Un evaluador externo recibió instrucciones de Llinares para favorecer a determinadas ONG

VALÈNCIA. El responsable de la empresa evaluadora externa de la Conselleria de Solidaridad, Expande, Luis Fernando Castel, ha reconocido haber recibido instrucciones del ex jefe de área de Cooperación Marc Llinares para reevaluar algunos proyectos con el fin de favorecer a determinadas ONG.

Durante su declaración en calidad de investigado en la séptima sesión del segundo juicio del caso Cooperación por el desvío de fondos de la Generalitat destinados a proyectos de cooperación internacional, Castel ha dicho que volvía a mirar los proyectos y "a veces" se cambiaba la evaluación, pero en otras no.

A preguntas del fiscal ha reconocido también que la Conselleria tenía una "lista blanca" con las ONG a las que había que favorecer, en la que se incluían Asade, Asamanu, Ceiba, Fudersa y Esperanza Sin Fronteras, y otra "negra" con aquellas ONG a las que no había que beneficiar.

Castel ha destacado que los informes que hacía Expande no eran vinculantes, ni siquiera eran evaluaciones formales, sino más bien opiniones que se enviaban a la comisión técnica evaluadora de la Conselleria para que hiciera lo que considerara con ellos, y prueba de ello es, a su juicio, que los documentos iban sin firmar.

Sobre el hecho de que esta empresa se constituyera quince días antes de optar al concurso para asumir el servicio de evaluación de proyectos técnicos de la Conselleria, ha explicado que tuvo que constituir esta nueva firma al tener que cerrar Caaz, que ya trabajaba para esta Conselleria a través de una UTE con Broseta, por problemas con la Seguridad Social.

La experiencia de Caaz servía para Expande

No obstante, ha asegurado que ambas empresas son lo mismo, por lo que la experiencia de Caaz servía para Expande, y no vio ningún problema en utilizarla para el nuevo concurso, como tampoco vio ilegal que otro empresario, Rafael Monterde, le prestara trabajadores para acreditar su capacidad.

Según ha recordado el fiscal, Castel está acusado, entre otras cosas, por su participación como cooperador necesario en un presunto delito de prevaricación administrativa por haberse presentado, a través de una figura jurídica ficticia (la empresa Expande), a un concurso que tanto el fiscal como las acusaciones ven irregular.

El acusado, quien solo ha respondido a las preguntas del fiscal, el tribunal y su defensa, ha rechazado esas acusaciones, y ha dicho no haber recibido nunca ninguna dádiva o comisión, ni haber pertenecido a ninguna asociación ilícita o criminal, organización de delincuentes ni trama.

Preguntado por sus trabajos para las diferentes consellerias de las que fue titular Rafael Blasco, investigado en esta causa, Castel ha dicho que no trabajó directamente para la Administración pública, excepto en una ocasión con el IVVSA, sino que hizo estudios para empresas privadas que querían optar a concursos públicos.

En este sentido, ha dicho que no tenía ni tiene ninguna relación con Rafael Blasco, a quien conocía como persona pública pero no personalmente.

Sobre el proyecto para construir un hospital en Haití tras el terremoto sufrido por el país en 2010, Castel ha reconocido que presentó a Llinares a su cuñado, que tenía experiencia en la construcción de hospitales, pero ha asegurado que no intervino para nada en el proyecto.

Tras él ha declarado Jesús Urquiza, trabajador de la empresa Caaz y colaborador posterior en la etapa de Expande, quien ha llegado a un acuerdo con el Ministerio Fiscal y la Generalitat.

Evaluciones modificadas

Urquiza ha reconocido haber modificado evaluaciones de proyectos por orden de su jefe, Luis Fernando Castel, aunque ha dicho que la petición provenía de Marc Llinares, pero ha asegurado desconocer a qué ONG se estaba beneficiando ni conocía la existencia de la Fundación Entrepueblos o Hemisferio.

Ha señalado que las peticiones que recibía para cambiar las evaluaciones eran precisas para subir o bajar puntos. "Eran así, sube cinco o baja seis" o que este proyecto "quede un poco por encima o un poco por debajo del corte", ha relatado.

El último en declarar ha sido Félix Sanz, administrador único de la empresa Gestión Solar Pobla SL, quien solo ha respondido a su letrada para explicar que desde 2008 su empresa no ha hecho ningún trabajo ni facturación, al encontrarse en período de disolución y liquidación.

El juicio se retomará el martes con las declaraciones de testigos.