VALÈNCIA. "No es la ley de Unides Podem, pero sí de la mayoría". Así resumió este lunes la portavoz adjunta del grupo parlamentario morado Estefanía Blanes el resultado de la negociación entre los tres socios del Botànic -PSPV, Compromís y ellos mismos- sobre la ley de Función Pública valenciana.
Una norma para la que el grupo que lidera Pilar Lima registró el pasado mes de septiembre un total de 30 enmiendas que generaron un profundo malestar en el PSPV. Los socialistas, que llegaron a tachar de "desleal" la actitud de los morados, criticaron que no se hubieran pactado previamente las modificaciones entre los socios del tripartito dado que se encontraban ante una ley "muy técnica" que ha costado años en desatascarse en el Gobierno valenciano y en la que realizar "cualquier matiz" podría suponer un cambio "de calado".
Con este escenario, este lunes se celebró la comisión de Justicia y Gobernación de Les Corts Valencianes en la que debían votarse las enmiendas registradas por cada una de las formaciones. Una sesión que comenzó de buena mañana y pocos minutos después de arrancar se suspendió para que sus señorías intentaran llegar a acuerdos sobre los textos presentados. Tras un receso que duró más de hora y media, los morados accedieron a retirar casi la mitad de sus enmiendas: en total, decayeron 14. Solo una fue aprobada y el resto transaccionadas con el Botànic.
Entre las que se retiraron destaca especialmente una: la que eliminaba que la norma eliminara la posibilidad de proveer puestos de jefatura de servicios en las consellerias mediante libre designación. Esto es, la nueva ley de Función Pública recoge en su artículo 113.2 que en la Administración de la Generalitat se cubrirán los puestos de trabajo "de jefaturas de servicio o puestos de nivel equivalente" por "regla general" por "concurso específico, salvo aquellos casos que, por sus especiales características, deban proveerse por el procedimiento de libre designación con convocatoria pública". Un aspecto especialmente cuestionado por sindicatos como CSIF, que este lunes se manifestó en las puertas del Parlamento valenciano.
El matiz final de este artículo no gustó a Unides Podem, que registró una enmienda pidiendo suprimir esta excepción. Según este grupo parlamentario, la intención era ser más "garantistas" y eliminar de la normativa las referencias a la cobertura de plazas mediante libre designación y no por concurso. Sin embargo, finalmente terminaron retirando esta enmienda, ya que el PSPV no estaba dispuesto a aceptarla. A juicio de los socialistas, la ley ya reduce de manera significativa la libre designación respecto a la norma en vigor.
Pero no es la única renuncia a la que terminaron accediendo desde el grupo parlamentario de Lima. Unides Podem planteaba regular, al menos en algunos aspectos, las condiciones del teletrabajo en la Administración de la Generalitat, así como los grupos que a su juicio debían ser prioritarios en la Función Pública para acogerse a esta modalidad de trabajo no presencial: las mujeres víctimas de violencia de género y aquellos que tuvieran a su cargo mayores, menores o personas dependientes.
Un planteamiento al PSPV tampoco iban a dar su visto bueno. Según los socialistas, la ley debía limitarse a regular los derechos, pero no "las diferentes casuísticas, que deben dejarse para el desarrollo en el decreto de teletrabajo". Un decreto que, precisamente, estos meses ha estado trabajando la Conselleria de Justicia que dirige Gabriela Bravo, si bien ahora se encuentra bloqueado en el Consell por el desacuerdo de Compromís con algunos límites que plantea el articulado para los empleados públicos.
Además, advierten que plantear como prioritario el teletrabajo para víctimas de violencia machista puede ser un arma de doble filo, dado que puede darse la circunstancia de que algunas de estas mujeres convivan con sus maltratadores. En definitiva, sí se aprobó una enmienda transaccional acordada entre los socios del Botànic que hace mención a que se debe garantizar el derecho a la "desconexión" de los empleados públicos y a que la Adminitración debe "proporcionar los medios tecnológicos necesarios", por lo que se reconoce como un derecho, pero el resto de cuestiones quedaron fuera y será regulado por el decreto.
Asimismo, también se rebajaron otras peticiones de los morados que afecta al personal interino. En concreto, pedían introducir una nueva disposición transitoria para permitir que "durante el periodo de cuatro años desde la entrada en vigor de la ley" se pudieran inscribir en las bolsas de trabajo quienes aprobaran "al menos alguna de las pruebas en las tres últimas convocatorias de proceso selectivo.
Unides Podem planteaba este cambio porque el proyecto de ley contempla que sólo puedan acceder a la bolsa las personas que hayan aprobado alguno de los exámenes el mismo año que se presentan, por lo que con esta enmienda querían garantizar que parte de los interinos -aquellos que se presentaron a algún proceso selectivo y aprobara alguno de los exámenes- se mantuviera en el puesto durante dos años. Una medida transitoria para garantizar que haya suficiente personal en la Administración, donde más del 40% es personal interino.
El plazo propuesto por Unides Podem, sin embargo, quedó reducido a dos años, puesto que los socialistas consideraban que cuatro años era "demasiado tiempo" y entendían que debía acordarse un periodo intermedio entre lo que marcaba la ley y la enmienda. Tras la larga negociación, los socios del Botànic lograron desatascar esta ley que lleva ya casi seis años esperando para ser aprobada.
Por otra parte, durante la sesión de este lunes el requisito del valenciano para acceder a la administración volvió a dividir a los partidos del Botànic y a los de la oposición en el debate de enmiendas a la Ley de Función Pública, en coincidencia con una protesta del sindicato de funcionarios CSIF. PP, Cs y Vox cuestionaron que fuera necesario y criticaron que este dejará fuera a muchos trabajadores.
No obstante, conviene recordar que este todavía no se encuentra recogido como un "requisito" en la ley, sino que la norma establece que será un reglamento el que determine el nivel de conocimiento del valenciano que deberán tener aquellos que deseen acceder a la Función Pública valenciana, tal y como recordó el tripartito.
La ley dicta que en el plazo de un año "desde la entrada en vigor de la presente ley el Consell aprobará, a propuesta de la conselleria competente en materia de función pública, la disposición reglamentaria que determine, respetando, en todo caso, los principios de proporcionalidad y adecuación a las funciones correspondientes [...] el nivel de conocimiento de valenciano exigible en el ámbito del empleo público de la Comunitat Valenciana, previo informe favorable en lo relativo a esta materia de la conselleria competente en materia de política lingüística".
