Manifestación contra el decreto de Plurilingüismo en Alicante, en mayo de 2017 (RAFA MOLINA)Aunque la polémica parecía superada, el valenciano vuelve a estar en el centro del debate político. Esta vez no es una cuestión filológica sino de uso social: ¿hasta qué punto debe imponerse en las escuelas y en la Administración?
VALÈNCIA.- El uso del valenciano debería ser algo natural que no generase problemas. Y así es para la mayoría, según refleja el último barómetro de la Generalitat, en el que solo el 1,6% de los valencianos sitúa la lengua como uno de los tres primeros problemas de la Comunitat y solo el 1,3% lo considera un problema para sí mismo. Pero para los partidos políticos se ha convertido, otra vez, en un arma arrojadiza con la que ganar votos en las elecciones de 2019. Para unos, la gestión de la Generalitat es ideológica, nacionalista, que toma como espejo a Cataluña y Baleares; para otros, la apuesta por el valenciano se queda corta; la comunidad educativa anda desconcertada, y los empleados públicos y los aspirantes a serlo, expectantes. La ciudadanía, en resumen, observa con desconfianza en algunos casos y con perplejidad en otros la dimensión política y judicial que ha provocado la resurrección de la vieja batalla de la lengua.
El impulso político al valenciano, que Compromís llevaba en su programa, ha generado un problema donde no lo había. Todos los actores principales de este inusitado conflicto señalan el diálogo y el consenso para resolver discrepancias porque hay que preservar las dos lenguas oficiales e implementar la promoción y el uso del valenciano como acervo cultural y seña de identidad. Se necesita sentido común, naturalidad, proporcionalidad y trellat. Quizá por falta de pedagogía o por las prisas de la gestión política, algo de eso faltó en el caso del decreto de Plurilingüismo que el Consell quiso poner en marcha al inicio de este curso sin apenas capacidad de reacción para que los padres tomaran decisiones en pleno proceso de matrícula escolar. Los recursos que presentó la Diputación de Alicante (PP) provocaron que los tribunales suspendieran el decreto y el conseller Vicent Marzà decidiera retirarlo. El Consell aprobó después un decreto ley con una normativa que el PP anunció que recurriría ante el Constitucional.
Un segundo campo de batalla político y, en este caso, sindical, es el de si en la nueva Ley de Función Pública el valenciano debe ser considerado un requisito o solo un mérito en las oposiciones. El anteproyecto establece como requisito la capacitación del valenciano en todos los casos, con alguna excepción como el sector sanitario. Antes se admitía el acceso con la calificación de mérito y solo era requisito en educación y en los puestos de atención al público.
Y un tercer escenario para la batalla es la Oficina de Derechos Lingüísticos aprobada el pasado mes de noviembre para «velar por el cumplimiento y la aplicación de la normativa legal sobre el uso de las lenguas oficiales en la Comunitat Valenciana». Desde el Consell se asegura que es un organismo necesario para resolver conflictos, que solo mediará y nunca será punitivo. Pero su puesta en marcha ha acabado en los tribunales, donde el PP ha presentado sendos informes del Consell Jurídic Consultiu y de la Subsecretaría de Presidencia que cuestionan su legalidad.
Los dos sectores que afectan en el día a día a los ciudadanos son la atención que les presta la Administración y la Educación. Por lo que respecta a los funcionarios de la Generalitat -cerca de 17.000 sin contar los de Sanidad, Educación y Justicia- estos son algunos datos indicativos: el 84,7% del personal tiene acreditación en conocimientos de valenciano; el 93% lo entiende, el 57% lo lee y el 46% lo escribe. La mayoría de estos trabajadores demanda planes de formación. En cuanto a la acreditación por niveles, posee el Grau Superior el 11,27%, el Mitjà el 25%, el Elemental el 10,35% y el Oral el 10,35%.
En el sector educativo el 70% de los alumnos de escuelas e institutos tanto públicos como privados-concertados estudia con el PPEC (Programa plurilingüe de Enseñanza en Castellano) en 674 centros, y el 30% con el PPEV (Programa plurilingüe de Enseñanza en Valenciano) en 474 centros. Además, el próximo curso entra en vigor la Ley de Plurilingüismo, que fija porcentajes mínimos del 25% para valenciano y castellano, y entre un 15 y 25% para inglés. Será cada centro escolar el que marque sus porcentajes y, por lo tanto, habrá distintas modalidades. Se implantará de forma progresiva en tres años. El próximo curso, en Educación Infantil y primer ciclo de Primaria; el siguiente en segundo y tercer ciclo de Primaria y centros de Educación Especial, y en el curso 2020-2021 en ESO, Bachillerato, Formación Profesional y Formación de personas adultas.
Gabriela Bravo, consellera de Justicia y Administración Pública, quiere ser didáctica: «La incorporación del requisito para los funcionarios no la hemos hecho desde la imposición, que no es necesaria, sino desde el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en ambas lenguas». Asegura que en el Consell del Botànic hay unanimidad sobre el criterio del requisito para el acceso a la función pública. Reconoce que ha faltado pedagogía pero señala que «hay quien utiliza la lengua para dividir; parece que a algunos partidos políticos les sea rentable la confrontación en aras a sus expectativas electorales; es generar problemas donde no los hay».
En la cercanía de las elecciones de 2019 asegura que la lengua «es un problema solo para el PP y Ciudadanos porque les interesa generar polémica, división y confrontación» y sentencia que «la ciudadanía tiene que entender que se está legislando pensando en sus derechos y no en rentabilidades políticas». «Para evitar que las lenguas cooficiales se conviertan en patrimonio de los separatistas abogamos por un Estado Constitucional o un Estado Federal con respeto a la convivencia de ambas lenguas. Que me digan que es un exceso exigir el valenciano es buscar la confrontación, ya que en la función pública siete de cada diez funcionarios tienen un título, y de esos, la tercera parte posee el Mitjà o el Superior», argumenta. Está convencida de que el valenciano suma, aporta riqueza y une. Respecto a la atención sanitaria, aclara que el Consell sabe que debe primar la salud sobre la lengua: «Quiero transmitir un mensaje de calma y tranquilidad; entre el servicio público de la Sanidad y el fomento de una lengua tiene que prevalecer el derecho a la salud»
«Hay que buscar soluciones para que las lenguas cooficiales no se conviertan en patrimonio de los separatistas», asegura gabriela Bravo
Desde el Partido Popular, la diputada María José Ferrer San-Segundo aclara que su formación apuesta «siempre por el mérito valorable, pero no el requisito generalizado». «Nuestra propuesta es que todo valenciano pueda ser atendido en la lengua que quiera, y solo se justificaría el requisito con dos parámetros concretos: uno cualitativo, cuando lo exigen las funciones del puesto, y otro cuantitativo que garantice el número de empleados públicos suficientes para atender los derechos de los valencianoparlantes», explica. La diputada ‘popular’ propone la realización de un estudio «serio» de la demanda social identificando los perfiles de los puestos de trabajo y las necesidades de los valencianos y que recoja un plus para que no haya ninguna zona al descubierto. «Hay mucha gente indefensa que no piensa como ellos y no nos van a callar», anuncia. Sobre la judicialización de la política lingüística, afirma que «los responsables de que los tribunales declaren normas ilegales no son los que denuncian sino quienes legislan ilegalmente».
Pero San-Segundo también tiene para Ciudadanos, a quienes recrimina que no han pasado a la acción. «No todo es salir a los micrófonos; hay que ir a un tribunal en defensa de la legalidad, mojarse un poco y trabajar algo más», señala. Desde el partido de Albert Rivera responde Toni Subiela: «Coincidir con el PP es difícil y complicado, hay que apartarle ese cinismo e hipocresía porque en su última legislatura impusieron como requisito el valenciano para todo el profesorado. O sea, no ha cambiado mucho lo que hace el Consell del Botànic y lo que hizo el PP». A pesar de esta rivalidad para capitalizar en votos la oposición a la política lingüística del Consell, reconoce que coinciden con los ‘populares’ en que el valenciano se tenga en cuenta como mérito y no como requisito en el acceso a la función pública.
Daniel Matoses, presidente de CSI-CSIF (KIKE TABERNER)Desde Compromís se defiende a ultranza el requisito como acceso a la Administración. Su portavoz en Educación, Josep Nadal, asegura que «se ha de salvaguardar el derecho de la ciudadanía a dirigirse a la Administración en la lengua cooficial, que es una lengua minimizada». Destaca que es una cuestión positiva para los trabajadores que estén buscando trabajo y es un plus añadido que no tendrá la gente que venga de fuera. Defiende que el asunto del requisito no es una imposición, aunque «hay algún partido que ha encontrado un filón con lo que pasa en Cataluña para poder estirar el tema y desestabilizar al Govern del Botànic y a la izquierda». Y deja caer que en «otra situación sería más fácil hablar con PP y Ciudadanos y no habría tanto enfrentamiento».
Sobre lo que califica de «rabietas» judiciales del PP, asegura que en la comunidad educativa hay voluntad clara de avanzar en el plurilingüismo aunque «a veces parece que el PP y Ciudadanos hablan para un sector de gente mayor que se ha educado en el Franquismo que estas cosas no las ve prioritarias; es la gente joven con hijos la que ve la oportunidad de aprender lenguas como un valor añadido y se aprecia en las matriculaciones de ciudades como València y Alicante, donde el nivel de valenciano es bajo».
El secretario autonómico de Educación, Miquel Soler, bregado en negociaciones como la Llei d’Ús y del pacto por la Educación a nivel nacional, lo tiene muy claro sobre la ley del plurilingüismo: «Todos los centros harán lo que diga el Supremo porque no se obliga a nadie a que hable una lengua. Se trata de respetar que cada uno se exprese en su lengua, hay que respetar las dos». Asegura que «la lengua debe tender puentes, no muros de comunicación». Recuerda que el Ministerio de Educación, antes de publicarse el decreto, dio a la Conselleria un par de indicaciones que se incorporaron y no presentó ningún recurso. Sobre la decisión del Tribunal Superior de Justicia, confiesa que aún no ha entendido la suspensión cautelar «porque en 2024 habría alumnos con una certificación y otra; tan solo era para niños de tres años y no afectaba a su certificación. ¿Alguien piensa en serio que niños de tres años iban a cambiar su desarrollo personal o educativo por dar media hora de más en castellano, valenciano o inglés?», se pregunta.
Soler, socialista, ‘cohabita’ con el conseller Vicent Marzà (Compromís), a quien sindicatos y asociaciones nacionalistas piden más madera para proteger y promocionar el uso del valenciano. «A veces hay matices de algún tema, pero no de enfoque global. En esta conselleria no hay catalanismo, ni imposición, ni ideología con el valenciano, al revés», asegura el ‘número dos’ de Educación. Está convencido de que la propuesta de plurilingüismo valenciana será la que apruebe el pacto nacional en lenguas en España porque respeta lo que dice el Supremo.
Vicent Mauri es el combativo portavoz de la Intersindical valenciana y del STEPV (Sindicat de Treballadors i Treballadores de l’Ensenyament del País Valencià) y está molesto, muy molesto, con el Consell y en especial con las consellerias de Administración Pública y Educación. Con el departamento de Grabiela Bravo dice que existe una situación de «parálisis». No le gusta el modelo de negociación elegido para la Ley de la Función Pública y en especial para el asunto de la lengua. Quería un debate total y no enmiendas por escrito y reuniones semanales técnicas. Cuenta que hay urgencias electorales por presentar la ley cuanto antes, mientras que su sindicato y los demás también piden tranquilidad porque no hay prisa. Sí reconoce en cuanto al valenciano que hay consenso de todas las fuerzas sindicales sobre la exigencia del requisito lingüístico para el acceso a la función pública.
Otra cosa es en materia educativa y el decreto de plurilingüismo y la posterior ley. «La ley no fue consensuada, una norma tan importante hay que negociarla y ni el Consell Escolar Valencià ha visto la ley; no había pasado en la vida, ha pasado ahora. Cuando haces una ley tendrás que explicarla, hacer unos bolos por las comarcas y los pueblos; en Soria y Segovia piensan que en Valencia, Cataluña y Baleares el castellano está discriminado y no es cierto, hay que explicarlo» argumenta este líder sindical. «No podemos estar tirándonos los trastos a la cabeza con la Educación cada dos por tres; se está haciendo uso electoral de la lengua y no vamos a ninguna parte», sentencia.
Josep Nadal, portavoz de Compromís (KIKE TABERNER)UGT es el sindicato mayoritario en la función pública. Su secretario territorial en el sur de la provincia de Alicante, Ismael Senent, lo tiene claro en el controvertido asunto del valenciano: «Hay que ser flexible e integrar; las lenguas, cuando se imponen, no son atractivas». En cuanto al debate sobre si la lengua autóctona debe ser un requisito o un mérito en las oposiciones pide flexibilidad en su aplicación. Reconoce que es «partidario más que de requisito, de ser sensible y adaptarse al ciudadano; no puedes llegar a saco y el que no sepa valenciano, a la calle». Precisamente, una de las últimas polémicas en Educación ha sido la no renovación del contrato de medio millar de profesores interinos que no han obtenido la capacitación en valenciano. La decisión se basa en una norma aprobada por el Gobierno de Alberto Fabra (PP) en 2013, que exigía el requisito lingüístico a todos los profesores de ESO y Bachillerato y daba un plazo de cuatro años a los docentes para que obtuvieran la titulación en caso de carecer de ella.
Senent recuerda que «en el norte de la provincia de Alicante son valencianoparlantes, pero en la Vega Baja no, y en ningún sitio hay problema; las imposiciones nunca son buenas». Sobre el plan de plurilingüismo, cuenta su experiencia personal: «Vivo en Guardamar del Segura, mi padre es castellanoparlante y mi madre manchega, y en casa con mis hijas no ha habido problema; han optado por el trilingüismo y hablan perfectamente en castellano, valenciano e inglés».
Daniel Matoses, presidente de CSI-CSIF Comunitat Valenciana, se queja de las prisas del Consell para negociar la Ley de la Función Pública y no entiende las urgencias electorales. Apoya que el valenciano sea mérito para acceder a la Administración y rechaza lo de requisito, en el que adivina politización: «Estoy convencido que la consellera Bravo dice sí cuando antes decía no, pero tiene que hacer lo que le digan en el Botànic». Asegura que en la Comunitat Valenciana no hay conflicto lingüístico, que todo es cordial y sin enfrentamientos.
«Soy valencianoparlante, valenciano pensante, de pueblo, vamos; soy el tío de la caña de hace cuarenta años, pero soy consciente de que el castellano es un idioma mucho más universal», proclama. Hay para todo y para todos. Está preocupado por el problema lingüístico en relación con la Sanidad: «Ponerle puertas al campo no es bueno, es una barbaridad; o somos españoles o nos independizamos todos o que San Pedro nos la bendiga». De todas formas, espera cambios en el borrador de la ley y que se negocie la provisión y selección del requisito lingüístico, pues «lo peor es que lo que se quiere imponer no es para beneficiar al administrado o funcionario; se hace por ideología».
Después de este repaso por las posturas de tirios y troyanos, la conclusión puede ser positiva. Todos quieren al valenciano aunque con matices, piden diálogo y consenso y que no genere problemas. El caso es que la contienda electoral para el próximo año marcará las posturas de unos y otros, y el valenciano se convertirá en asunto nuclear. Mientras, los ciudadanos seguirán con su día a día y en la mayoría de los casos sin apenas problemas para hablar tanto en castellano como en valenciano, pero con el corazón partío por alguna de las dos lenguas. Y con la esperanza de que los responsables políticos aporten sentido común y trellat.
Ciprià Ciscar (KIKE TABERNER)VALENCIA.- A finales de 2018 se cumplirán 35 años de la puesta en marcha de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià. El veterano socialista Ciprià Ciscar, entonces conseller de Educación y Cultura, fue su principal muñidor.
—¿En 1983 fue difícil alcanzar un acuerdo?
—La ley fue aprobada sin ningún voto en contra aunque hubo alguna abstención. Era un objetivo sin lugar a dudas a conseguir. Lo importante de un instrumento legal para recuperar una lengua es el consenso, la búsqueda de acuerdos. Naturalmente hubo que negociar y hablar mucho. Aun cuando había mayoría suficiente para aprobar la ley, lo que pretendíamos era que se aprobara con la participación de todos porque iba a darle la estabilidad. La recuperación de una lengua es un esfuerzo colectivo, es de todos.
—¿Cuál es el momento actual del valenciano?
—Es que ambas lenguas son lenguas oficiales en el ámbito de la Comunitat y es que así lo establecen tanto la Constitución como el Estatuto. Es la especial protección de la lengua propia porque se trata de una recuperación. Poner en pie de igualdad dos lenguas. No de una contra otra o una inferior a otra. Que todos las conozcan y tengan el derecho a usarlas. La preocupación era evitar un solo recurso contra la ley del 83 y eso implicaba una aceptación de un compromiso de la ciudadanía para desarrollarla. Han transcurrido casi 35 años, es evidente que hoy la situación es diferente. Es lengua oficial conocida por dos generaciones que han pasado por la escuela y, por tanto, implica que se va produciendo mayor conocimiento, recuperación y protección.
—¿Y la utilización política de la lengua?
—Utilizar una lengua como instrumento de enfrentamiento entre las personas no es positivo. La lengua tiene que ser para unir, para entenderse, nunca para enfrentar. Y esa es la tarea fundamental de los poderes públicos.
—Da la sensación de que se tiran el valenciano unos a otros como un arma arrojadiza política…
—Hay que evitarlo, es una irresponsabilidad utilizar las lenguas como elemento político y mucho menos de ventaja electoral. Las lenguas son de todos y especialmente de los que las estiman.
— Incluso el PP en sus años de Gobierno no cambió la Llei d’Ús.
—Buscamos que hubiera la implicación. Y que todos asumieran la lengua propia como un deber de protección con independencia de los posicionamientos políticos e ideológicos. Presencia equilibrada de las lenguas oficiales y las que estén en el currículo oficial, extranjeras... Esa posibilidad es lo que produce integración y no enfrentamiento. Cuando hay una rectificación por una sentencia, pues se aplica con normalidad. Y cuando hay que corregir algo, se corrige.
—¿No hay un exceso de judicialización?
—Puede ocurrir, pero si se hace con intención de corregir, luego las propias sentencias reconducirán a la realidad. Cuando se produce por una instrumentalización política es donde está realmente el problema.
—¿Cuál es su receta para la situación actual?
—La política no debe interferir, y si hay una extralimitación hay que corregirla. Al final todo es factor de consenso. Hace falta pedagogía y poner a la comunidad educativa de tu parte. Hay que explicarle los argumentos. La inmensa mayoría lo quiere y lo desea. Es de sentido común.
* Este artículo se publicó originalmente en el número 41 de la revista Plaza
