VALÈNCIA. Los partidos que integran el Botànic II celebrarán desde este jueves hasta el próximo sábado el último Seminari de Govern antes de las elecciones autonómicas de 2023. Un encierro que diferirá de los anteriores por cómo se desarrollará (ya no tendrá lugar durante el fin de semana), pero también por los temas que en él se abordarán. Los consellers de los tres partidos ya no acudirán a esta cita para fijarse una batería de compromisos que cumplir, sino que se centrarán en precisar cómo se elaborarán los presupuestos del ejercicio que viene en sus departamentos en función de los proyectos que tienen en mente.
El nuevo formato quedó pactado hace ya meses, cuando se acordó posponer el seminari al mes de septiembre -estaba previsto que se celebrase en julio-, y ya entonces se reclamó a cada conselleria del Botànic II pensar en tres líneas estratégicas durante el verano que más tarde pudieran volcarse en las cuentas del año que viene. Cada cartera, por tanto, deberá acudir a la cita con los deberes hechos y poner sobre la mesa sus planes de cara a 2023 para así poder estudiar el incremento presupuestario que podría necesitar cada área.
Una nueva metodología que, además, servirá de base para más tarde encarrilar la comisión política de presupuestos en la que los máximos dirigentes de las tres fuerzas que componen el Consell terminen de definir las cuentas del año electoral. El innovador formato, eso sí, preocupa por otra parte en el seno del Botànic, dado que el hecho de no fijarse objetivos dificultará a posteriori la comunicación de los asuntos debatidos en el encuentro, pues a pesar de que en él se hable de los presupuestos, tampoco se podrá ofrecer una cifra concreta del coste que tendrán las políticas a aplicar de aquí a final de legislatura porque las cuentas del año que viene están todavía por elaborar.
Con todo, a los temas que puedan surgir durante el transcurso de este encierro en términos presupuestarios, PSPV, Compromís y Unides Podem también deberán negociar otro de última hora: el de acometer una reforma fiscal en la Comunitat Valenciana dirigida a compensar el impacto de la elevada inflación, tal y como anunció este lunes el president de la Generalitat, Ximo Puig.
La bajada de impuestos ha sido para muchos proclamada de forma precipitada, pues todavía no existe ninguna concreción al respecto. Desde Compromís se considera que responde al deseo de contrarrestar las propuestas del PPCV en la misma materia. De hecho, el propio líder de los populares valencianos, Carlos Mazón, amplió ayer martes su propuesta de rebaja fiscal con una reducción al 10 al 3 % del impuesto de la vivienda a todas las rentas inferiores a 30.000 euros brutos anuales.
Al margen de discurso político, el plan en el que trabaja el Consell pasaría por, entre otras cuestiones, modificar el tramo autonómico del IRPF de manera que permitiera beneficiar a las rentas medias y bajas pero no a las altas. La Conselleria de Hacienda trabaja desde hace un tiempo en una propuesta, pero aún tiene que pactar su diseño con sus socios en el Gobierno.
A pesar de que esta es la única cuestión tributaria que se ha puesto sobre la mesa de forma abierta, podría no ser la única a debatir en el último encierro que celebre el Ejecutivo valenciano. En Compromís, de hecho, temen que los socialistas recuperen uno de sus grandes clásicos en toda negociación presupuestaria: la rebaja del Impuesto de Sucesiones para bonificar a empresas familiares que facturen más de 10 millones de euros.
El temor tiene razón de ser después de que el propio jefe del Consell se comprometiera en público a estudiar una reforma tributaria en este sentido hace apenas un par de meses en el Club Información en Elche ante varios empresarios. En concreto, Puig aseguró que el Botànic estudiaría la posibilidad de eliminar la excepción que impide ahora mismo bonificar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones a este tipo de empresas.
Cabe recordar, así, que el president de la Generalitat ya intentó en la Ley de Medidas Fiscales de años anteriores ampliar la bonificación en la base imponible de estos tributos del 95% al 99% para estos impuestos en el caso de las transmisiones de empresas entre familiares, pero finalmente este quedó limitado a aquellas que facturasen menos de 10 millones de euros al año. Pero ahora, después de este compromiso, en la coalición temen que el PSPV maniobre para rescatar esta pretensión y tratar de hacerla realidad en la Ley de Acompañamiento de 2023.
El fantasma está ahí y en Compromís ya preparan como contrapartida reclamar uno de sus buque insignia: la tasa al azúcar que desde hace años duerme el sueño de los justos en la Conselleria de Hacienda. Un impuesto sobre el que ya se han hecho diferentes informes que han resultado favorables -desde el de la comisión de expertos hasta el de la propia Conselleria de Sanidad que gestiona el PSPV-, pero que el departamento que ahora gestiona Arcadi España mantiene en un cajón ante el fuerte rechazo que genera entre los empresarios.
Las dos, tanto el impuesto de Sucesiones como la tasa del azúcar, son dos reivindicaciones clásicas cuando se acerca el último trimestre del año y los partidos deben sentarse a negociar las cuentas. Sin embargo, en esta ocasión se produce en un contexto de inflación y a las puertas de que arranque la campaña electoral para los comicios autonómicos y municipales de mayo.
A pesar de que todas las cuestiones tributarias se encuentren todavía en fase muy embrionaria según admiten distintas fuentes del Botànic II, una de las que en estos momentos habrá de madurar sí o sí el Botànic II es la anunciada por Puig. Precisamente, por eso mismo: porque el president de la Generalitat ya ha lanzado un compromiso firme de que habrá una bajada de impuestos.
En estos momentos se trabaja en una rebaja del IRPF a las rentas bajas (es el modelo en el que coinciden PSPV, Compromís y Unides Podem), pero no es sencilla de articular. Una de las opciones que se baraja es que se deflacte la tarifa del IRPF. Esto significa adaptar la escala del impuesto de manera que las subidas de sueldo derivadas de la inflación -que no suponen mayor poder adquisitivo puesto que, salvo las pensiones, son inferiores a la subida del IPC- no tengan como resultado pagar más impuestos. Pero esta no es en realidad una bajada del IRPF sino una no subida del impuesto y beneficiaría a todos los tramos.
Lo que sí premiaría solo a las rentas bajas y medias sería elevar los límites a las bonificaciones del tramo autonómico del IRPF. Para beneficiarse de estas bonificaciones hay unos límites por encima de los cuales no se aplican, límites que están entre los 23.000 y los 30.000 euros para las declaraciones individuales y que no se han modificado desde que el Botànic empezó a gobernar en 2015. Esto significa que contribuyentes que en estos siete años han rebasado esos límites debido a la actualización de sus sueldos por la inflación han dejado de beneficiarse a pesar de no haber mejorado su poder adquisitivo.
El Gobierno autonómico recibió en 2021 un informe de la Comisión para la Reforma Tributaria nombrada elaborado por 12 expertos en la materia y que, teóricamente, debía de servir para abordar cualquier reforma fiscal. En el documento constaban propuestas relacionadas con el tramo autonómico del IRPF -el 50% del impuesto- que apenas afectaban a la recaudación. Entre ellas, que el primer tipo marginal sea inferior al 10% para beneficiar a los contribuyentes con menos recursos; que se mantengan los 10 tramos de base liquidable; que el tipo marginal máximo se quede en el 29,50%; que los tramos de base liquidable sean constantes o crecientes; que los aumentos de tipos impositivos se reduzcan al aumentar la base liquidable, y que los contribuyentes con una base liquidable inferior a 40.000 euros soporten una cuota inferior a la que pagan actualmente.
La bajada de tipos, de acuerdo con el informe, iría sobre todo dirigida a las rentas medias y bajas, con mención especial a aquellas con base liquidable general inferior a 10.000 euros. En cuanto a las altas, se daría un incremento sin superar el máximo, lo que supone una subida para los tramos inmediatamente inferiores al más alto.
En el documento figuraban igualmente opciones sobre los otros impuestos que ahora pueden reaparecer en las negociaciones del Botànic. Los expertos planteaban una reordenación de las bonificaciones en Sucesiones y Donaciones sobre la cuota en adquisiciones mortis causa. En concreto, defendían generalizar el porcentaje de bonificación del 75%, que se aplicaría a familiares de los grupos I y II (descendientes y adoptados menores de 21 años, descendientes y adoptados de 21 o más años, cónyuges o pareja de hecho, ascendientes y adoptantes). También a personas con discapacidad y todo ello con el límite máximo fijado en 100.000 euros. Igualmente, apostaban de manera clara por el establecimiento de un impuesto valenciano sobre las bebidas con azúcares añadidos con finalidad extrafiscal para reducir su consumo.