CASTELLÓ. El portavoz y concejal de Vox en el Ayuntamiento de Castelló, Luciano Ferrer, ejercerá a partir de ahora como coordinador supramunicipal de la zona Este, que aglutina las regiones de Murcia, Baleares, Aragón, Cataluña y Comunitat Valenciana. El ascenso del edil, avalado por el presidente nacional, Santiago Abascal, precipitará un cambio en el organigrama de la formación de extrema derecha en la capital de la Plana.
Cristóbal Caballero compaginará la vicesecretaria jurídica con el cargo de coordinador local, como así se expuso en la última asamblea, en la que una parte de la militancia expreso su malestar por la falta de "democracia interna".
Varios afiliados afearon a la presidenta provincial, Llanos Massó, su opacidad respecto a la gestión del partido, e incluso le pidieron su dimisión al "coartar la participación". Las críticas también se centraron en el citado Ferrer, al que reprocharon su apoyo a la declaración institucional aprobada en el último pleno del consistorio para que el Gobierno devuelva los restos de los castellonenses enterrados en el Valle de los Caídos.
Ambos dirigentes, acompañados por los vicesecretarios de comunicación e implantación, Antonio García y Luis Andrés, respectivamente, soportaron las reprobaciones de una parte de los cerca de 50 asistentes. En cada intervención se repitió la idea de que la formación de extrema derecha se ha convertido en un coto privado de Massó en Castellón.
En este contexto, el representante de Vox en el Consejo Municipal de Personas Mayores lamentó la inacción de la Comité Ejecutivo Provincial (CEP) para "impulsar planes de acción en diferentes sitios que permitan cambiar nuestra imagen, porque es muy mala". Del mismo modo, mostró su contrariedad por "el cambio de la cerradura de la sede, sin decir nada a los afiliados y con el desprecio más absoluto a quienes hacíamos turnos para que estuviera abierta".
Otras arengas respondieron a cuestiones como la marcha del secretario provincial, Isaac Sánchez, por discrepancias con la presidenta o la nula correspondencia interna, sin informar de la actividad diaria de la formación. "Ya se no cuenta con nosotros para nada, más allá de exigirnos la cuota mensual de 9 euros", denunciaron algunos simpatizantes.
Castellón Plaza se puso en contacto con el CEP a fin de conocer su versión sobre lo ocurrido, calificando de "residual el malestar" de la asamblea. "Siempre hay alguien que no está de acuerdo con las decisiones, que hay que aclarar no las tomamos nosotros, sino Madrid", precisaron.