CASTELLÓ. La posibilidad de que la Conselleria de Calidad Democrática emita una nuevo informe técnico sobre la cruz de Ribalta como símbolo franquista pone en alerta a Abogados Cristianos. No en vano, la asociación prepara su artillería legal ante la hipotética reactivación del proyecto por parte del Ayuntamiento de Castelló tras perder el litigio en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) el pasado verano.
La presidenta de la asociación, Polonia Castellanos, asegura que los servicios jurídicos manejan varias alternativas en el caso de que el Acord de Fadrell resuelva finalmente retomar el derribo del vestigio franquista en las próximas semanas. Una decisión fundamentada en la ley de Memoria Histórica y amparada en las recomendaciones de los técnicos del órgano consultivo, que ya en 2017 habilitaron al consistorio para proceder a la retirada del monumento. En concreto, por suponer "un punto de concentración para exaltación de la Dictadura en fechas concretas", manifestaron.
"Si el Ayuntamiento vuelve a insistir con la cruz, no solo presentaremos un recurso ante el Contencioso-Administrativo. También pediremos responsabilidades penales y económicas por malgastar el dinero público en algo que consideramos no es prioritario en el actual contexto de pandemia", advierte Castellanos. Incluso, la portavoz del colectivo va más allá y avisa que, al margen de las acciones legales, haremos movilizaciones. La gente empieza a estar cansada de que le arrebaten sus derechos fundamentales".
Abogados Cristianos planteará a los grupos municipales del PP y Vox adherirse a esa campaña de protesta, siempre en sintonía con la Plataforma en defensa de la Cruz del Ribalta, "con la que estamos en contacto, sobre todo con Javier Torres", recuerda la presidenta de la asociación, quien insiste en endurecer la estrategia frente a la pretensión del gobierno municipal de retirar el lábaro. "Sabemos que lo que proponen no responde a lo que piden los ciudadanos. Nadie entenderá que se retire. Por eso, nos empeñaremos mucho en que lo paguen", en referencia al ejecutivo local, compuesto por el PSPV, Compromís y Podem-EUPV.
Según fuentes de la Conselleria, el Ayuntamiento de Castelló estaría valorando reanudar el proyecto de sustitución de la figura de Ribalta, creando en su lugar un nuevo espacio ajardinado, a tenor de la demanda formulada semanas atrás. En efecto, requirió una segunda opinión del citado comité de expertos, que confía en reunirse entre marzo y abril, dependiendo de cuándo lo convoque el director general de Calidad Democrática, José Ignacio Pérez.
El motivo de reclamar otro informe radica, por un lado, en la necesidad de actualizar el contenido del primero y, por otro, en disponer de una herramienta jurídica como paraguas contra futuros litigios. En este sentido, desde el órgano consultivo se insiste en precisar que no existen dudas sobre la naturaleza del símbolo, por lo que creen que el Fadrell debe actuar "cuanto antes". Así lo señalaron al entonces Pacte del Grau en la legislatura pasada, en la que la concejala del área, Verònica Ruiz (Compromís), trató sin fortuna de eliminar la cruz.
Por la reclamación de Abogados Cristianos en el Contencioso-Administrativo, resultó imposible firmar el decreto de ejecución, ya que el juzgado ordenó la suspensión preventiva de la actuación. Esas medidas cautelares acabaron en el TSJCV después de interponer el consistorio la correspondiente apelación. El máximo órgano del poder judicial valenciano terminó dando la razón al Ayuntamiento, lo que despejó el camino para seguir adelante con el proyecto. Sin embargo, discrepancias en el seno del tripartito (entre socialistas y valencianistas) ralentizaron los tiempos, hasta llegar al punto actual.