Zaplana acusa a la Guardia Civil de manipular las pruebas contra él

VALÈNCIA. La batalla judicial del caso Erial, que mantiene imputado por blanqueo de capitales al expresidente de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana, se dirimirá en el plano procesal, como ya hiciera en su día el molt honorable con el caso Naseiro. La primera bala de su defensa fue disparada esta semana.

En un escrito al que ha tenido acceso Castellón Plaza y en el que se pide la nulidad del auto que inició la operación Erial, la defensa de Zaplana explica que desde que aparecieron los papeles incriminatorios en un registro en el marco de la investigación del caso Taula, los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) entregaron, al juez de Taula, "163 días después de la entrada y registro, unos documentos 'seleccionados' por los agentes en el registro por su vinculación, supuestamente, con los hechos que se investigaban". Cinco meses y medio que los papeles estuvieron, afirma, "sin tutela judicial".

El letrado explica que en ese tiempo, ni mucho menos en el registro, se dijo que había habido un "hallazgo casual" de documentación relacionada con otro caso. Dice la defensa de Zaplana que, además, el auto del juez de Taula para la entrada y registro en el despacho de abogados donde aparecieron los papeles de la 'hoja de ruta' de Erial especificaba que en el registro debía "limitarse la incautación material a documentos y archivos directamente relacionados con los hechos que se investigan", es decir, del caso Taula.

Esto, a juicio del abogado, exigiría que la UCO hubiera informado desde el primer momento del hallazgo de los papeles, y no 163 días después como finalmente sucedió, y esgrime en su escrito que "no consta en la diligencia que en ese acto, ni los agentes ni el letrado de la Administración de Justicia, encontraran un 'hallazgo casual' que obligara a ampliar el alcance del auto de autorización de entrada y registro más allá de los restrictivos términos en los que fue otorgada".

Así, la defensa de Eduardo Zaplana no solo acusa a la UCO de cocinar las pruebas, sino que abre otra vía, la puramente procesal, que podría tumbar por un defecto de forma toda la acusación contra el expresidente.

Informe UCO

Sobre el informe de la UCO que solicitaba abrir una investigación contra Zaplana, la defensa hace diversas consideraciones, entre las que destacan que la propia UCO afirma que lo encontrado nada tiene que ver con lo que se buscaba, que aparece "una noticia sobre la sociedad Proyectos Eólicos Valencianos recogida en la edición digital de El Economista que data de 28 de noviembre de 2006 y que, sin embargo, la copia impresa se habría realizado en noviembre de 2009. Ignoramos que 'hallazgo casual' supone una noticia de prensa de 2006, impresa en 2009", señala el escrito de la defensa.

Para el abogado es particularmente llamativo un escrito lleno de tachones en el que se menciona a Bancaja y no aparece ningún nombre, pero que pese a los tachones "la UCO ha sido capaz de completar los nombres con total rotundidad". Y añade el escrito que "ninguna explicación ofrece el informe sobre las tareas llevadas a cabo para completar los espacios tachados, pero es evidente que no se aprecia a simple vista". Y apostilla que del contenido de los folios encontrados "no se deriva la comisión de delito alguno, ni guardan relación con Imelsa" -como es conocido también el caso Taula-, por lo que tacha la investigación de "prospectiva".

El abogado expone que con solo esos papeles, la UCO hiló toda una investigación con ramificaciones internacionales pese a que "ni uno solo de los datos expuestos procedentes del informe de la UCO para justificar la incoación de las diligencias previas aparecen, siquiera citados, en los documentos que constituyen el supuesto 'hallazgo', casual o no, obtenido en el registro del despacho de abogados".

En su escrito, la defensa de Zaplana también dispara contra el informe del fiscal Anticorrupción que sirvió para iniciar la investigación, y que se basó en lo aportado por la Guardia Civil. Del informe del fiscal dice que "hace un relato imaginario" que incluye cosas que ni siquiera menciona la UCO.

'Caso Erial'

El expresidente valenciano y exministro de Trabajo fue detenido el pasado 22 de mayo a la salida de su domicilio en València. Según sospechan los investigadores, Zaplana, y los que la Policía considera sus testaferros, Joaquín Barceló y Francisco Grau Jornet, así como el resto de investigados entre los que destacan el exconseller y ex director general de la Policía Juan Cotino; el ex jefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García; su secretaria, Mitsouko Henríquez, y su mujer, Rosa Barceló, están imputados en diferente medida por delitos como cohecho, prevaricación, malversación, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental y de formar una asociación ilícita y un grupo criminal organizado para delinquir.

En el caso Erial se investiga, entre otras actuaciones, el presunto cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 durante la gestión de Zaplana al frente de la Generalitat, y del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, puesto en marcha en 2003.

La Fiscalía Anticorrupción, la magistrada y la Guardia Civil rastreaban el supuesto blanqueo de casi once millones de euros en comisiones ilegales recibidas presuntamente por la adjudicación de los citados contratos públicos.