VALÈNCIA. El expresidente de la Generalitat y exministro del PP Eduardo Zaplana se encuentra con el agua al cuello. El levantamiento parcial del secreto de sumario ha evidenciado que, pese a lo cuidadoso que supuestamente fue no dejando pruebas físicas del presunto blanqueo, la declaración de uno de sus testaferros le ha dejado a los pies de los caballos, o de los investigadores en este caso. Según consta en el sumario al que ha tenido acceso Castellón Plaza, Zaplana habría repatriado 2,3 millones de las cuentas en Uruguay.
Fernando Belhot explicó que administró 7.955.000 euros que fueron ingresados en diferentes etapas, un dinero supuestamente procedente de las mordidas de adjudicaciones a dedo a la familia Cotino. La empresa creada para el blanqueo Disfey abrió una cuenta en Suiza para canalizar el total de los activos y poder manejarlos. En el año 2013 empezó a llegar el dinero desde diferentes sociedades. Así entraron 1,5 millones primero, luego tres, 1.750.000 euros y, por último, 1.705.000, totalizando los 7.955.000 euros que el testaferro explicó que manejaba.
Según la versión de Belhot, esos fondos se comenzaron a administrar "haciendo inversiones en distintos activos financieros" de las que Zaplana era "informado puntualmente", unas tres o cuatro veces por año. Esa rendición de cuentas anual "se hacía de forma verbal porque Zaplana nunca quiso tener constancia por escrito".
Aunque asevera Belhot que Eduardo Zaplana "quería asegurar el dinero principal independientemente de la rentabilidad", también pedía dinero en efectivo procedente de esas cuentas. De hecho el dinero a mover era tal que Belhot abrió una cuenta a su nombre para facilitar la operativa.
Para hacerle llegar el dinero desde Uruguay utilizaban el sistema conocido como de "cambios", consistente en contactar con agentes de cambio que hacían de intermediarios que, gracias a sus contactos por todo el mundo, hacían llegar el dinero a los destinatarios.
En el caso de Zaplana, el 90 por ciento del dinero que recibió, 2.300.000 euros, "lo recibió en Madrid su secretaria Mitsouko [Henríquez]" a quien se lo entregaba "algún contacto con el exterior". También recibieron dinero para Zaplana "algún amigo y el chófer". Como para hacer esta operativa era necesaria una dirección y un número de teléfono, siempre se daba el de Mitsouko.
En los años que Belhot trabajó para Zaplana, el expresidente recibió varias remesas de dinero. La primera fue de 615.000 euros, la segunda de 770.000 y una tercera de 1.040.000 euros, lo que hace un total (con la tasa de cambio) de 2.300.000 euros en siete años. El testaferro no supo decir cómo le entregaba el dinero Mitsouko a Zaplana, pero sí aseguró que cuando éste lo recibía le llamaba para decirle que "todo había sido conforme".
De hecho, llegó un punto en que Zaplana quería tener liquidez, mucha liquidez, llegando a decir que "necesitaba 5.000.000 millones de euros y cambiando su forma de pensar para poder obtener el dinero y tenerlo a mano".
Entre otras cosas, el expresidente se quería someter a una operación en la clínica Anderson de Nueva York que costaba un millón de dólares. También trató de dar un pelotazo para quedarse con el 33 por ciento del puerto de Altea a través de la compra de un crédito que tenía el Banco Sabadell, aunque finalmente y pese a poner 1.800.000 euros a tocateja, el porcentaje del banco se lo acabó llevando otro grupo empresarial por dos millones de euros.
En cuanto al expresidente de la Comunidad de Madrid e íntimo amigo de Zaplana Ignacio González, el testaferro dijo que "Zaplana mostró preocupación y nerviosismo" por el asunto de González (caso Lezo). Al parecer, los expresidentes tenían a medias un negocio vinculado a las energías renovables. Pero cuando estaba a punto de caramelo “se produce la detención de Ignacio González”, filtrándose a su vez que éste quería "canalizar dinero negro·, hecho que "preocupó a Zaplana".
Finalmente, y pese a que aquel negocio era legal a juicio de Belhot, los dos expresidentes han terminado imputados, González en el caso Lezo y Zaplana en la operación Erial. Lo que Eduardo Zaplana jamás se pudo imaginar es que aquel ingeniero financiero que su amigo le presentó, y que le ayudo a traer cerca de tres millones de dinero B, iba a terminar por darle la puntilla con una declaración incendiaria que describe, punto por punto, la mecánica de blanqueo del Molt Honoratble y sus testaferros.
El expresidente valenciano y exministro de Trabajo fue detenido el pasado 22 de mayo a la salida de su domicilio en València. Según sospechan los investigadores, Zaplana, y los que la Policía considera sus testaferros, Joaquín Barceló y Francisco Grau Jornet, así como el resto de investigados entre los que destacan el exconseller y ex director general de la Policía Juan Cotino; el ex jefe de gabinete de Zaplana Juan Francisco García; su secretaria, Mitsouko Henríquez, y su mujer, Rosa Barceló, están implicados en diferente medida en delitos como cohecho, prevaricación, malversación, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental y de formar una asociación ilícita y un grupo criminal organizado para delinquir.
En el caso Erial se investiga, entre otras actuaciones, el presunto cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 durante la gestión de Zaplana al frente de la Generalitat, y del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, puesto en marcha en 2003.
La Fiscalía Anticorrupción, la magistrada y la Guardia Civil rastreaban el supuesto blanqueo de casi once millones de euros en comisiones ilegales recibidas presuntamente por la adjudicación de los citados contratos públicos.