Unicaja y Liberbank pretenden absorber los costes de la integración sin recurrir a una ampliación de capital

14/12/2018 - 

MADRID (EP). Unicaja y Liberbank, que analizan todos los aspectos para su posible fusión, podrían estar valorando llevar a cabo la operación sin necesidad de recurrir a una ampliación de capital, siempre y cuando logren absorber todos los costes de la integración y la reestructuración mediante operaciones de liberación de capital o venta de activos, entre otras, según fuentes de mercado consultadas por Europa Press.

Con todo, ninguna de las dos entidades ha constituido aún un equipo de trabajo interno para avanzar en el desarrollo de la operación y las conversaciones actuales se están fraguando en los niveles más elevados de ambas casas. Las cúpulas de Unicaja y Liberbank discuten ahora sobre si la fusión encaja o no mientras que son los bancos de inversión contratados los que están realizando los cálculos para determinar la conveniencia de seguir o no adelante y la mejor manera de estructurar la operación.

En caso de que los números apoyen la fusión, los bancos tendrán que especificar en primer lugar el modelo de la misma. Las fuentes estiman descuentan que la opción más "eficiente, sencilla y sensata" es la fusión por absorción de Liberbank por Unicaja.

También será determinante la ecuación de canje, es decir, la participación de cada entidad en el grupo resultante. Teniendo en cuenta diferentes factores, tales como el tamaño, los modelos IRB y otros elementos del negocio como la tracción comercial, la horquilla oscilará previsiblemente en un 43%-45% para Liberbank y en un 55%-57% para Unicaja.

Costes de unos 400 millones

Una vez definidos estos parámetros, los bancos deberán abordar los costes de la integración y reestructuración, que, según diversas fuentes, se estiman entre unos 350 y 450 millones de euros. Todos los costes que se puedan generar para el grupo resultante, derivados, por ejemplo, de duplicidades, excedentes de plantilla y red de oficinas o integración tecnológica, se intentarán minimizar mediante diversos mecanismos.

"La ampliación de capital no es imprescindible", han subrayado las mismas fuentes, aunque no han descartado de forma tajante que finalmente sea necesario llevar a cabo una operación de este tipo una vez concluya el proceso, con el fin de 'digerir' los costes que no puedan ser asumibles tras activar los mecanismos de liberación de capital o venta de activos, entre otros.

"Seguramente se tomarán las medidas necesarias para que la ampliación no tenga que realizarse y dejarla relegada a una decisión de último nivel, sólo para el caso de que las medidas previas no permitan sufragar los costes de reestructuración e integración", han explicado.

Respecto a las autorizaciones por parte de los supervisores y reguladores para llevar a cabo la fusión, las fuentes dan por hecho que Unicaja y Liberbank no tendrán ningún problema. La operación gusta o, en todo caso, no suscita ningún tipo de oposición. De hecho, el Banco Central Europeo (BCE) y otras autoridades de la zona euro continúan llamando a la consolidación del sector bancario.

El visto bueno del mercado también será clave, aunque a la vista de cómo ha sido acogida inicialmente parecen ver esta operación con optimismo. Nada más confirmarse el inicio de conversaciones, las acciones de Unicaja cerraron con una subida de más del 16% y las de Liberbank del 13%. Los títulos de ambas entidades se veían el viernes lastradas ante las especulaciones de un posible aumento de capital con efecto dilutivo para sus actuales accionistas.

Posible excedente de plantilla y oficinas

La integración entre Unicaja y Liberbank daría como resultado a la sexta entidad por activos en España, con casi 96.000 millones de euros, por encima de Bankinter. El grupo combinado controlaría el 4% de la cuota de mercado. Juntos suman cerca de 1.900 sucursales y una plantilla de más de 10.800 empleados, por lo que la integración requerirá posiblemente un ajuste para hacer frente al excedente.

En este sentido, Unicaja, en el marco de la absorción de Caja España-Duero (Ceiss), acaba de acordar con sindicatos una serie de medidas que evitan un expediente de regulación de empleo (ERE) y, bajo la premisa de la voluntariedad, suponen un total de 760 prejubilaciones y 200 trabajadores afectados por movilidad geográfica, además de bajas incentivadas y modificaciones de las condiciones laborales.

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