio de 2016 por Les Corts Valencianes después de que sus señorías se percataran de que parte de su articulado ocasionaba alguna que otra disfunción o el presidente del ente, Enrique Soriano, y la directora general de À Punt, Empar Marco, demandaran cambios tras la puesta en marcha del servicio público.
Los cambios, sin embargo, se han abordado siempre tomando atajos: a través la ley de Acompañamiento a los Presupuestos de cada año, a pesar de que los diputados de los partidos que integran el Botànic -PSPV, Compromís y Podemos- han subrayado en privado -algunos también en público- que la normativa requería de una reforma integral. "Hay que cambiarla casi por completo", explicaba recientemente un parlamentario del Botànic a Valencia Plaza.
Las dificultades a las que se ha enfrentado la nueva radiotelevisión valenciana en 2019 han puesto de manifiesto un buen número de defectos de la ley que el próximo ejercicio socialistas, valencianistas y morados estudiarán cómo resolver. Pero no solo ellos, también Ciudadanos ha tendido la mano para analizar qué aspectos de la normativa cabría transformar; el partido naranja ha puesto encima de la mesa la creación de una subcomisión de estudio específica para ello. Un cambio de talante significativo respecto a la legislatura pasada, ya que antaño el grupo liderado por Mari Carmen Sánchez era reacio a negociar con los partidos del Consell este tipo de iniciativas. Estos son algunos de los cambios de la ley de À Punt que abordarán PSPV, Compromís, Unides Podem y Ciudadanos:
Una de las modificaciones que tratarán de acometer los socios del Botànic es la posible fusión de las dos sociedades que componen À Punt: la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) y la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC).
La modificación legal ha sido demandada en varias ocasiones por Soriano y Marco. Sin ir más lejos, en la última comparecencia que dieron en Les Corts Valencianes ambos coincidieron en que esta doble estructura -el ente de derecho público (Corporació) y la sociedad mercantil (SAMC)- había generado "deficiencias" en varias ocasiones. La última, en el presupuesto.
En este punto, conviene señalar que la radiotelevisión valenciana no aprobó a tiempo sus cuentas de 2018 el pasado mes de junio por las discrepancias que surgieron entre la Generalitat y la CVMC. En concreto, la Intervención de la Generalitat Valenciana reclamaba al ente en su informe de auditoría que devolviera los 9,2 millones de euros que no fueron ejecutados el año pasado a la Generalitat. Una cantidad que la Corporació traspasó a la Societat -que es la que gestiona el grueso del presupuesto, dedicado en buena parte a personal- y que, los gestores entendían, por tanto, ejecutados, ya que el dinero se había transferido a la SAMC y ya no 'disponían' de él.
Sin embargo, la Generalitat no lo entendía así y advirtió al ente presidido por Soriano que lo no ejecutado debía devolverse. Con todo, tras las disparidad de criterio, À Punt pidió que ese dinero se descontara de los fondos del próximo ejercicio y no devolverlo con los de este año. Escenario al que el Gobierno valenciano se negó.
Con estos mimbres, el PSPV estuvo examinando la normativa para modificarla a través de la Ley de Acompañamiento de 2020 para evitar que situaciones así -con amonestación de la Intervención incluida- vuelvan a repetirse. Sin embargo, terminó descartándose dada la complejidad jurídica que conllevaba, pues los socialistas deberían haber resuelto a través de una simple enmienda cómo traspasar el personal de una entidad a otra entre otras cuestiones. El método empleado, además, hubiera sorteado el pronunciamiento del Consell Jurídic Consultiu (CJC), que sí informa cuando la propuesta va incluida en un proyecto de ley aprobado por el Consell. La intención, ahora, es estudiar cómo poder acometer este cambio sobre la propia ley, y no enmiendas a la ley de Acompañamiento.
A lo largo de estos días, el Consejo Rector debe resolver quién resulta ganador del concurso público para dirigir À Punt, ya que el mandato de la actual directora, Empar Marco, expira en marzo. Cabe la posibilidad de que este órgano de administración no escoja a nadie o que incluso no hubiera acuerdo entre los partidos de Les Corts para ratificar la persona designada por los consejeros. Un escenario ante el cual la normativa de la nueva RTVV no es en absoluto clara respecto a quién asumiría en caso de ese retraso en la elección el control de la sociedad.
Así, la norma aprobada en julio de 2016 dice en su artículo 22.5 especifica que en caso de que no se nombre director general o el puesto quedara vacante "el presidente del Consejo asumirá, de manera provisional, sus funciones hasta que se realice el nombramiento de un nuevo director general cumpliendo con las mayorías y procedimientos establecidos" en la norma. Esto es, las responsabilidades recaerían sobre Soriano de manera transitoria.
Sin embargo, el artículo 24 de la misma ley establece que cuando cesa la dirección general por expirar el mandato, ésta "continúa en funciones hasta el nombramiento de la persona que ocupe la -nueva- Dirección General". En este caso, Marco se mantendría en su cargo temporalmente.
Fuentes del Consejo explicaron días atrás a este diario que lo lógico resultaría que el artículo 22.5 fuese de aplicación cuando todavía nadie ocupaba la dirección general y el 24 ahora con la periodista Marco al frente. Sin embargo, huelga resaltar la inseguridad jurídica que supone la existencia de dos cláusulas que dicen cosas contrarias respecto a la misma situación. Con todo, sus señorías deberán resolver tal contradicción.
A finales del mes de noviembre, Soriano logró sortear la destitución de todos los miembros del Consejo Rector en su comparecencia en Les Corts Valencianes a pesar de que éstos incurrieran en uno de los supuestos que la ley de la CVMC contempla para que sean cesados: no haber llegado al mínimo de ingresos publicitarios que exige el contrato programa. Esto es porque la normativa fija que éstos no podrán ser inferiores al 25% de lo marcado en este documento -cuatro millones de euros- y en el ejercicio de 2018 la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) apenas se embolsó 816.352 euros por este concepto.
La exposición del presidente del ente en la comisión de RTVV y del Espacio Audiovisual del Parlamento puso de manifiesto la situación de insuficiencia publicitaria que vive la radiotelevisión pública. Insuficiencia derivada especialmente de sus bajas audiencias, que apenas alcanzan el 2%. Una realidad ante la que el Consejo Rector, según apuntó el máximo dirigente de la Corporació en su intervención, cambió su previsión de ingresos en el presupuesto de 2019 y 2020: "Se espera recaudar un millón de euros, aunque eso no está contemplado todavía en el contrato programa", explicó.
El pronóstico de Soriano resultó moderado a la par que singular. Por un lado, esta cifra supone una cuarta parte de lo que marca el contrato programa actual acordado en 2018 entre el Consell y la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, que vaticina que los ingresos de la radiotelevisión autonómica en concepto de publicidad serán de cuatro millones en cada ejercicio. Por otra, ese "todavía" pronunciado por el presidente de la CVMC deslizaba que habría intención de modificar el documento para adaptarse a la realidad con la que se han topado los gestores de À Punt.
Una opción, la de reformar el contrato programa para rebajar las previsiones de ingresos, que pocos días después se trasladó a la comisión mixta que integran el Consell y representantes de la Corporació. Esta, sin embargo, determinó que si el Parlamento valenciano aprobaba las cuentas del ejercicio 2020 que incluían esa previsión de ingresos a la baja ya asumirían de facto el cambio de objetivos del ente. Por ello, la comisión decidió no acometer ningún cambio sobre el contrato programa, pues entendían que tenía un rango menor que la propia ley de À Punt y deberían ser Les Corts las que afrontaran la reforma de este aspecto en la ley en el próximo ejercicio.
Otra de las modificaciones que estudia hacer el Botànic afecta a las incompatibilidades de la dirección general y los miembros del Consejo Rector, ya que condicionan especialmente la elección de cualquier candidato. Explican fuentes parlamentarias que cada renovación "cuesta mucho" de acometer porque los aspirantes rechazan el ofrecimiento, entre otras cosas, por las numerosas incompatibilidades que tiene el cargo. Un hándicap que ni siquiera el sueldo puede compensar: en el caso de la dirección no alcanzan los 58.744,08 euros brutos anuales. Los consejeros, por su parte, no tienen dedicación exclusiva y cobran dietas por reunión; y el presidente del ente cobra 61.117 euros brutos anuales.
Conviene apuntar que aparte de estas existen otra cuestión que los partidos deberán modificar por plazos. Es el caso del límite presupuestario que contempla la ley para la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació para el capítulo de personal. Una cláusula que dio mucho que hablar en la ley de Acompañamiento de 2019 y que socialistas, valencianistas y morados decidieron dejar sin efecto a través de una moratoria que tendría la misma duración que el Contrato Programa firmado entre el Consell y la CVMC por un plazo de dos años. Esto es, un periodo que finalizaría en diciembre del año que entra, 2020.
La moratoria fue planteada porque el presupuesto de À Punt tenía un problema legal. Los fondos que la Generalitat Valenciana consignó para la Corporació para este ejercicio eran 55 millones de euros. Pero meses después, Les Corts Valencianes aprobaron una modificación de la ley de la CVMC para que el capítulo de personal no pudiera superar un tercio del total del presupuesto, es decir, 18,3 millones.
Con la plantilla actual el gasto alcanzaba los 23 millones de euros; motivo por el que los responsables de la CVMC solicitaron elevar el presupuesto a 69 millones y se negaron a rebajar su pretensión. En caso contrario, deberían reducir personal. La petición, no obstante, se topó con una respuesta negativa por parte del presidente de la Generalitat. Ximo Puig, advirtió entonces a Marco y Soriano que no tendrían más partida de la prevista. Finalmente, tras varios tiras y aflojas, la problemática quedó resuelta gracias a una enmienda del Botànic que dejó sin efecto el artículo en cuestión. Los partidos, si bien no se han pronunciado todavía sobre este aspecto, deberán resolver qué hacer con este apartado, ya que la vigencia de la moratoria aprobada terminaría en diciembre de 2020.